El exilio de un juez anticorrupción destapa la crisis judicial en Ecuador

El despacho del juez ecuatoriano Carlos Serrano quedó vacío el 17 de diciembre. No fue una ausencia rutinaria. Serrano, uno de los 14 magistrados de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, no volvió al edificio judicial del norte de Quito donde trabajó durante tres años. El juez, de 34 años, era el más joven del grupo creado en 2022, en plena escalada de la violencia criminal, para enfrentar a las mafias. Mientras el país se preparaba para las fiestas de fin de año, Serrano ya había salido de Ecuador. Antes de irse, dejó su tercer oficio al Consejo de la Judicatura, en el que advertía que continuar sin protección policial ponía en riesgo su vida.No era una advertencia exagerada. En noviembre de 2025, semanas antes de una audiencia clave contra el serbio Jezdimir Srdan, acusado de lavado de activos, un vehículo cargado con dinamita y cilindros de gas explotó frente al complejo judicial donde trabajaba Serrano. Pese a la amenaza, el juez continuó con apenas dos policías como custodia, sin vehículo blindado ni chaleco antibalas. La protección estatal para los jueces que enfrentan al crimen organizado es mínima: muchos magistrados anticorrupción se desplazan en transporte público o en taxi, como denunciaron en una carta al Consejo de la Judicatura.La presión sobre Serrano no cesó. La misma semana del atentado, recibió una llamada del director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha —provincia donde se localiza Quito—, quien le instó a dictar una sentencia favorable a Srdan. Serrano grabó la conversación. El audio forma parte hoy de una investigación reservada en la Fiscalía, que deberá esclarecer si existieron presiones indebidas y posibles conflictos de interés: la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, había integrado el equipo de defensa del acusado.La tensión alcanzó su punto máximo el 21 de noviembre. Durante una audiencia virtual, Srdan, recluido en la cárcel de Santa Elena, en la costa oeste del país, pasó el dedo índice por el cuello frente a la cámara: una amenaza de muerte explícita. Serrano informó de inmediato al Consejo de la Judicatura y solicitó refuerzo de seguridad. Diez días después, el Ministerio del Interior no solo no aumentó el resguardo, sino que lo retiró por completo.La decisión se tomó en medio de una espiral de violencia sin precedentes. Ecuador cerró 2025 con 9.300 homicidios intencionales —una tasa de 50 por cada 100.000 habitantes— y la justicia se convirtió en un blanco más del crimen organizado. Al menos 16 atentados golpearon al sistema judicial con coches bomba, amenazas directas y ataques armados. Hubo víctimas mortales, entre ellas una jueza y el secretario de un fiscal. Serrano comprendió entonces que el Estado no lo protegería. Decidió marcharse.Asedio a la justiciaEl de Serrano no es un caso aislado. Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura en la provincia amazónica de Orellana, también logró salir del país tras sobrevivir a un atentado en el que su padre resultó herido. Apenas llevaba una semana en el cargo cuando recibió las primeras amenazas. Todo comenzó al detectar que los casos de tráfico de combustible no llegaban siquiera a la audiencia de flagrancia, porque la unidad policial encargada de realizar las pericias no acudía a tiempo y los detenidos quedaban en libertad al día siguiente.Lozada intentó coordinar soluciones con las autoridades que representan al Ejecutivo en la zona. Desde entonces, cada una de sus conversaciones parecía llegar de inmediato a oídos de la banda criminal Los Choneros, que opera en la región. El mensaje fue directo: su muerte tenía fecha y hora. Fue evacuada de emergencia a Quito, donde contó con cinco custodios armados, aunque debía movilizarse en taxi por falta de un vehículo blindado, pese a que el protocolo lo contempla. Lozada denunció ante la Judicatura la corrupción de jueces en las provincias amazónicas y entregó un informe al presidente del organismo, Mario Godoy. Según su testimonio, la respuesta fue nula.Regresó a Orellana el 22 de octubre de 2025. Aprovechando que su único custodio no estaba con ella, sicarios la interceptaron en un semáforo cuando viajaba con su padre. Dos hombres en motocicleta se detuvieron junto al vehículo. El que iba atrás apuntó directamente a su cabeza. El arma falló al primer intento. Insistió varias veces hasta que los disparos salieron, mientras su padre maniobraba desesperadamente para esquivar las balas. Lozada denunció el atentado de inmediato, pero no recibió protección adicional. Human Rights Watch y la Unión Europea gestionaron finalmente su salida del país.Ambos casos señalan a una misma instancia: la presidencia del Consejo de la Judicatura, encabezada por Mario Godoy. Su gestión arrastra denuncias de irregularidades y posibles conflictos de interés, entre ellas las presiones denunciadas por el juez Carlos Serrano. En la Asamblea Nacional avanza un proceso de juicio político en su contra, promovido por el movimiento Revolución Ciudadana, aunque enfrenta resistencias. La candidatura de Godoy contó con el respaldo del Gobierno y su llegada al cargo estuvo rodeada de sospechas de interferencia política.La crisis se agravó el 13 de enero, cuando José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia y principal impulsor de Godoy, renunció tras perder el apoyo de sus colegas. Días antes de que el juicio político tomara forma, el presidente Daniel Noboa —de vacaciones— sugirió en la red social X que Godoy dimitiera. Godoy no lo hizo. En su comparecencia ante la Asamblea evitó responder a las acusaciones, leyó un discurso y se retiró sin dar explicaciones.La crisis judicial en Ecuador es una de las más graves de su historia reciente. Los tentáculos del narcotráfico han capturado instituciones clave y el poder de las mafias empieza a imponer el silencio sobre quienes intentan impartir justicia. En este contexto, juzgar no solo es un acto legal: se ha convertido en un riesgo de vida.