La discusión sobre el tráfico de coltán en Colombia volvió a instalarse en la agenda pública tras un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien vinculó ese negocio con estructuras armadas, en particular con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y compradores extranjeros. El mandatario afirmó, a mediados de noviembre pasado, que Alirio Zárate, alias el Runcho, era una pieza clave “con los compradores extranjeros del coltán colombiano”.La frase introdujo uno de los hilos centrales del problema. El mineral aparece en zonas donde delinquen grupos armados y entra y sale del territorio sin que exista un registro de explotación legal reportado por la autoridad minera. En la Orinoquia, el Ejército ha ubicado, a lo largo de los meses, áreas que funcionan como soporte logístico para el tráfico del también conocido como el “oro negro”.En esa región confluyen diversos actores armados que se han “adueñado” del territorio para delinquir, pese a los controles que han derivado en la incautación de 100.970 kilos de este mineral en lo que va de 2025. En 2024, la cifra alcanzó los 160.161 kilos.Uno de los camiones en el que se movilizaba el coltán. Foto:CortesíaEl coronel Roberto Contreras Félix, comandante de la Vigésima Octava Brigada del Ejército, explicó a EL TIEMPO que en 2024 y lo corrido de este año han estado marcados por operaciones continuas contra la explotación ilegal. En ese contexto, describió un esquema en el que tres estructuras armadas aparecen como los principales articuladores del tráfico de este material.Las estructuras 39 ‘Arcesio Niño’ y 44 ‘Antonio Ricaurte’, pertenecientes a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, son las que, según las autoridades, llevan más años involucradas en este delito. A ese escenario se suma el grupo ‘Acacio Medina’, bajo el mando de alias Jhon 40, señalado como figura financiera de la ‘Segunda Marquetalia’, que también entró en la disputa. De acuerdo con la autoridad militar, estas estructuras controlan campamentos mineros, compran material a mineros informales y aseguran corredores fluviales que conectan con Venezuela.Los campamentos ubicados a ambos lados de la frontera, según reportes operacionales citados por la Brigada, no funcionan únicamente como puntos de extracción. En esas áreas se concentra el material para su movilización, se realiza la clasificación y se consolidan cargamentos en volúmenes que permiten el transporte por río y carretera.Las rutas fluvialesEl mapa de rutas construido por la Brigada identifica puntos de embarque y corredores de salida asociados al control armado. La trazabilidad operativa descrita por el Ejército parte del río Inírida, incorpora el río Guaviare y se extiende por afluentes ubicados entre Mapiripana y Barrancominas. En ese circuito, los ríos funcionan como carreteras, con puntos de cruce, acopio y embarque.La lógica de control territorial se concentra en dominar los pasos donde la carga cambia de manos y de embarcaciones. En ese mismo esquema, el lado venezolano aparece como el inicio del corredor, según reportes del Ejército.Las labores de inteligencia identificaron un cambio relevante hacia 2025, con la entrada de un nuevo actor armado. Se trata del frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del Eln, que inició una disputa por los yacimientos con la ‘Segunda Marquetalia’ y las disidencias de ‘Mordisco’, elevando la tensión en sectores del Inírida y en áreas fronterizas.Incautación de coltán. Foto:Cortesía“El control por el coltán pasa por el dominio de rutas y tramos fluviales donde se define quién cobra, quién transporta y quién decide el destino del cargamento. La disputa se da en Medio y Alto Inírida, Caño Bocón, Caño Paujil y el corredor Mapiripana-Barrancominas. Estos puntos aparecen como nodos donde se consolida el mineral y donde se hace más visible la competencia entre estructuras”, dijo una fuente a este diario.El negocio, según la información recopilada, se sostiene bajo una lógica de rentabilidad basada en el volumen. El kilo de coltán se paga, en promedio, a 850.000 pesos, por debajo de otros valores ilegales, como los 6,5 millones por kilo de cocaína o los dos millones por kilo de marihuana. La diferencia aparece al pasar del kilo a la escala real del transporte.Una tractomula puede mover hasta 40 toneladas y las incautaciones más grandes han alcanzado las 70 toneladas. Bajo ese esquema, la economía ilegal se apalanca en la capacidad de movilizar grandes volúmenes, sostener bodegas, pagar protección armada en rutas fluviales y asegurar la salida por puertos donde el material cambia de identidad.Iván Mordisco Foto:Iván MordiscoEl recorrido descrito en los reportes parte, en su mayoría, de minas artesanales o campamentos controlados por los grupos disidentes en Guainía y de puntos ubicados en territorio venezolano. Desde allí, el mineral se transporta en canoas y embarcaciones pequeñas por los ríos Inírida, Guaviare y Orinoco, cruzando pasos entre Puerto Ayacucho, San Fernando de Atabapo y el estado Amazonas.Una vez en Colombia, el cargamento se desplaza por rutas terrestres hacia Vichada y Meta. En esa cadena aparece un corredor específico identificado como la Ruta 38, entre Cumaribo y Villavicencio, señalado como uno de los trayectos donde se han realizado incautaciones. De hecho, recientemente se decomisaron 19 toneladas, valoradas en cerca de siete millones de dólares.El paso de lo fluvial a lo terrestre implica una segunda fase de control y riesgo para las redes ilegales. En los ríos, la fragmentación del transporte permite dividir las cargas y moverlas en embarcaciones pequeñas. En carretera, la lógica cambia: el cargamento se consolida en un solo vehículo, lo que obliga a utilizar rutas con control armado, puntos de paso definidos y operadores capaces de justificar la carga.El Eln también está detrás del tráfico de este mineral. Foto:Archivo particularUna vez completada esa fase, el mineral es llevado a bodegas donde se mezcla con otros minerales para modificar su apariencia. Esta práctica facilita el “reetiquetado” y abre la puerta a la reclasificación y posterior traslado a los puertos de Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, donde se utilizan más de cuarenta códigos aduaneros para clasificar el material como ferro-tantalio u otros compuestos procesados.