Morigerando su reacción inicial frente a la información obtenida de los computadores del cabecilla disidente Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, el presidente Gustavo Petro —quien en un principio había señalado la revelación como falsa— pidió a la Fiscalía realizar un examen forense para determinar la trazabilidad de los archivos.”Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, dijo Petro durante el Consejo de Ministros del pasado 25 de noviembre.Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI. Foto:Archivo particularEl primer mandatario se refería a las presiones por la supuesta infiltración de las disidencias de ‘Calarcá’, con las que mantiene acercamientos de paz, en el Departamento Nacional de Inteligencia y en el Ejército. Los funcionarios señalados por los líderes disidentes como presuntas fichas de su estructura son Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia del DNI, y el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, ambos ubicados en el ala dura del petrismo.Los informes técnicos son elaborados por miembros de la Dijín o de la policía judicial encargada y tienen como objetivo develar la trazabilidad de los archivos. Para ello, se revisan discos duros, computadores, teléfonos, chats y correos para determinar la autenticidad de la información y establecer si ha sido alterada, manipulada o falsificada.“Se analizan metadatos para determinar fechas, autores, dispositivos utilizados, modificaciones realizadas y rutas de acceso a la información. Esto permite entender cuándo, desde dónde y por quién fueron creados o modificados los archivos que serán objeto de análisis. Cabe destacar que los dispositivos incautados a Calarcá han permanecido bajo custodia de la Dijín desde 2024”, señaló el exviceministro de Justicia y exinvestigador del DAS, Camilo Rojas.General Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal (Coper) del Ejército Foto:Archivo particularSegún fuentes de estas dependencias, la Dijín habría elaborado más de cinco informes técnicos sobre esta información y el último se entregó a una fiscalía especializada de Medellín el 26 de junio pasado. Sin embargo, la sensación de la opinión pública de que la investigación no ha avanzado —o no lo suficiente— ha generado controversia, dado que los archivos estaban bajo su custodia desde 2024, cuando fueron decomisados durante el operativo de captura de alias ‘Calarcá’, mientras se movilizaba en camionetas de la UNP con armas y dinero, en la vía que conecta Sisneros con Anorí, Antioquia.Posteriormente quedó en libertad por una circular que lo designaba como negociador de paz.”El resultado del informe técnico puede tener múltiples implicaciones. Si se confirma la autenticidad de los correos y chats, la evidencia podría ser usada en juicios e investigaciones que adelanta la Fiscalía. Además, podría revelar el nivel de infiltración institucional que se presume existe, con implicaciones políticas y de seguridad nacional”, señaló el exinvestigador Rojas.Por el contrario, si se detecta que la información fue manipulada, alterada o presenta inconsistencias, “esto podría invalidar las acusaciones en las que se basaron las investigaciones, generando un debate sobre la seguridad institucional, la vigilancia de la información, los metadatos y la inteligencia y contrainteligencia del Estado”.Fundador de Fundación San José habla sobre Juliana Guerrero Foto:Paralelo a este debate, juristas cuestionan la orden del Presidente a la Fiscalía, incluso cuando solicita verificar la información, y advierten sobre una posible injerencia en el poder judicial en una investigación en la que se le menciona, pues las comunicaciones de los ilegales hacen referencia a una supuesta financiación de su campaña.“No es competencia del señor Petro dar órdenes ni sugerir siquiera que la Fiscalía, como ente persecutor de la investigación penal, adelante ciertas actividades, y mucho menos interferir indebidamente en el desarrollo de un proceso judicial”, señalaron.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia