El 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el perfilamiento y la persecución contra los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una organización que brinda asesoría jurídica a víctimas de crímenes de Estado. Durante el evento, el presidente Gustavo Petro firmó y anunció el decreto con el que desclasifica “desde ahora” los archivos del DAS.”Decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional y que éramos sus agentes”, dijo en el acto de reconocimiento Eduardo Carreño Wilches, cofundador de la organización que, un año largo después de la sentencia internacional, recibió el ‘mea culpa’ de la Nación. Estado colombiano reconoce su responsabilidad por la persecución al Colectivo de Abogados Cajar Foto:ArchivoEl caso llegó a instancias del Sistema Interamericano por el hostigamiento y la vigilancia sistemática ejercida por el país, a través de sus agencias de inteligencia —entre ellas el extinto DAS—, desde la década de 1990 contra los defensores de derechos humanos y sus familias.En 2011, esta entidad fue desmantelada tras el escándalo de las ‘chuzadas’ que estalló durante el segundo gobierno de Uribe, incluso dirigidas contra magistrados de las altas Cortes y miembros de la oposición.Con estos seguimientos ilegales, la Corte IDH concluyó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a la honra, a las garantías judiciales, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia.Este fallo es el primero del tribunal internacional que determina la responsabilidad del país en los seguimientos ilegales en contra de una organización de derechos humanos y le ordena adoptar un paquete de 16 medidas de reparación integral. Una de estas exigía la depuración de los archivos de inteligencia, a fin de garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la información y a los datos que las involucren. Un debate que persiste hasta hoy, pues los expedientes del antiguo DAS siguen clasificados bajo reserva.En el acto público de reconocimiento, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el defensor de derechos humanos y cofundador de Cajar, Rafael Barrios Mendivil, aseguró que “la mayoría de las 16 órdenes de la Corte IDH en la sentencia Colombia vs. Cajar están incumplidas”.”La importancia de esta sentencia radica, entre otras cosas, en la subordinación del poder militar al poder civil en un Estado social de derecho. La ley de inteligencia y contrainteligencia debe adecuarse a los estándares internacionales, de manera que el control judicial se ejerza sobre las técnicas o acciones de vigilancia de personas y el almacenamiento de datos”, agregó.Al evento también asistió la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.Estado colombiano reconoce su responsabilidad por la persecución al Colectivo de Abogados Cajar Foto:Archivop“El Ministerio de Defensa Nacional adoptó el pasado 11 de septiembre de 2025 la Resolución 00562, un paso significativo que traduce en hechos el compromiso del Estado con las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este acto administrativo busca asegurar que las funciones de inteligencia y contrainteligencia estén alineadas con el derecho de las personas a conocer la verdad”, señaló el general en retiro, al exponer los cambios adoptados por el Estado colombiano frente a las 16 medidas contenidas en la sentencia de la Corte IDH, con el fin de evitar que un hecho similar (la persecución en contra de una organización social) se repita.Por su parte, la fiscal Camargo reconoció que la “Fiscalía General de la Nación tuvo influencia decisiva en la vulneración de los derechos del colectivo. En particular, en las garantías judiciales y la protección judicial efectiva que, sin duda, tuvo que ver en esta larga cadena de victimización de la que da cuenta la sentencia de la Corte IDH”. La cabeza del ente acusador también expuso los cambios que se han adelantado para garantizar la no repetición, priorizando un enfoque de derechos humanos y avanzando en la depuración de los archivos de inteligencia, con el fin de fortalecer el análisis de la información y la verificación de los crímenes cometidos contra el colectivo.El presidente Gustavo Petro cerró el acto de perdón público. El primer mandatario, quien tenía que pedir perdón a nombre del Estado pero habló de una ‘paradoja’. “Yo tengo que pedirles disculpas a ustedes a nombre de una serie de personas que también me hicieron víctima a mí”.Tras la polémica intervención, víctimas del colectivo presentes en el evento le pidieron “respeto” por la causa que se estaba reivindicando. El presidente respondió que él “habla con el corazón”.Intervención del presidente Gustavo Petro Foto:ArchivoPosteriormente, el Presidente reencausó el discurso y habló sobre la estigmatización del sindicalismo y la “normalización” de la violación de los derechos humanos. “Este es un país donde se asesinó premeditadamente a los defensores de derechos humanos (…) Los culpables del genocidio en Colombia no están pidiendo disculpas y yo no puedo decir esa mentira a nombre mío o del Estado”, dijo el jefe de Estado.Y agregó: “A nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia”, asegurando que iniciaba desde ya la desclasificación de los archivos del DAS.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia