El Consejo Nacional Electoral, en un hecho inédito, sancionó a la campaña Petro Presidente por violar los topes de financiación. En su decisión de carácter administrativo, los magistrados compulsaron copias a la Fiscalía para que investigara a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.La ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) concluyó que la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño superó los topes por 3.500 millones de pesos, y responsabilizó a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Aydée Mogollón, a la auditora María Lucy Soto, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).Además de pagar una multa de más de 3.000 millones de pesos, Roa se expone a un proceso penal, ya que la violación de topes de campaña constituye un delito. Por ello, el tribunal electoral solicitó a la Fiscalía que lo investigue y determine la posible comisión de este y otros cargos.La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también recibirá copia del expediente para investigar la posible responsabilidad penal del presidente de la República por el desfase en la financiación de la primera y segunda vuelta de su campaña, que no reportó la totalidad de los pagos a testigos electorales ni las donaciones de los sindicatos Fecode y USO.Esta instancia también recibió una compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia que, en una investigación sobre financiación con fuentes prohibidas contra la lista del Pacto Histórico al Senado, concluyó que se hicieron pasar como gastos de esta campaña los correspondientes a la consulta interpartidista del candidato Gustavo Petro.¿A qué se enfrenta Ricardo Roa?”Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico, deberá restituir de manera indexada al Fondo Nacional de Financiación Política la suma de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), valores que fueron reconocidos y pagados sin justa causa mediante las resoluciones 2919 de 2023 y 12429 de 2023, respectivamente. Asimismo, se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal, al haber inducido a la administración a error”, señala la ponencia que resultó triunfadora en la sesión del jueves 27 de noviembre en el CNE, con una votación de 6 a 3.Además del delito de violación de topes per se, que según el Código Penal conlleva una pena de 4 a 8 años de cárcel, en la ponencia se solicita investigar a Roa por alteración y falsedad de la información.”Toda alteración o falsedad de la información, debidamente comprobada, de los datos contenidos en los informes físicos y/o en los registrados en el software aplicativo Cuentas Claras, será investigada y sancionada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con sus competencias. Del mismo modo, esta Corporación compulsará copia a las entidades que correspondan. (…)”, señalaron los magistrados.En ese caso, según penalistas como Francisco Bernate, la pena podría alcanzar hasta 12 años de cárcel.La Fiscalía ya ha adelantado diligencias judiciales para determinar las responsabilidades penales por este capítulo. El pasado 29 de octubre realizó una inspección a la sede de la Colombia Humana, donde reposa toda la información contable de la campaña presidencial de 2022.