Agentes de la Fiscalía General de la Nación llegaron este viernes a las instalaciones de Indumil y del Comando de Personal del Ejército (Coper) del Ejército a realizar una inspección judicial, en medio de la indagación que se le sigue al general Juan Miguel Huertas por sus supuestos nexos con las disidencias de las Farc.EL TIEMPO conoció que la visita, de la cual aún no hay un balance preliminar, se deriva de la orden que dio la fiscal Luz Adriana Camargo de impulsar la investigación por este escándalo, en el que alias Calarcá habría logrado infiltrar al Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con ayuda del general Huertas, jefe del Coper, y de Wílmar Mejía, alto funcionario de la inteligencia.Juan Carlos Mazo, director de Indumil, también fue salpicado en este episodio que vulneraría la seguridad nacional. De allí se desprende que agentes del ente acusador hayan llegado hasta su sede principal. EL TIEMPO conoció que con la inspección buscan recabar documentos, memorias y demás elementos que hayan sido tramitados o firmados principalmente por Huertas, y determinar la trazabilidad.La jornada también incluyó la visita al Departamento de Control y Comercio de Armas, al cual la Fiscalía no pudo entrar debido a que no había personal laborando, producto de una integración previamente organizada.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoEsta medida de la Unidad de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema -competente para indagar al general Huertas- se da en paralelo a la orden que el pasado martes dio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que se inspeccionen de manera minuciosa todos los procedimientos que estuvieron bajo la responsabilidad del alto oficial desde agosto de este año, fecha en la que llegó al Coper.El Ministro en ese momento recordó por qué no se había aplicado el fallo de la Procuraduría que ordenaba la suspensión del general, e indicó que el documento se trasladó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, y que se dirige “exclusivamente contra él o directamente hacia el Ejército”, lo que activa un proceso administrativo con etapas definidas.Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la DNI. Foto:Archivo particularSegún el Ministro, ese procedimiento comienza con la recopilación de los elementos probatorios y la revisión dentro de la línea de mando militar y civil. En sus palabras, pasa “por todo ese escalón de comando del Ejército, Comando General, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República”, y se adelanta en coordinación con la Casa de Nariño, ya que “el Presidente (Gustavo Petro) también nos ordenó adelantar todo el proceso administrativo para acatar ese fallo y producir la suspensión”.Carlos López y Jesús Blanquicet – Justicia – justicia@eltiempo.com