La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.El excanciller Álvaro Leyva Durán fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría, que ratificó que la decisión de declarar desierta la licitación careció de fundamento legal y desconoció los principios que rigen la contratación estatal.Pese a la decisión del excanciller, que le costó la inhabilidad y ahora una imputación, el gobierno Petro le dio a Thomas Greg un nuevo contrato bajo urgencia manifiesta hasta abril del próximo año para expedir los pasaportes y en mayo se daría inicio al nuevo modelo a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de Moneda de Portugal.En cuanto a las razones de la Fiscalía para imputarlo, el exfuncionario habría sido responsable de emitir varios actos administrativos contrarios a la ley en el proceso de licitación pública destinado a “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.El excanciller Álvaro Leyva. Foto:OEA¿Por qué Álvaro Leyva fue destituido?Por las irregularidades cometidas en la licitación para adjudicar el contrato de impresión de pasaportes, la Procuraduría sancionó al excanciller Álvaro Leyva con una inhabilidad y destitución para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que fue apelado por su defensa.Este escándalo nació en septiembre de 2023, cuando el excanciller del Gobierno Nacional declaró desierta ,bajo la Resolución 7485, la licitación de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos, debido a que estaría direccionada a beneficiar a la empresa Thomas Greg, que durante 17 años ha mantenido este negocio.El excanciller Álvaro Leyva, en declaración libre en la Procuraduría por el caso de Pasaportes. Foto:César Melgarejo/ El TiempoSegún Leyva, ese freno lo hizo para salvaguardar los recursos estatales, pues al parecer todo estaba acomodado para que la compañía se quedara con la jugosa contratación. Pero para la Procuraduría, con ello pudo haber vulnerado principios establecidos en la ley de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad.Posterior a ello, y para garantizar la expedición de este documento durante 12 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta bajo una resolución que también fue objeto de reparos -la 7541 del 14 de septiembre-. Con esa decisión, al parecer también incurrió en una vulneración a los principios que rigen la contratación estatal.Redacción Justicia