El Gobierno de Gustavo Petro debe decidir sobre el futuro de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’. Mientras se mantienen acercamientos exploratorios para un eventual proceso de paz urbana con esta estructura delincuencial, el Ministerio de Justicia debe resolver, antes de que finalice el mes, la apelación presentada contra la decisión que avala su extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.La extradición fue autorizada mediante la Resolución 440 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. En ese documento se establece que Marín Silva deberá responder ante la justicia estadounidense por los cargos contenidos en la acusación del 11 de septiembre de 2024, que lo señala como parte de una red dedicada al envío de cocaína hacia territorio norteamericano. La Corte Suprema de Justicia ya había dado su aval a la extradición, al considerar probados los nexos de ‘Pipe Tuluá’ con carteles mexicanos y colombianos para el tráfico internacional de drogas.Sin embargo, casi en paralelo a esa decisión, el Gobierno expidió otra resolución en la que se autorizan acercamientos con ‘La Inmaculada’ en el marco de la política de ‘paz total’, lo que abrió un nuevo frente jurídico y político. A partir de ese cruce de decisiones, la defensa del capo, recluido en la estación de Policía de Los Mártires en Bogotá, interpuso un recurso de reposición y apelación con el objetivo de frenar su envío a Estados Unidos y permitir que permanezca en Colombia para participar en un eventual proceso de diálogo.Pipe Tuluá Foto:Pipe TuluáAngélica Silva, abogada del equipo de defensa de Marín Silva, aseguró que la prioridad debería ser el proceso de paz. “Para mí es más importante lo del proceso de paz porque el Gobierno ahí se está comprometiendo con las víctimas. Es decir, las víctimas del conflicto urbano de ‘La Inmaculada’ no van a ser revictimizadas por el Estado al no permitir que conozcan la verdad que el señor Andrés Felipe Marín Silva tenga por contar”, dijo.Según la defensora, “no hay ninguna mesa en el país en la que su líder, su cabecilla o jefe no estén presentes”, y afirmó que sí existieron acercamientos, compromisos y voluntad de paz por parte de ‘Pipe Tuluá’.Momentos en los que ‘Pipe Tuluá’ es notificado de su extradición. Foto:CortesíaAlias Pipe Tuluá cumple actualmente una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios y, según las autoridades, continúa ejerciendo control sobre ‘La Inmaculada’, estructura criminal señalada de liderar redes de extorsión, homicidios y narcotráfico en el norte del Valle del Cauca. Por razones de seguridad, permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de que se concluyera que el Inpec no ofrecía garantías suficientes para mantenerlo en la cárcel La Picota.El recurso de reposición fue interpuesto por la defensa y el Ministerio de Justicia cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder si mantiene o no la autorización de extradición. Esa decisión debe producirse antes de que termine el mes, en un contexto diplomático complejo, marcado por la reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y la inclusión del presidente Petro y su círculo cercano en la lista Clinton.Por su lado, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, explicó que, tras la tutela presentada por la defensa, aún queda un recurso por resolverse. “Si la justicia le da la razón al Estado colombiano, la extradición podría hacerse efectiva a más tardar a finales de enero, una vez se agoten esas herramientas jurídicas. Creemos que la extradición es la mejor medida posible, incluso en medio de cualquier diálogo exploratorio con ‘La Inmaculada’. No estamos negociando extradiciones a cambio de sentarse a dialogar”, afirmó.Hasta ahora, el Gobierno ha suspendido la extradición de tres personas con cupo en la ‘paz total’: Gabriel Yepes, alias HH; Willinton Henao, alias Mocho Olmedo; y mantiene pendiente la definición del caso de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, pese a que la Corte Suprema ya autorizó su entrega. De mantenerse en Colombia, el de Pipe Tuluá sería el primer caso en el que se frena la extradición de un cabecilla de una banda delincuencial y no de un grupo armado.El eventual diálogo con ‘La Inmaculada’ se suma a los acercamientos que el Gobierno adelanta con bandas criminales en ciudades como Quibdó, Medellín y Barranquilla. En este último caso, incluso se produjo un reversazo reciente en la decisión de trasladar a los jefes de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, en medio de procesos que aún carecen de un marco jurídico definido, cuando restan pocos meses para el final del actual gobierno.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com