Un grupo de contratistas y antiguos funcionarios del Atlántico estarían inmersos en el escándalo que tiene al exdiputado Nicolás Petro al borde de responder por dos delitos, relacionados a la supuesta contratación amañada que desde 2021 se vendría dando con la participación de su expareja Day Vásquez y a través de la Fundación Conciencia Social.La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que está en trámite una nueva imputación contra el exdiputado, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. El caso se remite a hace dos años, cuando el fiscal Mario Burgos destapó que tanto Nicolás Petro como Day Vásquez se habrían beneficiado con una millonaria contratación a través de la Fundación Conciencia Social. Y que por eso se vendrían nuevas imputaciones. Del proceso no se volvió a saber hasta que la fiscal Lucy Laborde, quien adelanta la acusación contra el exdiputado por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, radicó la solicitud de audiencia de imputación.Nicolás Petro, Day Vásquez y el fiscal Mario Burgos. Foto:Archivo particularFrente al nuevo caso, en 2023 la Fiscalía narró que al parecer Day Vásquez se interesó indebidamente en el negocio de la contratación irregular al sugerir varias hojas de vida, como la de su mamá, para un convenio que tenía como objeto ofrecer cuidados geriátricos a adultos mayores, a través de la ya mencionada fundación. Ese supuesto interés, del que también tendría conocimiento Nicolás Petro y de allí su llamado a imputación, tiene de por medio a otras personas como Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Ossa, entonces representante legal de Conciencia Social.Alait Freja, abogado de Day Vásquez. Foto:Cortesía Alait FrejaDe la Ossa, de acuerdo a conversaciones y audios que intercambió con Vásquez, habría tenido un papel activo con ella a la hora de direccionar convenientemente el contrato y ajustar sus términos. “Me pide una cantidad de detalles, especificar más el tema presupuestal, eso es un arma de doble filo porque más herramientas para control, tú sabes lo que se quiere hacer, pero no es de forma sino también de fondo porque me pide especificar muchas cosas que realmente, si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso, hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos pondrá… los objetivos que queremos”, dice De la Ossa en uno de los diálogos con Vásquez.Para despejar si ella también puede ser llamada a imputación por estos hechos, EL TIEMPO consultó a su abogado, el penalista Alait Freja. Para él no hay posibilidad de que ella sea incluida en el nuevo paquete de judicializaciones porque esos hechos se los incluyeron en el beneficio que le entregó hace más de un año la Fiscalía.Mario Burgos, fiscal. Foto:Archivo particular”Lo de la contratación en Atlántico se incluyó en el principio de oportunidad que ella recibió. Recuerde que Day Vásquez hizo un reintegro -no devolución- de 40 millones de pesos. Eso es producto del tema de la Fundación Conciencia Social y lo que le decían que obtuvo”, señaló el penalista.El principio de oportunidad del que habla Freja fue otorgado debido a que Vásquez se comprometió a ser la testigo principal en contra de Nicolás Petro. Tanto así que de la inspección de la Fiscalía a los chats y audios de su celular, se deriva la nueva imputación ligada a la Fundación Conciencia Social. Chats que hacen parte de la nueva imputación contra Nicolás Petro. Foto:Archivo particularEso sí, Freja resaltó que hay más personas salpicadas en este escándalo, y que desconoce si también van a ser llamadas a la imputación que prepara el ente acusador contra Nicolás Petro, quien tendrá en su proceso a una fiscal de apoyo, que acompañará las diligencias que haga Laborde como titular.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
