La Fiscalía General de la Nación impactó una presunta red criminal dedicada a la creación y uso de empresas de papel para la expedición de facturas falsas, con las que se habrían simulado operaciones comerciales inexistentes por más de 843.000 millones de pesos, en un esquema que habría permitido la apropiación irregular del impuesto a las ventas (IVA) y la reducción fraudulenta de la base gravable del impuesto de renta, en perjuicio del Estado.De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, seis personas fueron judicializadas como presuntas responsables de constituir 185 sociedades de fachada, utilizadas para respaldar operaciones ficticias de empresas del sector real. Ninguna de las compañías vinculadas tenía proveedores nacionales ni registraba actividad como importadora, por lo que, según la Fiscalía, no contaban con bienes o servicios reales para vender.Red de empresas de papel que habría simulado operaciones por más de $843.000 millones Foto:Fiscalía.Los procesados figuraban como socios o representantes legales de estas sociedades y, al parecer, se concertaron para crear empresas con diversos objetos sociales, pese a no tener capacidad económica, logística, recurso humano ni operatividad que soportara las transacciones detectadas. La investigación estableció que entre 2012 y 2022 esta red criminal habría simulado millonarias operaciones comerciales.Con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, y mediante la aplicación del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), la Fiscalía determinó que las operaciones de comercio inexistentes realizadas a través de estas sociedades superarían los 843.164’577.003 pesos. Por la expedición de las facturas falsas, los implicados habrían cobrado comisiones que oscilaban entre el 1 % y el 5 % del valor total facturado irregularmente.Entre los judicializados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes, según la Fiscalía, habrían desempeñado roles como coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las compañías involucradas.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoLas capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y en el departamento de Casanare. A estas personas se les imputaron, de acuerdo con sus presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.Adicionalmente, la Fiscalía señaló que uno de los indiciados, Jairo Bernal Manrique, entre 2014 y 2025, presuntamente administró, custodió y transformó recursos por más de 21.744’555.548 pesos, suma a la que habría dado apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías, y conforme a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, los seis procesados fueron cobijados con medidas privativas de la libertad: cinco deberán cumplirlas en sus domicilios y uno en centro carcelario. Además, como parte de las decisiones judiciales, se ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas al entramado investigado.Redacción Justicia.