La cartera de Justicia ha estado en el centro del debate en las últimas semanas por la reanudación de la aspersión terrestre con glifosato —una tarea que lidera—, por los nuevos proyectos de la rama que aterrizaron en el Congreso, el freno de los que ya estaban en trámite, y por su papel como vértice entre el Ejecutivo y las Cortes, en medio de una creciente tensión por los reparos del Presidente a decisiones del Consejo de Estado.EL TIEMPO habló con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre los temas más álgidos de la agenda. Dijo que el Presidente espera que funcionen los métodos de sustitución y erradicación voluntaria antes de usar el Pecat, y que respeta los reparos que su jefe exprese frente a fallos que lo involucran.¿A qué responde el viraje en la lucha contra las drogas con la reanudación de la aspersión terrestre y el aumento de la meta de erradicación a 30.000 hectáreas?La política antidrogas se enfoca en la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos. Con base en eso, lo que se venía haciendo era evaluar cómo respondían estas metodologías y fortalecerlas. Hoy hay una meta de erradicación de 30.000 hectáreas, en línea con el enfoque particular del Presidente y el trabajo de la Policía Antinarcóticos, revelado en los contratos.Para 2025, el Gobierno abrió una licitación para retomar la aspersión terrestre con glifosato. Foto:Raúl Arboleda- AFPEn cuanto a la erradicación voluntaria con ayuda del glifosato, ¿se incluyen zonas como el Cañón del Micay y el Catatumbo donde actualmente no hay erradicación forzada?En el Micay y en la zona del Catatumbo hay un proyecto de erradicación voluntaria, acompañado de la sustitución por otro producto, para que las comunidades puedan hacer el tránsito hacia economías lícitas. El Pecat (Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato) se venía implementando, pero se frenó precisamente para apostarle a otros métodos, también por consideraciones ambientales. No es que el Pecat haya desaparecido, lo que pasa es que se le da prioridad a la sustitución voluntaria: el Presidente quiere que funcione antes que cualquier otro mecanismo.Pero la producción de cocaína, según el último informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, creció 53 % en 2023…El aumento de cultivos de coca fue del 10 %, pero eso no significa que las 253.000 hectáreas se convirtieran en cocaína. Durante 2024, toda la fuerza pública se enfocó en la incautación, la destrucción de laboratorios y de base de coca. La estrategia no fue dejar de combatir, sino atacar lo que realmente produce la droga y evitar que llegue a otros mercados.Durante 2024 fueron incautadas 830 toneladas de cocaína. Foto:Archivo particularEl otro frente de batalla en la lucha contra las drogas es la prevención del consumo. Por las cifras en crescendo, ¿se podría decir que también está perdido?Las campañas de prevención están focalizadas en los lugares con mayor consumo. Se puede contratar una campaña masiva, pero cuando se llega al territorio, se ajusta la política y se evalúan los riesgos, el impacto es mucho mayor. Nos hemos concentrado en las zonas con más problemas, donde hay fuerte presencia del crimen organizado, y le apostamos a una pedagogía con las familias y en las escuelas. Ya hemos formado a más de 150 docentes y acompañado a más de 3.600 jóvenes.¿Qué factores han identificado que han apalancado el consumo?Colombia no era un país consumidor hasta hace muy poco. En los años 90 y 2000, el país era más exportador que consumidor. Pero luego el nivel de consumo se disparó de forma impresionante. Han llegado al mercado una gran cantidad de nuevas drogas. El Observatorio de Drogas ha documentado 11 nuevas clasificaciones, pero nos preocupa especialmente la expansión del Tusi y de los derivados farmacéuticos. Tenemos que estar en constante actualización para orientar las campañas de prevención, porque se trata de sustancias con un mayor nivel de riesgo. Otro factor clave es la adherencia, que puede derivar en un consumo problemático.El Presidente ha insistido en la idea de que los menores de edad que caen en el delito no deben ser recluidos y el Ministerio acaba de presentar un proyecto de ley para reformar el actual sistema de responsabilidad penal en este sentido, ¿estos beneficios no podrían terminar siendo aprovechados aumentando la instrumentalización de los niños en el crimen?El sistema de responsabilidad penal para adolescentes se basa en un enfoque restaurativo, centrado en la víctima. Cuando hablamos de justicia restaurativa, lo que se busca es que el menor sea consciente de que su comportamiento fue inapropiado y asuma el compromiso de reparar el daño causado. Los menores de edad deben estar siempre acompañados por sus padres o representantes en los procesos de responsabilidad civil y penal, lo que refuerza la idea de corresponsabilidad. Actualmente, el sistema de adolescencia alberga entre 7.000 y 7.500 menores, muchos de ellos provenientes de hogares disueltos, abandonados o sin figuras parentales. Esto implica que las reglas y el objetivo de la ley —y, en particular, del proyecto de ley— deben ser restaurativos y reparativos, con un enfoque pedagógico y terapéutico. Ahora bien, esto no significa que no existan sanciones. Si el menor, de manera persistente, se niega a reparar el daño o no muestra arrepentimiento, puede ser internado en un centro de reclusión.Radiografía del Sistema Penal para Adolescentes en Colombia Foto:ICBF y Ministerio de JusticiaPero pueden aplicar el principio de oportunidad para todos los delitos…Sí, siempre y cuando la víctima también esté de acuerdo, porque se puede negar. Y ahí entra la necesidad de entender cuál fue la falta, en qué falló el menor, cómo se puede reparar y, por supuesto, si el principio de oportunidad puede aplicarse de forma parcial o total. Desde ahí, la víctima también tiene derechos.El Presidente el fin de semana preguntó sobre la reforma a la justicia, que es precisamente la aplicación del principio de oportunidad en la mayoría de delitos en el sistema penal para adultos, ¿cómo va su trámite en el Congreso?El proyecto de humanización del sistema carcelario, por el que me había preguntado el Presidente, se archivó el año pasado. En este momento estamos redactando otro con el mismo propósito: superar el Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario. El de principio de oportunidad —conocido como la reforma a la justicia— ya tiene ponentes. Después de Semana Santa esperamos darle un nuevo impulso, porque ya fue debatido en el Senado y ahora pasa a tercer debate en la Cámara. Como han sido tantos los proyectos, este aún no ha sido subido, pero aspiramos a que pueda debatirse la próxima semana.¿Cómo ve el ambiente en el Senado?Los proyectos que hemos presentado ya se han debatido, y esperamos que sigan su curso con buen viento. Entre ellos está el de coordinación intersectorial con la justicia indígena, otro sobre la búsqueda de desaparecidos en cumplimiento de una orden de la Corte IDH, y tres o cuatro proyectos más. Todo tiene su ritmo, pero les ha ido bien; la mayoría ya tiene doble debate.Como cabeza de la Justicia, ¿cómo ve la tensión entre el Presidente y la altas Cortes? Específicamente por los reparos que ha mostrado con las últimas decisiones del Consejo de Estado…El Presidente tiene derecho a expresar su opinión frente a decisiones que, en algún momento, cambiaron la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esa es su posición, y yo la respeto profundamente. Además, no creo que se trate de una tensión. Quien se encarga de la articulación entre el Ejecutivo y las Cortes es el Ministerio de Justicia, y casi todos los actos de la rama han sido conjuntos. Entonces, ¿tensión? Yo no he visto ninguna. ‘Iván Mordisco’ no ha sido abatido, confirma Mindefensa Foto:Redacción Justicia
