En la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las cabezas de las altas cortes se reunieron en un evento académico, en la Universidad Externado, para rememorar estos eventos desde la perspectiva del tiempo, con las lecciones democráticas de un hecho que cambió la historia judicial del país.El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejiro, hizo un llamado a la reflexión sobre la gran víctima, que fue Colombia, de el peor ataque contra su médula espinal, la democracia. “Hoy, las palabras del presidente de la Corte Suprema, magistrado Reyes Echandía, cobran más relevancia que nunca: ‘que cese el fuego’”, dijo.Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema Foto:Néstor Gómez- El TiempoEl presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, recordó la toma y retoma, los 6 y 7 de noviembre de 1985 como “una herida fundacional”.“Por esa época, la Corte Suprema de Justicia cumplía funciones de juez constitucional, el país afrontaba una violencia política, asumía serios ataques del narcotráfico, que ya habían cegado la vida del ministro de Justicia Lara Bonilla, y los magistrados y consejeros de estado eran amenazados por el proyecto del tratado de extradición”, señaló el magistrado Ibáñez.La cabeza de la Constitucional recalcó en la responsabilidad de la guerrilla del M-19, en el holocausto. “Lo decimos sin ambages, con base en las investigaciones, el principal responsable del acto terrorista fue el movimiento guerrillero”, afirmó.
“A la operación de toma, le siguió una operación de retoma que generó un descomunal combate donde había más de 350 personas civiles. Esta operación se ejecutó de manera improvisada, irrazonable y sin reparar el pedido del cese al fuego formulado por los presidentes de las altas cortes, hasta el punto de no permitir la intervención de los organismos de socorro”, agregó el magistrado.Jorge Enrique Ibáñez. Foto:CEETIbáñez afirmó que el Estado colombiano ha sido condenado por la acción de medida de la operación de retoma y porque obró equivocadamente la Fuerza Pública en el operativo que se caracterizó por la “anarquía de las unidades que intervinieron”. No obstante esta responsabilidad del país, dijo el presidente de la Corte, solo hasta el año 2000 se adelantaron las investigaciones penales contra los militares.Ibáñez cuestionó los vacíos judiciales que persisten 40 años después como las investigaciones contra los funcionarios que retiraron la seguridad del Palacio y la identificación plena de los cuerpos de las víctimas.Así mismo, reparó en las faltas a la verdad, un flanco que ha sido epicentro de debate por las versiones que ha difundido el jefe de Estado, exM-19, sobre el holocausto. “Se ha querido deformar la historia. La toma de Palacio no fue una acción genial, sino demencial”, señaló el magistrado, refiriéndose al comentario del presidente Gustavo Petro quien, según una anécdota que se difundió, en una reunión con el magistrado de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, se refirió a la toma como “una insurrección” del movimiento.“La violencia contra la justicia se defiende con justicia, no con silencio”, agregó Ibáñez. Y puso de presente la violencia que sigue existiendo contra la Rama por las decisiones que toman en derecho “Los discursos de odio contra jueces, sea cual sea el blanco, son síntomas que no podemos permitir”.Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPOEl vicepresidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, recordó el dolor de las familias de las casi 100 víctimas, entre ellas los 11 magistrados y las sentencias que desde el contencioso administrativo se emitieron para garantizar la reparación al daño.El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Tamayo, por su parte, dijo que “los dolorosos hechos que enmarcan la toma y retoma deben ser recordados para no repetirse jamás”.“No podemos olvidar que la toma del Palacio de Justicia no fue un hecho sorpresivo y, contrario a reforzar las medidas de seguridad, se retiró la que había. Como dijo nuestro nobel de literatura, fue una crónica de una muerte anunciada”, dijo el magistrado Tamayo.‘La violencia contra los jueces son síntomas que no podemos permitir’. Foto:Archivo particular.Enumeró los hechos que le cobraron la vida, según la Comisión de la Verdad, a un centenar de personas. La incursión armada de la guerrilla, la toma desproporcionada de la Fuerza Pública, el uso de explosivos y las criminales acciones de inteligencia y el incendio y la incineración de los cuerpos que desaparecieron a 11 personas que hoy en día sus familias siguen buscando.“Las instituciones siguen fuertes y es nuestra responsabilidad, en honor a quienes fueron asesinados, de ejercer nuestras funciones convencidos del papel primordial que tenemos en la defensa de la Constitución y de los derechos”, agregó el magistrado.El presidente de la Judicatura, magistrado Jorge Enrique Vallejo, hizo un homenaje a las víctimas, a los magistrados que ejercen actualmente como jueces y, en general, a todos los servidores judiciales.“El país ha venido fortaleciéndose en su democracia. Algo bueno está pasando en Colombia, algo poderoso está ocurriendo en esta patria. A ustedes, colegas, gracias por analizar y reflexionar sobre lo que vale la pena defender y seguir construyendo”, sostuvo el magistrado Vallejo.Finalizó reprochando a quienes “ven grandeza” en un hecho que significó el “asesinato de la razón” por el terrorismo que “le debe la verdad al país”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia