La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar las medidas cautelares relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Está decisión se tomó, según Víctor Mosquera el abogado de la familia, luego de concluir que el Estado colombiano acreditó la existencia de investigaciones penales “serias, independientes y adecuadas” por parte de la Fiscalía General de la Nación, así como la adopción posterior de esquemas de seguridad para su familia. Sin embargo, el organismo internacional mantuvo abierto el monitoreo del caso en su dimensión estructural, al considerar que los hechos continúan bajo su observación.Miguel Uribe Turbay siguió la trayectoria política de su familia, a pesar del dolor vivido. Foto:EL TIEMPOEl jurista Mosquera precisó, en su cuenta de X y en un discusión con el abogado Alejandro Carranza, que el cierre de las medidas cautelares no equivale al archivo del caso ni a un pronunciamiento de fondo sobre las responsabilidades del Estado. “Ese hecho lo hemos reconocido expresamente desde la propia representación de las víctimas, aunque seguimos atentos a que las investigaciones no tengan desviaciones por presiones políticas”, señaló.De acuerdo con la explicación entregada por la defensa, la CIDH tuvo en cuenta que, con posterioridad a los hechos, el Estado implementó medidas de protección para la familia de Miguel Uribe, orientadas a mitigar los riesgos existentes. Según Mosquera, esa protección correspondía a medidas que debieron haberse otorgado desde un inicio y cuyo fortalecimiento fue informado directamente por los representantes de las víctimas al organismo internacional.No obstante, el abogado subrayó que el cierre de las medidas cautelares se produce en un contexto en el que el riesgo que se buscaba prevenir ya se había materializado. “Lamentablemente, Miguel fue víctima de un crimen atroz que cegó su vida y las medidas cautelares perdieron su objeto preventivo. La situación dejó de ser una amenaza para convertirse en una violación consumada de derechos humanos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los hechos son atribuibles al Estado por una omisión en su deber de prevención.Las honras fúnebres del precandidato presidencial Miguel Uribe. Foto:MILTON DÍAZMosquera cuestionó que desde el Gobierno se haya presentado el cierre de las medidas cautelares como un respaldo pleno a la actuación estatal. Según indicó, esa lectura omite elementos que siguen siendo jurídicamente relevantes dentro del caso.Entre ellos, recordó que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), iba a ser imputado, pues en al menos en 23 oportunidades el propio senador y sus allegados le solicitaron a la Unidad que reforzara el esquema de seguridad asignado.Esto nunca ocurrió y el día del atentado, el 7 de junio del año pasado, el sicario que le disparó a Miguel Uribe logró acercarse a menos de dos metros. Apenas tres escoltas custodiaban al que era en ese momento una de las cabezas de la oposición al gobierno Petro y uno de los hombres más amenazados del país.Sin embargo, en una decisión con pocos antecedentes la Fiscalía reversó la decisión. Según Mosquera, es un proceso que continúa vigente junto con otros trámites internos. “Esa circunstancia no puede ser ignorada, pues forma parte del análisis sobre las fallas en los mecanismos de protección”, señaló.El abogado también enfatizó que la CIDH no dio por concluido el examen del caso en su dimensión estructural. Por el contrario, el organismo mantiene abierto el monitoreo de la situación, precisamente porque no se ha archivado el análisis sobre las posibles responsabilidades estatales derivadas de los hechos. “En esta oportunidad, me permito comunicar que, teniendo en cuenta la información remitida por ambas partes, la Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Esta decisión en todo caso no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables. Sin perjuicio de ello, la Comisión ha decidido dar seguimiento a la situación planteada en el marco de sus funciones de monitoreo o de otros mecanismos establecidos por los instrumentos aplicables”, dice la decisión de la Comisión.En ese contexto, la representación de las víctimas advirtió que seguirá remitiendo información a la CIDH dentro del marco de ese monitoreo, especialmente frente a la evolución de las investigaciones penales y disciplinarias, así como a cualquier eventual interferencia política que pueda afectar su independencia.Ya están judicializados el joven sicario, Carlos Eduardo Mora, Elder José Arteaga, Cristian C. González, Katerine Martínez, Simeón Pérez, Jhorman Mora, William González y Harold Barragán.Seis capturados negociaron preacuerdos con la Fiscalía General, en los que a cambio de declararse culpables les rebajan la pena.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com