El registrador Hernán Penagos sentó su postura frente al ‘decretazo’ con el que el presidente Gustavo Petro oficializó la consulta popular. Esta mañana, el funcionario del ente electoral, decidió enviar el caso a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ante dos conceptos del Gobierno y del Congreso que se chocan entre sí.El registrador, de quien se estaba a la expectativa de si cumplía o no el decreto, subrayó que se está ante un problema jurídico de gran tamaño, pues son dos ramas del poder chocando en sus posturas. Y es que la Registraduría ha recibido tres oficios, uno del presidente Petro, otro del Senado -indicando que su plenaria sí votó la consulta y la negó- y otro del ministro Armando Benedetti, quien envió el decreto con el que el Gobierno Nacional oficializó el decreto con el que se convoca a la ciudadanía para el próximo 7 de agosto, por una supuesta excepción de inconstitucionalidad a la votación del Senado.La discusión viene desde el 14 de mayo pasado, cuando la Sala Plena del Senado negó por 49 votos contra 47, la iniciativa de consulta en la que el Gobierno busca preguntarle a la ciudadanía sobre asuntos laborales. Para el Ejecutivo, ese día se cerró irregularmente la votación y no alcanzaron a votar un par de senadores; pero para el presidente del Senado, Efraín Cepeda, todo se llevó en debida forma.El punto crucial es que, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015, para que se convoque a una consulta popular se requiere del aval del Senado, que en este caso no ocurrió. No obstante, el presidente Petro declaró la excepción de inconstitucionalidad, resaltando que hubo vicios en esa votación del plenario, y abrió paso a su propósito de convocar a la ciudadanía.Su decisión generó todo tipo de reacciones. De hecho, en la Sección Quinta hay más de ocho demandas en contra del ‘decretazo’, mientras que en la Primera hay cerca de 30. Hernán Penagos se refirió a una de ellas, que ya fue admitida por la Sección Quinta, la cual se aceptó al encontrar que existe un acto administrativo, que es definitivo y que es de contenido electoral. A la par, ese alto tribunal tendrá que definir si suspende la consulta de manera cautelar, mientras examina de fondo el caso.Registrador Hernán Penagos, en rueda de prensa sobre la consulta popular. Foto:Registraduría Nacional de ColombiaLa Procuraduría, por su parte, ya emitió su concepto indicando que por el momento no ve la necesidad de la suspensión porque no hay discusión que dar ante la votación que dio el Senado. Sin embargo, Penagos concluyó que mientras se resuelve la demanda, ante dos opiniones divergentes lo que procede es enviar el caso a la Sala de Consulta y Servicio Civil, que tendrá que pronunciarse.¿Qué es la Sala de Consulta del Consejo de Estado?El exconsejero William Hernández le dijo a EL TIEMPO que “la Sala de Consulta y Servicio Civil es un órgano compuesto por cuatro magistrados, que emite sus conceptos cuando entidades estatales se los solicitan”. Esas consultas, según el jurista, las resuelven entre ocho a 15 días bajo reserva, “la cual solamente la levanta el Ejecutivo cuando ya considera que es suficiente”. Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetAdemás, recalcó que esos conceptos no son vinculantes, simplemente son una orientación y un apoyo, por lo que no tienen funciones judiciales. “Eso viene desde la tradición francesa con Napoleón, que luego se trae a Colombia con el concepto de Consejo de Estado, que son consejeros. Ya en ese alto tribunal se diferencian muy bien entre la de consulta y la que define los juicios”, recalcó el exconsejero.Actualmente, la Sala está compuesta por las magistradas María Del Pilar Bahamón Falla, su presidenta, Ana María Charry Gaitán, John Jairo Morales Alzate y Juan Manuel Laverde Álvarez. Ellos son quienes tendrán que pronunciarse sobre el pedido de Hernán Penagos. Por sorteo, la tarea de ser ponentes llegará a uno de los togados en las próximas horas.El presidente Gustavo Petro. Foto:Infopresidencia – Redes socialesCarlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