“Esa multiplicidad de códigos cumple una función práctica. Dispersa el rastro, fragmenta la trazabilidad y permite que el material salga como producto transformado, con menos preguntas sobre el origen”, reveló una fuente.La ruta internacional se completa cuando el mineral llega a mercados de Europa y Asia, donde el tantalio y el niobio se usan en la industria tecnológica, en especial en condensadores, baterías y componentes de telecomunicaciones. En el relato de la cadena, ese destino final depende de un punto intermedio decisivo. La ausencia de documentos de procedencia y la fragmentación de intermediarios facilitan que el coltán extraído en zonas con presencia armada ingrese a la cadena global como un producto procesado y legalmente exportado. “El salto entre selva y comercio internacional se da en el punto donde el material cambia de nombre y de clasificación, no necesariamente de origen”, explicó el informante.Maquinaria destruida. Foto:Cortesía¿Hay titulación?En paralelo a la dimensión armada y logística, la Agencia Nacional de Minería señaló a este diario que el Sistema Integrado de Anna Minería no identifica el coltán como un mineral asociado a un título minero otorgado. La entidad explicó que en la Orinoquia, en áreas de Guainía, Vaupés y Vichada, sí existen títulos con diferentes minerales, incluidos “minerales de niobio, tantalio y sus concentrados”, además de hierro, cobre, manganeso, titanio, circonio, plomo, zinc, estaño, cromo, cobalto, wolframio y molibdeno, entre otros.En ese contexto, el coltán no aparece como tal en los objetos contractuales, ya que se trata de una combinación de columbita y tantalita, de donde se extraen tantalio y niobio.La Agencia precisó que, aunque el nombre coltán no figure, los títulos pueden solicitar adiciones de mineral conforme a la ley, dependiendo de los minerales presentes en las zonas tituladas.Una zona de la Orinoquía de Colombia. Foto:CAREn la Orinoquia, el objeto contractual de los títulos no se relaciona con el coltán y, además, en áreas de reserva natural no se pueden adelantar actividades mineras. Bajo ese marco, la ANM reportó que en la plataforma Anna Minería hay 16 títulos mineros en Guainía, Vaupés y Vichada. Su estado jurídico figura como “activo”, pero la entidad aclaró que no pueden adelantar actividades de explotación porque no cuentan con los permisos técnicos requeridos.Ese bloqueo técnico se resume en dos requisitos. Para adelantar cualquier actividad minera se debe contar con el Programa de Trabajos y Obras (PTO), aprobado por la ANM, y con el permiso ambiental otorgado por la autoridad competente. La Agencia indicó que los títulos activos no tienen estos instrumentos habilitantes, por lo que no existe explotación legal en esos puntos.El segundo límite institucional se refiere a las cifras de producción. En el área de jurisdicción de la Orinoquia, en los títulos otorgados por la Agencia, “no pueden adelantar actividades de explotación de coltán”, razón por la cual “no se tiene dato de la producción legal de dicho mineral”. En la práctica, esto evidencia una brecha entre el plano operativo y el administrativo que impide dimensionar el tamaño real del flujo de este mineral.Se han realizado varias operaciones. Foto:CortesíaOperativos en la selvaEn los últimos años, los operativos desplegados por las autoridades han incluido la destrucción de maquinaria pesada, motores, clasificadoras y dragas, así como la neutralización de campamentos dedicados a la producción de mineral concentrado y la incautación de insumos utilizados para su tratamiento. “Cada elemento destruido o incautado responde a una fase de la cadena. Las dragas y la maquinaria permiten la remoción y extracción; las clasificadoras concentran el mineral; los motores sostienen la movilidad en zonas fluviales, y los insumos permiten el tratamiento previo al acopio”, explicó un agente que participó en una de las operaciones.Estos despliegues se ejecutaron con apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea, que aportan control fluvial y vigilancia; la Policía y la Fiscalía, que adelantan procesos de judicialización y cadena de custodia, y las autoridades ambientales, que intervienen cuando la explotación ocurre en áreas con restricciones.Las autoridades insisten en que el control de los ríos define la capacidad de mover el mineral en tramos cortos y medianos, mientras que el control terrestre resulta determinante cuando el cargamento avanza hacia los corredores viales del Meta y el Vichada.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoLas condenas por tráfico ilícitoLa Fiscalía General ha concentrado los casos de explotación ilícita de coltán primordialmente en su Dirección contra los Recursos Naturales, que actualmente adelanta siete indagaciones preliminares en diferentes regiones del país. Los casos están regados en despachos de Armenia, Bogotá, El Retorno, Inírida, Leticia, Puerto Carreño y Puerto Colombia. Para llegar a los grupos ilegales detrás de este negocio, el ente acusador se ha apoyado en entidades como la Sijín de la Policía, la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano. Ese trabajo mancomunado ha permitido llegar a dos sentencias claves por explotación y comercialización ilícita de coltán. La primera fue por los delitos de concierto para delinquir, receptación, cohecho por dar u ofrecer, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. La decisión fue proferida por el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá el pasado 28 de julio. En el segundo fallo condenatorio, los procesados aceptaron los cinco cargos ante el Juzgado Sexto Especializado de la capital del país. No obstante, lo que hay en la Dirección contra los Recursos Naturales no es el universo completo de casos por explotación de coltán, ya que en la Delegada contra la Seguridad Territorial también se estudian estos delitos contra el medioambiente.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: