Desde agosto del año pasado, la administración Trump fue amasando una directriz que le permitiría, cuatro meses más tarde, asestar uno de sus mayores golpes: la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, hoy sentado en el banquillo de los tribunales norteamericanos, señalado por conspiración narcoterrorista y de tráfico de armas.Ese mes, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para ejecutar operaciones militares contra carteles narcotraficantes, incluso en territorio extranjero.EE. UU. elevó la recompensa por Maduro de US$15 a 50 millones entre 2020 y agosto del año pasado. Foto:CortesíaLa salvaguarda (que sin una ley del Congreso sigue estando en una zona gris del DIH) fue su clasificación como Organizaciones Terroristas Extranjeras, un listado que durante años reservó la categoría de enemigo de Estados Unidos para grupos como ISIS o Al Qaeda —responsables de atentados como el de las Torres Gemelas—, pero que con el tiempo se fue ampliando hasta incluir estructuras netamente narcotraficantes o de multicrimen, como el ‘Tren de Aragua’.La directiva, firmada en secreto —según reveló The New York Times—, habilitó en principio a buques y cazabombarderos a rondar las aguas del Caribe y aniquilar supuestas narcolanchas. Un precedente de lo que después sería la intervención directa en Caracas, en la madrugada del 3 de enero, cuando fueron bombardeadas al menos nueve bases militares, abatido el anillo de seguridad cubano de Maduro y extraído el dictador para ser enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro cargos.Esta operación, bautizada como “Resolución Absoluta”, fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, que la calificó como una violación al Derecho Internacional Humanitario y a la Carta de las Naciones Unidas. Países como Brasil, Chile, España, Uruguay, México y Colombia exigieron respeto por la soberanía territorial. Y en la política interna norteamericana incluso se tachó de ilegal por saltarse la aprobación del Congreso. Estos pasos se buscaban suprimir a través de un proyecto de ley presentado por el representante Cory Mills, republicano de Florida, que ya fue enviado a la Casa Blanca y que permitiría al Ejecutivo ordenar operaciones militares o cinéticas en aguas internacionales y, potencialmente, en el territorio de otros países, si así lo determina el Presidente. Sin embargo, hasta su aprobación y de todo el marco regulatorio, este tipo de maniobras sigue operando en el limbo jurídico.Llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Foto:Archivo particularHasta el momento, los supuestos delincuentes con indictment en cortes estadounidenses eran capturados y procesados vía cooperación judicial. Solo en casos excepcionales, como ocurrió con Maduro y hace 35 años con el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, se hace a través de un intervención directa en territorio extranjero. En estos casos, según penalistas consultados, la supuesta ilegalidad del procedimiento podría quedar en un segundo plano, pues la Ley de Reclamaciones por Agravios a Extranjeros permitiría sortear ese debate y habilitar a un juez para procesarlo y condenarlo por la afectación a los intereses de Estados Unidos.Lo que viene en el proceso contra MaduroDespués de la audiencia de lectura de cargos, surtida el pasado 5 de enero, vendrá la solicitud de libertad bajo fianza, que —según expertos— sería negada por la gravedad de los delitos que se le endilgan al dictador. “Maduro no tiene la más mínima posibilidad de salir bajo fianza porque representa un altísimo riesgo de fuga. Lo primero que hará el fiscal en esa audiencia es mostrar el video en el que dice ‘vengan por mí’ y demostrar que estuvo huyendo, que intentó esconderse”, dijo Rick Díaz, penalista y exapoderado de otro jerarca del régimen chavista, Alex Saab.Superada esa etapa, el proceso avanzará hacia lo que se conoce como el arraignment, la presentación formal de cargos. Allí, ya con su abogado permanente, se declarará no culpable, solicitará un juicio por jurado y exigirá la entrega de todas las pruebas documentales y testimoniales.Maduro se declara inocente en Nueva York Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia