En la plenaria de la Cámara de Representantes llevó a cabo este miércoles la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de cuestionamientos sobre las muertes de 12 menores durante combates y bombardeos dirigidos a estructuras de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Amazonas, Guaviare y Arauca.La sesión, además, abrió espacio a interrogantes sobre las versiones del presunto nexo entre el general Juan Miguel Hurtas con miembros de la estructura de alias Calarcá, un señalamiento que generó nuevas discusiones sobre la capacidad de control del Estado en zonas de confrontación.Al inicio del debate, tomó fuerza la intervención de la representante Katherine Miranda, quien puso en escena cifras sobre el impacto de la confrontación en la Fuerza Pública. Según expuso, entre enero y octubre de este año 153 uniformados fueron asesinados en distintos hechos y otros 527 fueron secuestrados en el mismo periodo, lo que situó la discusión en el alcance de las estrategias ofensivas y en la exposición del personal bajo la actual dinámica de operaciones.Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto:Sebastián Arango EL TIEMPOEn otro momento de la sesión, la representante Katherine Juvinao centró sus planteamientos en la focalización de los bombardeos. Planteó que, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las operaciones aéreas se han dirigido exclusivamente contra estructuras asociadas a alias Mordisco. Su intervención se enfocó en el contraste que, a su juicio, existe entre ese despliegue operativo y la ausencia de acciones similares contra el grupo de alias Calarcá, y solicitó explicaciones sobre los criterios que determinan los objetivos militares.Posteriormente, Juvinao cuestionó la postura presidencial frente al uso de bombardeos como mecanismo para frenar el reclutamiento de menores. Señaló que, con base en reportes de organizaciones y documentos oficiales, 54 menores han muerto en operaciones de este tipo durante el actual Gobierno. También afirmó que existen al menos cinco bombardeos adicionales sobre los cuales no se cuenta con información pública sobre víctimas, por lo que planteó dudas sobre la posibilidad de que haya más casos no conocidos.Vista de la plenaria de la Cámara de Representantes. Foto:CortesíaEntre tanto, la representante Jennifer Pedraza recordó que, cuando el Gobierno de Iván Duque ordenó un bombardeo en el que murieron menores de edad, se le pidió la renuncia al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. “Resulta llamativo que, mientras en ese momento hubo indignación pública, hoy algunos sectores intenten minimizar hechos similares”, dijo la congresista, quien afirmó que se trata de niños y niñas a quienes el Estado colombiano “les ha fallado” y advirtió sobre el riesgo de que se normalicen estas situaciones.Pedraza además señaló que la información entregada por el Gobierno sobre el reclutamiento forzado de menores “presenta inconsistencias”, al advertir que este año se han registrado más de 625 casos; es decir, un número superior a los 423 reportados el año pasado y a los 226 registrados antes del inicio de la actual administración. Foto:Juan Manuel Vargas / EL TIEMPOPor su parte, el representante José Jaime Uscátegui mencionó el escándalo por las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc, especialmente del grupo de alias Calarcá, en instancias del Gobierno. En su intervención sostuvo que en esos hechos habría tenido participación el general Huertas. En otro apartado del debate, la representante Martha Alfonso afirmó que la decisión de respaldar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue compleja para ella, al considerar que desde la llegada del funcionario al cargo se han implementado estrategias de inteligencia orientadas a desarrollar operaciones con mayor precisión y con el objetivo de evitar afectaciones a la población civil.A su vez, la representante Carolina Giraldo solicitó al Gobierno fortalecer la fiscalización frente al reclutamiento de menores que se estaría realizando a través de redes sociales y sostuvo que es necesario “comprender qué ocurre con los jóvenes que ingresan a ciclos de violencia que comienzan en ámbitos cotidianos y familiares, luego escalan a dinámicas comunitarias y barriales, y posteriormente terminan vinculándolos con estructuras de crimen organizado”. A su juicio, este fenómeno requiere una revisión profunda en el país.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: