La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa del exsubdirector del extinto DAS Emiro Rojas Granados y del exdetective Néstor Pachón Bermúdez, por la tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque.La entonces entidad de inteligencia, según la investigación, sometió a la periodista a seguimientos, hostigamientos y amenazas como retaliación por su labor y su activismo judicial en torno al homicidio de Jaime Garzón, así como por los señalamientos que hizo contra el DAS por su participación en ese crimen y por entorpecer la investigación.Entre los hechos que denunció se cuenta el ocurrido el 23 de julio de 2001, cuando fue víctima de un “paseo millonario” durante el cual sus captores le advirtieron: “(…) eso le pasaba por querer desenterrar a los muertos, por querer sacar la basura de su lugar (…)”.Ese mismo día, en horas de la mañana, observó cerca de su residencia y luego en su lugar de trabajo un taxi con placas SFW 316, que —según constató— eran falsas o gemeleadas, pues pertenecían a un vehículo particular.Al día siguiente apareció pintado sobre el asfalto frente a su apartamento un grafiti que decía “¿quieres ser mi esposa?”, la misma frase que sus captores le habían dicho la noche anterior, cuando le aseguraron que no le harían daño “por ser caballeros”, aunque la orden era matarla.Hasta el 30 de septiembre de 2001, notó la presencia de varios vehículos que la seguían a los lugares que frecuentaba, permanecían estacionados durante horas cerca de su residencia y vigilaban la ruta escolar de su hija, de siete años. Entre ellos estaba el taxi de placas SHH-348, propiedad del DAS, y otro vehículo con placas SHA-552, que permaneció dos días parqueado cerca del sitio donde debió esconderse.Durante su participación en el documental sobre Jaime Garzón para el programa Contravía, las amenazas se intensificaron. Recibía llamadas telefónicas en las que le advertían que su hija no regresaría del colegio o que había ganado un regalo que le sería entregado a su regreso. También le dejaron en la portería de su edificio un ramo de flores enterradas con el tallo hacia arriba y, en otra ocasión, un queso podrido.En octubre de 2003 denunció nuevamente seguimientos de personas que se desplazaban en taxis y en un campero verde cuando salía de su casa.Estas intimidaciones se prolongaron hasta finales de 2004 y la obligaron a exiliarse para proteger su vida y la de su hija menor de edad, pese a estar incluida en el programa de protección a periodistas con nivel de riesgo medio alto, que le otorgó un vehículo blindado por parte del Ministerio del Interior (Derechos Humanos).