La CNTE se parte en dos y abre de nuevo la puerta al boicot a las elecciones judiciales

Fumata negra en la asamblea de la CNTE. Tras ocho horas reunidos e importantes tensiones en el tramo final, los maestros de la Coordinadora Nacional han concluido la reunión interna sin un acuerdo claro sobre la respuesta al documento que llevó el Gobierno mexicano a la mesa de negociación este miércoles por la tarde. El sindicato se ha fracturado en torno al punto clave, si intervenir o no en las elecciones judiciales del domingo, y las delegaciones se han replegado para consultar con sus bases cómo quieren proceder. Sí se ha acordado, en cambio, realizar una marcha este viernes a las nueve de la mañana desde el Ángel de la Independencia, en la Avenida Reforma de Ciudad de México, hasta el Zócalo capitalino. La protesta se replicará también en los Estados con diferentes bloqueos. La amenaza de boicotear los comicios del domingo parecía conjurada el miércoles, pero se ha impuesto finalmente entre los sectores más radicales del sindicato, que la han devuelto a la mesa en la asamblea conjunta. “No estamos en una posición de boicot”, dijo el portavoz de Ciudad de México, Pedro Hernández, al finalizar la reunión con los responsables de Gobernación, Educación y el ISSSTE la tarde anterior. Aunque se desconoce qué delegaciones han impulsado la opción más combativa, el duro tono con el que la representante de Oaxaca se ha dirigido estos días al Gobierno indican que este podría ser uno de los comités que han empujado por llevar el pulso hasta el final. Oaxaca es el contingente más numeroso, con un apoyo en el Estado del 95%, y el único que este jueves mantenía las movilizaciones en la Avenida Reforma de la capital, donde el plantón nacional suma ya 15 días. El Gobierno se ha mantenido en un silencio prudente casi todo el día, a excepción de un par de comunicados donde reiteraban lo expuesto en las negociaciones del miércoles, y de una breve entrevista del secretario de Educación, Mario Delgado, en Enfoque Noticias, en la que se ha mostrado preocupado por “los niños sin clase”. “Me parece muy injusto para ellos y para las familias”, ha enfatizado antes de afirmar que el único plan B con el que cuentan es que el sindicato “entre en razón” y siga trabajando y dialogando. La presidenta, Claudia Sheinbaum, tampoco se pronunció durante su conferencia matutina sobre la reunión del miércoles ni sobre las posibles respuestas de la CNTE, a la espera de que fuera la propia Coordinadora quien diera el siguiente paso. La invitación “formal y pública” con la que el Gobierno pretendía forzar al sindicato a sentarse a la mesa antes de las elecciones judiciales ha terminado partiendo en dos el consenso interno con el que habían actuado hasta ahora. No lo suficiente, no obstante, para que decidan actuar por separado. Las movilizaciones de este viernes convocarán a todas las delegaciones desplegadas en la capital y también buscarán el respaldo entre las que se quedaron en los Estados, en una última demostración de fuerza antes de un fin de semana que se antoja sensible y complicado para todos los actores involucrados. Los representantes de los maestros en la Coordinadora también han llamado al resto de los sectores públicos a sumarse a las movilizaciones, habida cuenta de que la ley del ISSSTE que buscan derogar les afecta también a ellos. La presidenta tendrá que contener la respiración hasta el último momento. La asamblea nacional de la Coordinadora no volverá a reunirse hasta el sábado, la misma víspera de la jornada electoral, por lo que la amenaza de boicot, con toda probabilidad, no se despejará hasta entonces. La delegación capitalina ya debate internamente qué posición tomar, mientras que otras, como la de Oaxaca, enfrentarán el dilema mañana a primera hora de la mañana. El desacuerdo en torno al plan de acción no rompe, sin embargo, el consenso total en torno al objetivo final de las protestas: el regreso al ámbito público de las pensiones de los trabajadores públicos, que desde la reforma de 2007 del Gobierno de Felipe Calderón son gestionados en su mayoría por las administradoras privadas o Afores a través de cuentas individuales. Al cierre de marzo, estas entidades manejaban 7,3 billones de pesos correspondientes a las cuentas de ahorro de los trabajadores. Este es el punto en el que se atascan todas las conversaciones con el Ejecutivo que, aunque es contrario a la reforma calderonista, considera que las arcas públicas no pueden hacer frente a un regreso integral al modelo anterior. La terna que compone la delegación del Gobierno encargada de las negociaciones ofrece a cambio una batería de propuestas que no suponen un aumento del gasto tan grande, como un incremento de los salarios del 10%, la congelación de la edad de jubilación para la parte del gremio que permanece en el sistema anterior o la ampliación de las vacaciones en una semana. La medida principal, sin embargo, contempla completar las exiguas pensiones privadas, de en torno a 4.000 pesos las más bajas, con el fondo de pensiones del bienestar hasta alcanzar el salario medio del IMSS, actualmente en 17.000 pesos. Estas propuestas, que siguen la línea de las que implementó López Obrador en su sexenio, buscan revertir los aspectos más nocivos de la ley de 2007 sin tener que derogarla o modificar su núcleo. Para los maestros sigue resultando insuficiente, pues consideran que son paliativos que no atacan el problema de fondo. En ese punto encallan todas las negociaciones, que iniciaron hace más de dos meses y que, por el momento, han desembocado en una huelga indefinida que va camino de los 16 días. En el fuego cruzado se encuentra una ciudad que achaca el cansancio de dos semanas de bloqueos y que pide impaciente el acuerdo final.