A dos semanas de que la JEP emita su primera e histórica sanción, la Contraloría alertó sobre un desfinanciamiento de al menos 500 mil millones de pesos necesarios para la reparación a las víctimas y el cumplimiento de las sentencias.EL TIEMPO conoció que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, habló directamente con el contralor Carlos Hernán Rodríguez para que la entidad vigilara los acuerdos de la Instancia de Articulación. En esa reunión se puso sobre la mesa la falta de recursos para ejecutar las sanciones, consideradas la médula espinal de la misión de la Jurisdicción.JEP Foto:CortesíaDe acuerdo con el informe de los tres delegados que asistieron, “los recursos necesarios, más de 500.000 millones de pesos, no han sido asignados dentro del Presupuesto General de la Nación para llevar a buen término los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador (TOAR), que requieren de una inyección fiscal importante para cumplir con la reparación colectiva y las condiciones de seguridad de los comparecientes”.La Contraloría advirtió que, a la fecha, el Ministerio de Hacienda solo ha reportado el desembolso de 20.000 millones de pesos.“Se observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para los TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los mismos. Así mismo, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias”, señaló el ente de control.Otro de los puntos fiscales sobre los que llamó la atención fue la administración de los bienes de las extintas Farc. Según las auditorías realizadas en 2022 y 2024 a la SAE, se evidencia una baja monetización, lo que reduce otra fuente clave de ingreso para la reparación de las víctimas del conflicto armado.El informe también sacudió en general al sistema de justicia transicional por la falta de articulación y coordinación interinstitucional para la implementación de sanciones y su financiamiento. Esto, teniendo en cuenta que las decisiones de las sentencias son un mandato judicial y el Ejecutivo debe garantizar su cumplimiento.Contraloría General de la República Foto:Milton Diaz / El Tiempo“La falta de articulación y coordinación puede conllevar a una implementación ineficaz de las medidas e impedir que las sanciones y los procesos restaurativos asociados tengan un impacto real y positivo en las víctimas, las comunidades afectadas y en los procesos de reincorporación, reintegración y definición de la situación jurídica de los comparecientes, afectando su seguridad jurídica”, dijo el contralor general.Y agregó: “La ausencia de financiación para la ejecución de estas sanciones puede llevar a la revictimización, a la frustración de las comunidades y a la afectación reputacional de la justicia transicional en Colombia”.Actualmente ya fueron presentados los dos proyectos de sanción contra el último secretariado de las Farc y contra 12 máximos responsables de las Fuerzas Militares, por el caso 01 de secuestro y 03 de ‘falsos positivos’, respectivamente. El Tribunal de Paz discute ambas ponencias y se agendó para el 15 de septiembre la lectura del fallo. Según los acuerdos firmados en el Teatro Colón, los comparecientes que ya reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por los crímenes, serán sentenciados a sanciones de hasta ocho años, no privativas de la libertad, en las que participarán en la construcción de proyectos de memoria o reparación en los territorios más afectados por la guerra.En video quedó registrada la entrega de alias ‘Kevin’ Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
