En un preocupante informe de los alcaldes del país, al que EL TIEMPO tuvo acceso, se revela que el presupuesto del sector defensa tuvo una caída de cerca del 20 % entre 2024 y 2025, lo que equivale a 917.000 millones de pesos menos para la seguridad nacional. El recorte afecta directamente la operatividad e inteligencia de la Fuerza Pública, y ha derivado, según advierten los mandatarios locales, en una visible disminución del pie de fuerza en las calles de las principales ciudades del país. Este señalamiento fue hecho de forma conjunta por los mandatarios locales en una reunión de Asocapitales, donde, además, denunciaron la creciente desconexión entre el Estado central y los territorios. “Nos preocupa la inseguridad que golpea nuestras ciudades, los ataques recientes y la disminución real de la fuerza policial”, expresó Alejandro Eder, alcalde de Cali y presidente de la asociación.El reclamo se da en momentos en que el país enfrenta atentados terroristas, violencia urbana e incursiones armadas, que no dejan espacio para interpretaciones: hay menos policías en las calles, menos recursos y más riesgos.Cifras nacionales vs. las localesDesde la Policía Nacional se afirma que el número de uniformados pasó de 183.483 en 2015 a 185.630 en 2025, y que para el segundo semestre del año se prevé el ingreso de 7.000 patrulleros más, lo que elevaría la cifra a 190.000. No obstante, esas estadísticas —según denuncian los alcaldes— no se traducen en vigilancia real en las calles ni en respuesta efectiva a la crisis de seguridad urbana.El alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el subdirector de la Policía Nacional. Foto:Alcaldía de CaliUn análisis de las cifras consultadas por este medio a las policías metropolitanas de tres de las ciudades más importantes revela una tendencia preocupante. En Bogotá, el pie de fuerza ha caído de 19.245 policías en 2015 a 16.650 en 2025. En Medellín se pasó de 9.700 a 8.651 uniformados en ese mismo periodo, mientras que Cali reporta una reducción de 6.669 a 6.200 policías, justo cuando enfrenta una oleada de violencia relacionada con grupos armados ilegales, tanto en la ciudad como en municipios cercanos.La situación se agrava si se compara con el crecimiento poblacional. Según datos recientes del Dane, Colombia ya supera los 52 millones de habitantes, y las ciudades capitales concentran buena parte de esa población. Bogotá, por ejemplo, cuenta actualmente con 7’905.000 habitantes, Medellín con 2’634.000 y Cali con 2’285.000. La reducción del pie de fuerza, en proporción al aumento demográfico, evidencia un rezago institucional que impacta directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.De hecho, los estándares internacionales de Naciones Unidas establecen como ideal una tasa de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Ninguna de las tres ciudades analizadas alcanza ese umbral.La Policía tiene menos uniformados en las capitales. Foto:iStockSi se aplicara ese indicador, Bogotá necesitaría al menos 23.715 uniformados; Medellín, más de 7.900; y Cali, cerca de 6.855 solo para cumplir con ese estándar mínimo. Las cifras actuales muestran que todas están por debajo, con déficits que se traducen en menor vigilancia, menos patrullaje y más terreno libre para el accionar de la delincuencia.La reducción del pie de fuerza también ha coincidido con un aumento de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y atracos masivos. En Bogotá, según cifras de la alcaldía, la baja operatividad ha afectado la capacidad de reacción y disuasión en zonas críticas de la ciudad.En Jamundí, epicentro de la ofensiva del frente ‘Jaime Martínez’, la llegada de 600 policías anunciada por el alcalde de Cali apenas sirve para contener temporalmente una crisis estructural.Policías en Bogotá. Foto:AlcaldíaMenos plata, menos policíasSegún lo que señaló Asocapitales a EL TIEMPO, más de 7.500 policías adscritos a la Dirección de Protección —dedicados a esquemas de seguridad personal— están incluidos en la cifra nacional como si prestaran servicio de vigilancia en las calles.A esto se suma el rezago presupuestal, que asciende a 5,3 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones corresponden a reservas no ejecutadas y 337.000 millones a cuentas por pagar, según información del Ministerio de Hacienda. Estos recursos, que deberían estar fortaleciendo la capacidad operativa de la Fuerza Pública, permanecen bloqueados o sin ejecutar en medio de una crisis de seguridad cada vez más visible.Los aplazamientos más recientes se formalizaron mediante el Decreto 069 de 2025, que establece un recorte adicional de 785.000 millones de pesos: 291.000 millones en funcionamiento y 493.000 millones en inversión. A esto se suma que la Policía Nacional tuvo que aplazar otros 132.000 millones de pesos solo en funcionamiento, afectando su capacidad directa de respuesta territorial.Alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto:Alcaldía de Cali y MindefensaA pesar de que la apropiación inicial para 2025 era de 2,49 billones, el recorte sobre esa base profundiza una tendencia de debilitamiento estructural. En contraste con la magnitud del desafío en las calles, la inversión real en seguridad representa solo el 5% del presupuesto del sector defensa, mientras el 95% restante se destina a funcionamiento.Mientras la inversión en defensa y policía cae, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha tenido un comportamiento presupuestal diferente. Entre 2022 y 2023, el sector cuadruplicó sus recursos, y aunque entre 2024 y 2025 se registró una leve reducción del 8 %, el promedio de inversión subió del 7 % al 20 % del total de su presupuesto. Es decir, inteligencia avanza, pero la capacidad operativa visible —la que patrulla y previene en territorio— se reduce.Paradójicamente, la proporción de inversión del sector inteligencia supera en casi cuatro veces a la del sector defensa. En un contexto de criminalidad creciente y ocupación armada de territorios urbanos, esta asimetría en la asignación de recursos desconecta la estrategia de seguridad del impacto real sobre la ciudadanía.Policía en Barranquilla. Foto:Prensa Alcaldía de BarranquillaCésar Niño, experto en seguridad, sostiene que la caída del pie de fuerza urbano no es solo numérica, sino también táctica. “La reducción de agentes y la falta de operatividad real en muchos territorios ha permitido el avance de economías ilegales y estructuras armadas que hoy controlan fragmentos enteros de ciudades. Sin inteligencia no hay seguridad”, advierte.A pesar del recorte presupuestal desde el nivel central, las ciudades han intentado cerrar la brecha. Así lo indicaron los alcaldes, quienes explican que en la mayoría de capitales se ha incrementado el presupuesto local para seguridad en más del 30 %, y en Medellín, Cali y Barranquilla el incremento ha sido, incluso, hasta del 100 %. Sin embargo, los refuerzos locales no han logrado revertir la tendencia de deterioro operativo.En Barranquilla, por ejemplo, el área metropolitana cuenta con 5.600 policías, y el último refuerzo llegó en 2024 con 120 hombres asignados al Gaula. Allí también se ha sentido el aumento del delito, en especial en Soledad y Malambo.Esta situación se replica en otras capitales como Cúcuta, Cartagena, Neiva, Popayán y Pereira, ciudades en las que los alcaldes ya advierten que la seguridad urbana se sostiene con pinzas.Justicia y Nación – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com
