El polémico Decreto 1190 de 2025, que crea un comité ad hoc para esclarecer las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a la Fuerza Pública durante el estallido social, fue demandado ante el Consejo de Estado. El exministro de Defensa Diego Molano, integrantes de la reserva y estudiantes universitarios consideran que esta norma es ilegal, pues la facultad de investigar es exclusiva de la Fiscalía y, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, de la Justicia Penal Militar.Estallido social en Cali, en 2021. Foto:Santiago Saldarriaga / Archivo EL TIEMPOLos demandantes sostienen que el Gobierno intenta recrear una especie de JEP, con facultades inconstitucionales e ilegales para “investigar a los soldados y policías que protegieron a los colombianos durante las protestas entre 2019 y 2021”, dice el documento. Por esa razón, pidieron al alto tribunal decretar como medida cautelar la suspensión provisional del decreto.Entre los argumentos jurídicos por los que piden tumbarlo, enumeran una presunta usurpación de funciones del poder judicial, pues la persecución de delitos y la sanción de faltas son competencias exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces. “Al crear un Comité con estas atribuciones, el Gobierno rompe la separación de poderes y desconoce el diseño constitucional del Estado”, señalan.Asimismo, denuncian un ataque a la privacidad y al debido proceso. “El decreto ordena a las entidades públicas entregar sin restricciones información sensible al Comité. Esto es un ataque directo al debido proceso, la intimidad y el hábeas data. La norma expone datos personales de ciudadanos y de miembros de la Fuerza Pública, sin garantizar su derecho a la defensa”.Otros reparos apuntan a un desconocimiento de la presunción de inocencia, pues —dicen— se saltan etapas básicas del derecho procesal, como la defensa y contradicción de las personas señaladas, además de un golpe al honor de la Fuerza Pública.“Este decreto es una oscura estrategia del Gobierno para afectar la credibilidad de nuestros soldados y policías. Al crear un Comité paralelo controlado por personas cercanas al petrismo, se busca interferir en procesos judiciales ya existentes y manchar el buen nombre de los uniformados, manipulando la opinión pública con fines electorales. Además, ignora fallos que probaron la existencia de grupos armados ilegales infiltrados en las protestas”, agregaron.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetPor su parte, el Gobierno argumentó que el Presidente, “en su calidad de jefe del Gobierno nacional, comandante en jefe de la Fuerza Pública y responsable de la conservación y restablecimiento del orden público, tiene el deber constitucional de adoptar medidas efectivas y suficientes que permitan entender el contexto y las actuaciones relacionadas con los eventos de uso excesivo de la fuerza que derivaron en violaciones de derechos humanos”.En el caso específico de las perpetradas entre 2019 y 2021, sustentaron la creación del Comité en la necesidad de cumplir lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020, del 22 de septiembre de 2020, y de evitar que los hechos que motivaron esa providencia se repitan.Actualmente, el Ministerio del Interior abrió la convocatoria para la selección de los miembros del Comité de Expertos e incitó a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas a presentar sus postulaciones .”Para la conformación del Comité se ha establecido un mecanismo autónomo y participativo de selección, en el cual las personas aspirantes serán postuladas por organizaciones de la sociedad civil con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, memoria y lucha contra la impunidad, propendiendo por una composición equitativa de género, diversidad social, pluralismo e interdisciplinariedad”, dice el llamado.Fiscalía imputará y pedirá cárcel para los exministros Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia