El decreto de emergencia económica, un mecanismo que le permite al Presidente expedir impuestos con fuerza de ley para atender hechos sobrevinientes, el resto del año pasaría a control automático de la Corte Constitucional, que evaluaría el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, en un hecho que desde diferentes sectores políticos han calificado como una ‘jugadita’ del Ejecutivo, el estado de excepción se expidió durante la vacancia judicial, un periodo en el que buena parte de la Rama está por fuera de funciones.Desde el pasado 19 de diciembre y hasta el 13 de enero, el sistema de la Corte Constitucional permanece bloqueado para evitar que corran términos en los expedientes. Así lo prevé el artículo 1 de la Ley 31 de 1971, que establece que los servidores judiciales no trabajarán domingos, festivos, días cívicos ni, de manera colectiva, entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente.Presidente Gustavo Petro y ministros Benedetti y Ávila. Foto:PresidenciaLa regla tiene excepciones: la JEP, el Consejo Superior de la Judicatura, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.Romper con esta regla, en un hecho inédito por el carácter “abiertamente inconstitucional” del decreto de emergencia económica —como lo han calificado juristas y gremios—, abrió otro debate. La posibilidad de una sesión extraordinaria de la Corte Constitucional e, incluso, de un control previo de la directriz presidencial que permita suspender sus efectos —principalmente el recaudo de los impuestos derivados del decreto madre— dividió las aguas. Constitucionalistas como Ramiro Bejarano y expertos como Humberto de la Calle plantean que hacerlo sería “contrarrestar una arbitrariedad del Ejecutivo con una arbitrariedad de la Corte”. “Ninguna Corte puede decidir en vacancia judicial, incluida la Corte Constitucional. La Constitución solo autoriza al Congreso a reunirse por fuera de sus periodos. Una arbitrariedad del Gobierno no puede combatirse con otra arbitrariedad de la rama judicial. Eso sería un precedente peligroso que violaría la Constitución y derechos fundamentales”, aseguró Bejarano.Decreto Petro emergencia económica Foto:PresidenciaUn concepto jurídico que comparte De la Calle, quien señaló: “Creo que la emergencia económica anunciada viola la Constitución. Comparto el cúmulo de opiniones conocidas, que no voy a repetir. En cambio, no me parece buena idea interrumpir la vacancia en la Corte para resolver. Se dice que la vigencia de los decretos produce efectos irreversibles, pero no está claro cuáles serían. Si el impuesto de patrimonio se cae en los términos habituales, queda sin efecto. El 5 x 1.000 se puede devolver. En cambio, una acción tan precipitada afecta su propia legitimidad. No hay que olvidar que ahora existe la posibilidad de la suspensión provisional. Precipitar una decisión en vacancia, sin necesidad evidente, facilitaría la nefasta costumbre de Petro de atacar a la Corte. Nada pasa si esto lo asume la Corte tranquilamente el 13 de enero”.Desde las 10:00 de la mañana de este martes 23 de diciembre, la Sala Plena está reunida virtualmente para decidir si, por primera vez en la historia, citará a una sesión extraordinaria, con toda la carga burocrática que esto amerita: solicitar el permiso del Consejo Superior de la Judicatura, reactivar los trabajadores de los despachos y el sistema digital. EL TIEMPO conoció que al menos cuatro magistrados estarían de acuerdo en sentar un precedente frente a “decisiones arbitrarias de uno de los poderes públicos”, en una temporada en la que los contrapesos están desbalanceados. La premura, en este caso, obedece a la aplicación inmediata de los decretos en el recaudo de impuestos previamente hundidos por el Congreso. Sin embargo, en la Corte se preguntan qué pasaría si el Ejecutivo decreta, durante la vacancia, por ejemplo, un estado de guerra exterior, abriendo la puerta para que el alto tribunal intervenga en este tipo de situaciones excepcionales.Buscando nuevas medidas para atacar el narcotráfico Foto:Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia