Los dos cargos de Mazón imputados por la dana se conjuran para proteger al ‘president’ | Noticias de la Comunidad Valenciana

Como si de un engrasado mecanismo se tratara, los dos ex altos cargos del Gobierno de Carlos Mazón imputados por la dana desplegaron este viernes, en su primera cita judicial, una estrategia de defensa sincronizada. La exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo, el exjefe de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, recurrieron a argumentos exculpatorios calcados para justificar su trabajo en la tragedia que segó la vida de 228 personas el pasado octubre en Valencia.Durante sus declaraciones como investigados en el Juzgado de Catarroja (Valencia), los dos exdirigentes endosaron la culpa de lo que salió mal durante la aciaga jornada a organismos del Gobierno de Pedro Sánchez, descargaron su responsabilidad en los técnicos y protegieron de forma explícita a quien les catapultó a la primera línea de la política valenciana, Carlos Mazón. El mismo mandatario que les destituyó cuatro semanas después de la gota fría y que precipitó sus imputaciones en una causa con horizonte de cárcel. Un comportamiento que convierte el riesgo de “tirar de la manta” en una quimera ilusoria, coinciden varios letrados presentes en las comparecencias.“No es habitual que dos imputados hablen abiertamente entre ellos en el juzgado. Hoy seguimos sin saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de la mayor catástrofe de Valencia”, lamentaba este viernes tras las declaraciones un abogado de una de las acusaciones populares en esta causa, en la que se indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.Las comparecencias de Pradas y Argüeso como imputados culminan cinco meses y medio de calculado silencio en los que los dos exaltos cargos solo se han expresado a través de sus escritos en el juzgado. Aunque la exconsejera se presentó en su recurso de apelación como una “cabeza de turco”, en el documento que remitió a la jueza defendió las tesis del Consell al cargar contra la piedra angular de la investigación, el envío de la alerta masiva a móviles. Pradas también esparció las responsabilidades a organismos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.Este viernes, en su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, mantuvo ese planteamiento tras esquivar a decenas de víctimas que le esperaban a las puertas del acristalado enjambre de oficinas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. “¡Mazón, dimisión!”, “¡Mazón, asesino!”, “¡Mazón, putero!”, la increparon a gritos. Entre lágrimas y sollozos, la exconsejera afirmó que carecía de experiencia y conocimiento en la gestión de emergencias antes de aterrizar en su cargo, en julio de 2024. Se presentó como una mera licenciada en Derecho y profesora de Mercantil. Y expuso también que ella ―que orgánicamente era la máxima responsable de Emergencias― no dirigía nada. Abundó así en la tesis del desconocimiento para protegerse del precipicio penal. “Solo tenía un cargo institucional”, reiteró.En una declaración de tres horas en la que solo aceptó responder a su defensa, Pradas aseguró que informó al barón popular en varias ocasiones de lo que estaba ocurriendo. También dijo que no se retrasó ninguna decisión clave por la tardanza del president en llegar al Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat desde donde se envió la alerta a móviles. Y relató que la orden del mensaje a los teléfonos se tomó por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no del barranco del Poyo. La jueza sostiene que, de haberse enviado antes la alerta a móviles, se hubieran salvado vidas y es que el aviso llegó a los celulares cuando se acumulaban muertos, desaparecidos y personas atrapadas como animales en plantas bajas y garajes.La exconsejera Salomé Pradas. a la entrada de los juzgados, el viernes.Mònica TorresTras el suceso, Pradas reconoció que desconocía hasta la tarde de la catástrofe la existencia del sistema de envío de la alerta, pese a que la Generalitat lo había presentado en público meses antes.La exconsejera afirmó ante la instructora que el Cecopi estaba formado también por miembros del Ejecutivo central, como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Y que el Estado “tenía competencias” en materia de catástrofes naturales. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, centró parte de los reproches de esta abogada reconvertida en consejera a la que defiende el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano.Esgrimió Pradas que el Cecopi no se convocó a las 17.00 porque no se había alcanzado el nivel 2 de emergencias. Y que el 112, la centralita autonómica que recibió casi 20.000 llamadas el día de la dana, no facilitó información de la riada al Gobierno de Carlos Mazón.Sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la catástrofe, la exdirigente declaró que nadie le habló del peligro de la infraestructura. Una instalación que, a consecuencia de la tromba de agua, desató una gran ola que sepultó municipios valencianos como Catarroja o Paiporta, donde murieron 25 y 45 personas, respectivamente. “Nunca nos dijeron que el Poyo se podía desbordar”, remarcó. También recordó que el día de la tragedia estuvo con Laura Sáez, alcaldesa de la localidad valenciana de Carlet, uno de los municipios que sufrieron más daños materiales durante la gota fría.La exdirigente aportó un listado de un centenar de llamadas. Se trata de comunicaciones con responsables de Emergencias y Presidencia de la Generalitat. Y resaltó que el director del mando avanzado fue el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Las decisiones clave en momentos cruciales, expuso la antigua consejera, no dependieron de una persona, sino de un comité asesor, en una estrategia de repartir las culpas.Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, a su llegada al juzgado, el viernes.Mònica TorresEmilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias de Mazón durante la dana, declaró que el subdirector de Emergencias de la Generalitat estaba de vacaciones el día de la catástrofe. Y que la magnitud de la tragedia no se amplificó por la llegada tardía del president al Cecopi o el retraso en el envío de la alerta a móviles a través del sistema ES Alert. Argüeso, un político procedente del vivero de Ciudadanos, defendió también ante la jueza que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la riada, José Miguel Basset, ya jubilado, no le reportó que había retirado a sus agentes del barranco del Poyo. Basset dijo en una comisión de investigación en la Diputación de Valencia que había sacado a sus bomberos del Poyo porque el caudal bajó y había “ganas de comer”.En un documento remitido al juzgado con anterioridad, el número dos en Emergencias aseguró que “no tuvo que ver” con las inundaciones y echó balones fuera al reclamar que se investigara al responsable del 112. También presentó un informe pericial en el que aseguraba que avisó a la Generalitat de la gravedad de la catástrofe a primera hora de la tarde del 29 de octubre. “Los barrancos están a punto de colapsar”, escribió a las 14.44 de la jornada en un chat interno de WhatsApp del Ejecutivo autónomo con 34 altos cargos y asesores.La Fiscalía de Valencia pidió este viernes confirmar la imputación de Pradas en la causa de la dana porque, según la legislación autonómica, correspondía a la exconsejera “determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse”. El ministerio público, por contra, se opuso a que Argüeso figure como investigado en un escrito que apoya el recurso de apelación del ex número dos de Emergencias.Pese al supuesto aluvión de datos, informes, y apelaciones grandilocuentes a revelar la verdad oculta, distintas fuentes consultadas coinciden en que no parece que Pradas y Argüeso vayan a tambalear los cimientos del Palacio de Manises, sede de la Generalitat. Por ahora.