El escándalo por la licitación de pasaportes, que desató una crisis en la expedición del documento, derivó en el primer investigado formalmente a nivel penal. La Fiscalía General busca imputar al excanciller Álvaro Leyva, al considerar que habría incidido en la polémica que le generó ruido al gobierno del presidente Gustavo Petro en el manejo de esta situación.La diligencia se instaló este martes desde las 8:30 de la mañana en el Tribunal Superior de Bogotá, que desde el despacho de la magistrada Alejandra Ardila deberá decidir si avala o no la imputación al alto exfuncionario del Gobierno por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.El escándalo de los pasaportes se generó luego de que el Ejecutivo decidió no continuar la licitación con la empresa Thomas Greg, que durante años se ha encargado de la expedición de los pasaportes en Colombia. Según Petro, se debía abrir el espectro para no concentrar el millonario negocio en una sola compañía. No obstante, en medio de ello se presentaron distintas falencias que afectaron a la ciudadanía.La licitación para el suministro de pasaportes vale 599.000 millones de pesos. Foto:Archivo EL TIEMPOEl cambio de modelo que propuso la Cancillería tuvo como uno de los principales actores al entonces ministro Álvaro Leyva, quien impulsó que la expedición se concentrara en la Imprenta Nacional con ayuda de otro país. Finalmente, el acuerdo se logró con Portugal en un modelo transitorio que, por el momento, tiene a Thomas Greg imprimiendo los documentos debido a prórrogas que se han hecho.A nivel disciplinario, por las irregularidades en las que incurrió Leyva la Procuraduría lo inhabilitó con 10 años sin poder ocupar cargos públicos, un fallo que ya fue confirmado en segunda instancia por parte del procurador general, Gregorio Eljach. En dicho órgano de control también hay investigaciones abiertas en contra de Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.Gustavo Petro – Álvaro Leyva Foto:Presidencia – CancilleríaEn el ámbito penal no se habían dado llamados. El primero es Álvaro Leyva, a quien la Fiscalía le puso la lupa hace unos meses, radicando una solicitud de imputación el pasado 28 de noviembre.”El exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica'”, explicó el ente acusador.Carlos López – Justicia – @JusticiaET – carben@eltiempo.com