El INE rechaza revisar las candidaturas judiciales impugnadas por el Congreso hasta después de las elecciones

La batalla jurídica que inició el Congreso hace una semana, con la impugnación ante el INE de una veintena de candidaturas judiciales cuestionadas por la reputación de sus titulares, se ha saldado, de momento, en contra del Legislativo, controlado por Morena en ambas Cámaras. El organismo electoral ha rechazado oficialmente este jueves revisar la elegibilidad de los aspirantes en lo que respecta a cuestiones de fondo en este momento del proceso, con las boletas ya listas para los comicios del 1 de junio, y ha pospuesto cualquier fiscalización hasta después de la votación. “La certeza no es solo un ideal, es una condición indispensable para que las personas tengan confianza en nuestra labor. En este caso, se traduce en algo muy concreto: que quienes participen conozcan con claridad y anticipación cuáles son las reglas y cuáles son los requisitos y en qué momentos se verifican. Eso es lo que hoy estamos asegurando”, ha afirmado contundente la presidenta del Consejo, Guadalupe Taddei, dando carpetazo a un tema que ha agitado la política en las últimas semanas. Esto supone un batacazo para el oficialismo, que había manifestado, a través de la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, su deseo de que se revisaran algunas candidaturas “con alguna relación delincuencial” antes de que llegara la hora de votar, previendo el coste político de que alguno de los candidatos señalados por las organizaciones civiles por vínculos con el narcotráfico resulte elegido para cargos tan sensibles como el de juez. El partido del Gobierno intentó evitar ese escenario mediante la impugnación ante el organismo electoral de una veintena de candidaturas el pasado domingo bajo el argumento de que “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, en palabras del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pero el asunto le ha sido devuelto este jueves: el momento para determinar si cumplían o no ese requisito, ha insistido el INE, fue cuando los aspirantes se presentaron ante los comités de evaluación de los tres poderes, que debieron y de hecho aprobaron las candidaturas que posteriormente han tratado de impugnar. “Los requisitos de elegibilidad pueden ser analizados al momento del registro de las candidaturas y cuando se califica la elección”, ha determinado en su comunicado el organismo electoral, que sin embargo sí ha declarado procedente realizar las revisiones en la etapa de resultados. En el mismo documento, el Instituto ha aprobado la cancelación de 17 candidaturas: nueve por renuncias expresas de los contendientes y otras ocho por renuncias relacionadas con la incompatibilidad de las candidaturas, es decir, por haber sido postuladas para más de un cargo de elección judicial. A la espera de ver si el Tribunal Electoral respeta la decisión tomada por el pleno del organismo, el tira y afloja de las últimas semanas ha terminado y los aspirantes pueden encarar la fase final de las campañas con la certeza de que sus candidaturas se mantendrán en pie, a pesar de los esfuerzos del oficialismo para evitar que algunas de ellas lleguen al 1 de junio. “Si algo debe distinguir a este Instituto”, ha concluido Taddei como un dardo a la formación gobernante, “es que actúa libre de presiones, con autonomía técnica y estrictamente apegado a derecho”. El próximo 1 de junio se elegirá, por primera vez en la historia, a la mitad del plantel judicial del país por votación popular: son casi 900 cargos solo a nivel federal. La otra mitad será elegida en 2027 en unos comicios similares. El escenario que se abrirá el día después es todavía una incógnita, pero los expertos vaticinan grandes problemas en caso de que se intenten anular candidaturas que habían pasado el filtro inicial de los comités de evaluación bajo un criterio tan flexible como el de la buena o mala reputación. ¿Por qué si lo cumplieron en un primer momento han dejado de hacerlo meses después?, es la pregunta que se plantean. Serán los organismos electorales quienes deban responderla en cada caso, ahora ya con seguridad, nunca antes del 2 de junio.