El pasado 3 de octubre, la senadora Paloma Valencia Laserna, autora de la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional que estudia la Corte y que mantiene suspendida su entrada en vigencia, radicó una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal por contratos que suscribió con la estatal Colpensiones para conceptuar jurídicamente sobre la norma.Citando sus facultades legales como demandante para solicitar que un magistrado se aparte del debate por alguna de las causales de inhabilidad, la senadora recusó al magistrado Carvajal por “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.Cámara de representantes entregó a la Corte Constitucional las actas de las sesiones extras. Foto:Archivo”La causal ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’ prevé como impedimento el que un magistrado se haya pronunciado sobre la materia objeto de debate y tiene como finalidad evitar que el funcionario que haya prefijado conceptos en relación con la constitucionalidad de la norma, dentro o fuera del proceso, lo resuelva, para que así se garantice su imparcialidad en la decisión”, explica la congresista. Para ella, esta prohibición de opinar sobre la legalidad del asunto a discutir se rompió cuando el entonces jurista Héctor Carvajal fue contratado para asesorar a Colpensiones, entidad que intervino en el trámite legislativo de la norma y que será la encargada de implementar la reforma pensional. En meses pasados, EL TIEMPO había revelado los contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales también anexa la senadora en su recusación. El primero fue el contrato 070 del 29 de mayo de 2024, en virtud del cual el contratista se obligó a “asesorar y resolver las consultas y conceptos jurídicos que, en materia de Derecho Administrativo con énfasis en Gestión Pública, le sean solicitados por el supervisor de la contratación”.”Héctor Carvajal presentó concepto ante Colpensiones sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 y formuló una consulta/concepto legal sobre la contestación de la demanda de inconstitucionalidad de la misma norma, tal como se evidencia en el informe de supervisión para la terminación del contrato, suscrito por Jorge Eliécer Morales Acuña, supervisor del contrato y jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales”, detalló Valencia. Procuraduría envía su concepto sobre las actas de las sesiones extras que subsanaron la reforma. Foto:Archivo ParticularEn febrero de este año, según la senadora, Carvajal suscribió otro contrato específicamente para asesorar y resolver consultas y conceptos jurídicos sobre las inquietudes relacionadas con la aplicación en procesos judiciales de la posibilidad de traslado establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.No obstante estos compromisos, el magistrado Carvajal no se declaró impedido, razón por la que a la Sala Plena le corresponderá decidir sobre la solicitud de la autora de la demanda. En simultáneo, la Sala también discutirá una recusación contra el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, por supuestos sesgos políticos. Además, el recién posesionado magistrado Carlos Camargo presentó la semana pasada su impedimento para votar sobre estas dos recusaciones y una solicitud de aclaración al auto 841, con el que se devolvió la reforma pensional al Congreso para subsanar el vicio de trámite en la debida deliberación.Este es el ajedrez actual en la Corte, enmarcado por las aseveraciones del presidente de la República, quien el viernes pasado, en un evento público en Ibagué, se refirió al tema y aseguró “el magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”.“Un magistrado que prejuicia ideológicamente, lo cual prohíbe la Constitución, tiene trancada la reforma pensional (…). El que no quiere ayudar a los viejos será derrotado, ojalá. Y ojalá el Congreso de la República recupere su función, que no es la de ayudar con el dinero público las ganancias codiciosas de una minoría, incluida la de algunos senadores, sino la de ayudar a que Colombia construya un Estado Social de Derecho”, señaló.Según fuentes del alto tribunal consultadas por EL TIEMPO, en la Sala Plena ya se están acomodando las fuerzas de cara al aval de un tema que ha sido la bandera política del Gobierno Petro. Esto, pese a los vicios señalados por congresistas como Katherine Miranda, quien denunció que la plenaria de la Cámara habría incurrido en irregularidades -como la falta de quorum decisorio- durante los debates del 27 y 28 de junio, cuando se citó a extras para corregir los fallos procedimentales.Pero también con el concepto de la Procuraduría de Gregorio Eljach que sostiene la legalidad de los deliberaciones.EE. UU. acusó al presidente Petro de “retórica incendiaria” Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia