El deterioro del orden público en distintas regiones del país, evidenciado en el aumento de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, extorsiones y asesinatos selectivos, estaría estrechamente vinculado con la expansión y el crecimiento del número de integrantes de los grupos armados ilegales que se ha dado en el transcurso de este gobierno.Información de inteligencia conocida por EL TIEMPO, revela que entre 2022 y el segundo semestre de 2025 el incremento fue de 10.158. La cifra representa un crecimiento del 67 por ciento en tres años, lo que consolida una de las expansiones más significativas desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El incremento analizado se dio en el marco de la política de “paz total”, una estrategia gubernamental que busca la negociación simultánea con grupos insurgentes y estructuras armadas ilegales. Los reportes oficiales muestran que, mientras avanzaban los acercamientos con organizaciones como el Eln y las disidencias de las Farc, estos grupos continuaron ampliando su pie de fuerza y extendiendo su presencia territorial.Las cifras conocidas en exclusivas por EL TIEMPO indican que el Eln, en este período, pasó de 4.099 integrantes en 2022 a 6.450 en 2025. En paralelo, el ‘clan del Golfo, se incrementó de 4.061 a 8.945 miembros, consolidándose como la organización ilegal más numerosa del país.El presidente Petro en la reunión sobre los juegos panamericanos. Foto:PresidenciaLas disidencias de las Farc fragmentadas en varias estructuras (‘Iván Mordisco’, ‘Segunda Marquetalia’, Calarcá), alcanzaron en conjunto más de 9.000 combatientes, evidenciando una recomposición interna que ha fortalecido su capacidad militar y territorial.Este aumento no solo refleja la persistencia del conflicto armado, sino también la expansión de las economías ilegales que sostienen a estas organizaciones, entre ellas el narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión y el contrabando.La concentración de sus operaciones se mantiene en regiones con débil presencia institucional como el Pacífico nariñense, el Catatumbo, zonas de Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y Arauca, zonas donde la disputa por corredores estratégicos ha intensificado los enfrentamientos y desplazamientos masivos.Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto:César Melgarejo.Antes del gobierno PetroEl comportamiento de las cifras contrasta con la caída observada entre 2016 y 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, registrando 10.653. Sin embargo, en 2018 se comenzó a observar una subida en los integrantes de los grupos armados hasta alcanzar los 12.883 en 2018. En 2019, la curva se ubicó en 13.714, y en 2020 y 2021, en plena pandemia, el número de armados bajó levemente, llegando a 13.590 y 13.180, respectivamente.Ya para el 2022, durante el inicio del mandato del presidente Petro los grupos armados tenían 15.120 integrantes, en 2023 se pasó a 18.334, luego el conteo de junio de 2024 ubicó el número de integrantes a 20.489 y en diciembre 2024-enero 2025, los grupos alcanzaron los 21.958 integrantes. Ya en el segundo semestre de 2025 se ubican en 25.278.En un primer informe, EL TIEMPO reveló que pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública, la amenaza “del enemigo”, en efecto, se ha incrementado, lo que equivale al 15 %, lo que refleja que más hombres están involucrados en acciones hostiles y actividades criminales en todo el territorio nacional.Grupos armados. Foto:CortesíaFrente al tema, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “la capacidad de recuperación criminal violenta de estos grupos se debe a las finanzas criminales, a las economías criminales”.Según su diagnóstico, la minería ilegal y el narcotráfico continúan siendo las principales fuentes de financiación de las estructuras armadas, lo que les permite mantener su capacidad operativa y de reclutamiento.Sánchez advirtió que, más allá del componente delictivo, “detrás de la minería ilegal hay un problema también social, un problema económico”, pues las organizaciones están “utilizando a la población para volcarla en contra de la fuerza pública”. A su criterio, esta situación ha generado obstáculos en las operaciones de control y presencia del Estado en zonas donde las economías ilegales se han consolidado como la principal fuente de subsistencia.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: