La reforma electoral aupada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha entrado en fase decisiva. Con el tiempo encima para cumplir la promesa presidencial de presentar una iniciativa ante el Congreso, la redacción de la enmienda avanza por terreno minado. Los partidos aliados de Morena, PT y PVEM, mantienen resistencia ante los términos en los que la mandataria ha delineado su propuesta. La reducción del financiamiento público a los partidos y la eliminación, o en su caso, la disminución de legisladores plurinominales siguen siendo el punto de quiebre. Como antesala a la reunión de este miércoles entre la presidenta con los líderes de Morena en las cámaras, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, y la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez para acordar la hoja de ruta del documento que tentativamente se presentará el 5 de febrero, según fuentes cercanas a la presidencia, el PT ha sido tajante. “Tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo; ganamos por la vía de la elección el Poder Judicial. No hay necesidad de una reforma [electoral]”, ha dicho este miércoles el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien además ha lanzado una suerte de amago: “No debemos discutir ninguna otra cosa que no sea la unidad de los mexicanos [ante los embates de Estados Unidos]. Se están distrayendo”. En el Verde, aunque sus líderes se mantienen expectantes hasta conocer los términos y condiciones de la propuesta, en privado, el recorte de recursos y la extinción de la representación proporcional tienen anticipadamente su voto en contra. El PT sigue la misma ruta. Los partidos satélite de Morena, cuyos votos son indispensables para aprobar enmiendas constitucionales en el Congreso, han sido excluidos del debate interno para la redacción de la propuesta, un desaire que no ha sido bien recibido. El PT ha respondido a la falta de consideración recordando que, sin sus votos, no hay manera de que la reforma avance. “La 4T depende de lo que resuelvan el PT y el Verde, hay que decirlo con toda claridad”, ha soltado Sandoval. La polémica propuesta, que busca modificar el modelo electoral mexicano, ha sido colocada por sus partidos aliados como un movimiento innecesario que añade tensión a la relación con el Gobierno de Donald Trump. El PAN y el PRI no solo han adelantado sus votos en contra de la enmienda, sea cual sea, han elevado el tono nombrándola “Ley Maduro”, un discurso que el PT y el Verde ven peligroso frente a la política intervencionista de EEUU, que ha sugerido más de una vez irrumpir en suelo mexicano con el argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. El escenario que han pintado es que la oposición denuncia ante organismos internacionales la aprobación de una reforma electoral a modo que ponga en riesgo la democracia en México, un escenario ideal para los intereses de Trump, refieren líderes petistas.Desde su frente, el PRI y el PAN han mantenido su discurso sobre el presunto fondo de la enmienda presidencial. “La Ley Maduro se está fraguando desde el Gobierno. En el 2030, cuando este país esté harto de ellos, no se van a querer ir. Por eso están planeando reformas constitucionales ilegales para quedarse en el poder”, ha lanzado Rubén Moreira, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, la misma línea discursiva del dirigente del partido, Alejandro Moreno. Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN y excandidato presidencial, ha reforzado el mensaje. “El Gobierno quiere el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Esta no es una reforma electoral, es la Ley Maduro que Morena quiere instaurar en México”, ha sostenido. En Movimiento Ciudadano (MC), el partido que cierra la tríada opositora, han preferido la mesura. Aunque sus líderes han optado por no emitir una opinión hasta conocer el contenido de la propuesta, sí han puesto sobre la mesa los puntos irrenunciables que consideran debe incluir la iniciativa, entre ellos, la pluralidad que garantiza el modelo de representación proporcional que Sheinbaum busca desaparecer y que afecta a los pequeños partidos. El proyecto que ha esbozado la mandataria en los últimos meses está a nada de dejar el imaginario y plasmarse en el papel. La iniciativa que eventualmente sea discutida por el Congreso mexicano en el periodo que inicia en febrero carece de consenso. Cuenta anticipadamente con la resistencia de sus aliados y de más de un morenista y el rechazo de la oposición. Los escenarios del posible debate no se perfilan despejados para el oficialismo que busca la manera de sacar la reforma a flote sin demasiados daños colaterales.

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