Juez municipal, asesor de despacho, oficial mayor fueron algunos de los cargos fantasma que se inventó Larry López Ospino, un funcionario de la Dirección de Administración Judicial Seccional Bolívar, que tenía asignada la tarea de elaborar nóminas, registrar novedades y actualizar los datos en el sistema de seguridad social.Aprovechando esta función, creó una nómina paralela con cargos repartidos entre distintas dependencias de la seccional, por los que la Nación desembolsó salarios durante casi un año, pese a que esos puestos no existían y los supuestos empleados no cumplían funciones ni asistían a la oficina.Larry López retirando el dinero de uno de los cajeros, de la cuenta de Miriam Pombo Foto:ArchivoLa Comisión Nacional de Disciplina Judicial acaba de sancionarlo, destituyéndolo de las funciones que desempeñaba desde el 1.º de enero de 2018 e inhabilitándolo por 20 años. En paralelo, avanza el proceso penal por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, a la espera de una sentencia que podría llevarlo a pagar hasta 20 años de cárcel.EL TIEMPO accedió al expediente judicial en el que se detalla la filigrana criminal con la que López Ospino logró pasar de agache ocho puestos fantasma y cobrar sus nóminas; en algunos casos, según evidencian las cámaras de los cajeros, retirando el dinero él mismo.El proceso disciplinario tiene su génesis en un oficio remitido por Hernando Darío Sierra Porto, director seccional de la Administración Judicial de Cartagena, en el que puso en conocimiento una anomalía detectada en una nómina adicional correspondiente a septiembre de 2021. “Esta fue devuelta para su validación ante el área de Talento Humano antes de su autorización. El informe señaló, además, que dicha dependencia detectó en el DIP de octubre de 2021 la inclusión de personas no vinculadas a la Rama Judicial, quienes recibieron pagos indebidos”, señaló la Comisión. De acuerdo con las pruebas recabadas, López Ospino utilizó el programa Efinómina para incluir, entre enero y septiembre de 2021, a personas no vinculadas a la administración judicial del departamento de Bolívar, quienes no prestaron servicio alguno y, aun así, recibieron pagos salariales.Sentencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Foto:ArchivoLópez Ospino ingresó en el aplicativo los datos completos de estas personas —nombres, números de cédula, cuentas bancarias— asignándoles cargos ficticios dentro de la Rama Judicial sin respaldo legal ni vínculo contractual, disponiendo así de los emolumentos y apropiándose parcialmente de ese dinero.Durante un año, el Estado giró a las cuentas de esas ocho personas entre 12 y 88 millones de pesos, correspondientes a los salarios que supuestamente devengaron.- Miriam Fajardo Pombo: $88.420.451 pesos.- Renzo León Pérez: $12.033.086 pesos.- Fredy Lemus Martínez: $80.256.448 pesos.- Amanda Carolina Ortíz Martínez: $80.450.555 pesos.- José Manuel Pérez González: $80.354.319 pesos.- Eder Santiago Chaves: $77.414.537 pesos.- Carolin Paola Angulo Pombo $ 82.063.598 pesos.- Natalia Pérez Torres: $44.716.019 pesosParte de estos recursos, ya sea por transferencia o porque él mismo retiraba el dinero, como en el caso de Miriam Fajardo Pombo, terminaron en el bolsillo de López Ospino.Testimonios como el de Ludys Ester Torres Vega, tesorera de uno de los despachos, ayudan a reconstruir cómo operaba el entramado. Contó que las nóminas adicionales se generaban cuando aparecían novedades que no entraban en la nómina principal —liquidaciones, vacaciones o simples errores bancarios— y que solo se pagaban si había disponibilidad presupuestal y la autorización correspondiente.Según dijo, era Talento Humano la oficina encargada de justificar esas nóminas extra y de identificar a los beneficiarios que no debían estar ahí. Al principio se detectaron ocho casos irregulares; luego aparecieron tres más, hasta completar once.También relató que, durante incapacidades médicas, Guillermo Elles asumió temporalmente funciones en tesorería y fue quien firmó los certificados de esos pagos irregulares, documentos que terminaron en la Fiscalía y en manos de los directivos de la seccional.El expediente también recoge, mes a mes, todos los giros hechos a los funcionarios fantasma, junto con las fotos de los retiros en cajeros y la trazabilidad de las transacciones que muestran cómo parte de esa plata terminaba en la cuenta personal de López Ospino. Con estos elementos, la conducta encaja de lleno en el delito de peculado por apropiación. En total, los montos sumaron $545.709.013, una cifra incluso mayor a la que aparecía en el auto de imputación, que la había estimado en $445.255.476.María Fernanda Cabal Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia