La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener el sometimiento del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, tras considerar que sus aportes de verdad aportan elementos relevantes sobre las relaciones entre sectores políticos, empresariales y paramilitares en la región Caribe.La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas después de analizar la audiencia única de aporte a la verdad plena realizada los días 20 y 21 de febrero de 2025.En sus declaraciones, Ashton reconoció haber participado en acuerdos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estructura dirigida por Edgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García Ávila, comandante político de esa organización.Según el exsenador, señaló la JEP, los pactos de carácter político, económico y electoral permitieron a esas estructuras ilegales incidir en la administración pública y en procesos de elección popular en Atlántico y otros departamentos del Caribe.JEP Foto:CortesíaEl compareciente, sometido a la JEP de forma voluntaria, admitió su responsabilidad política y moral, comprometiéndose a participar en proyectos de reparación y memoria histórica. La Sala valoró estos aportes por su contribución al entendimiento de los mecanismos que facilitaron la infiltración de las Auc en instituciones públicas.En su intervención, Ashton señaló a varios dirigentes políticos y empresarios que, según él, habrían tenido vínculos con las estructuras paramilitares.De acuerdo con la JEP, el excongresista mencionó a los senadores Efraín Cepeda Sarabia, Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, David Char Navas y Jorge Gerlein Echeverría, indicando que “todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”, afirmó.El exsenador también se refirió a la actuación de Armando Benedetti Villaneda en el trámite de la Ley 975 de 2005, al señalarlo como impulsor de artículos que, a juicio de Ashton, beneficiaban los intereses de las Auc. Mencionó igualmente al exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, y a su jefe de planeación, José Pérez Orozco, así como a los empresarios David Name Terán, Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y Javier Haddad, quienes habrían tenido distintos niveles de relación con el Bloque Norte.Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEPDe acuerdo con lo expuesto ante la JEP, Ashton también nombró a exfuncionarios y mandatarios regionales como Trino Luna Correa, Neyla Alfredina Soto Ruiz, Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Noya Zabaleta, por supuestos acuerdos o desvíos de recursos en beneficio de los grupos armados. En su relato, vinculó las reformas políticas de 2003 con el fortalecimiento de partidos que, según dijo, sirvieron de vehículo a las autodefensas. “Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para ir orientado el propósito fundamental de las autodefensas, que era el de la refundación del país de tomarse desde arriba el poder”, aseguró.Entre los escenarios de articulación mencionados por el compareciente aparece la logia masónica de Barranquilla, que habría funcionado como espacio de encuentro entre empresarios, dirigentes locales y miembros del Bloque Norte. Ashton afirmó que “la masonería servía como escenario de influencia social y de legitimación pública” para concretar acuerdos de cooperación electoral y económica.El exsenador también se refirió a la participación de miembros del Gaula Militar, entre ellos el mayor Jesús Orlando Barón, y a la influencia paramilitar en instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A, que, según dijo, fueron utilizadas para obtener control político y financiero. “Hoy (…) la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, señaló. LEA TAMBIÉN La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que los aportes de Ashton permiten avanzar en el esclarecimiento del fenómeno de la parapolítica en el Caribe colombiano, al describir los nexos entre poder político, económico y estructuras armadas ilegales. En sus palabras, Ashton reconoció que contribuyó “a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley” y ofreció “perdón público a todos y cada uno de los ciudadanos de Barranquilla”.Luego de contrastar la información entregada, la JEP dispuso levantar la reserva de la audiencia de aporte a la verdad, cuya publicación se realizará en los canales oficiales de la jurisdicción. Además, ordenó remitir copias de las declaraciones de Ashton a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si corresponde abrir investigaciones penales frente a las personas mencionadas.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.com