Para la magistrada Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, debía ratificarse la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por esa razón, salvó voto y se apartó de la ponencia mayoritaria del magistrado Manuel Antonio Merchán, apoyada por la magistrada Alexandra Ossa. Sin embargo, una serie de trinos que salieron a la luz, en los que hace seis años se refirió al caso, desató la polémica sobre si debió declararse impedida.Una de las opiniones, que incluye un criterio jurídico sobre uno de los puntos más debatidos en la apelación, se refirió a las interceptaciones “por error” ordenadas por la Corte Suprema de Justicia al excongresista Nilton Córdoba Manyoma, que terminaron ‘chuzando’ la línea de Álvaro Uribe Vélez.Varios congresistas se manifestaron sobre la absolución por medio de X Foto:ARCHIVO PARTICULARAunque la jueza de primera instancia, Sandra Liliana Heredia, las avaló como un hallazgo imprevisto, el Tribunal de Bogotá las consideró ilegales y, al no tener sustento en una orden judicial, violatorias del derecho a la intimidad.El 18 de septiembre de 2018, la magistrada Leonor Oviedo trinó: “No creo que sea un error, es el simple seguimiento a un número que por el contexto se hacía necesario”.Según juristas consultados por este diario, aunque la publicación fue hecha hace seis años y en ese momento la magistrada no sabía que el caso llegaría a su despacho, debió declararse impedida, pues emitió una opinión jurídica previa sobre el expediente que luego tuvo que revisar.”En algunos medios hemos conocido que desde la cuenta de X de la magistrada se profirieron algunas opiniones previas sobre el asunto que luego conoció como jueza. Desde luego que ella está en todo el derecho de expresar por donde quiera sus opiniones, pero ese derecho tiene un correlativo deber que era el de haberse declarado impedida por públicamente haber expresado sus opiniones en relación con hechos que conocería en calidad de magistrada. Creo que allí falló”, le dijo a este diario el penalista Fabio Humar. Para el exfiscal Francisco Barbosa, “los funcionarios judiciales deben acogerse al principio de imparcialidad”. “Cuando estuve en la Fiscalía le asigné el caso al fiscal Víctor Salcedo, quien se declaró impedido porque había escrito un artículo sobre el proceso de Álvaro Uribe cuando era profesor universitario, y yo le acepté el impedimento. Si uno se pronuncia sobre un tema que luego debe fallar, tiene que declararse impedido”, señaló.El expresidente Uribe, la juez Sandra Heredia y los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Foto:Archivo particular y redes socialesPara el penalista Francisco Bernate, “sí es una causal de impedimento haberse pronunciado sobre el caso en concreto que falló como juez”. Por esta razón, considera que lo deseable habría sido que la magistrada lo pusiera de presente, “por una cuestión de delicadeza”.Sin embargo, no cree que esta omisión encaje en la conducta penal de prevaricato, por la cual fue denunciada. La acción fue presentada por el abogado Eduardo Castillo González, quien sostiene que la magistrada publicó en redes sociales varias opiniones sobre el caso del que luego emitió una valoración como jueza.Este mismo criterio lo comparte el exprocurador Carlos Arrieta, quien considera que atribuirle una conducta punible es desproporcionado, pues la magistrada expresó sus opiniones sin dolo. Aun así, advierte que estas se mueven en un filo cercano a la causal de impedimento, ya que “aunque referirse a las interceptaciones puede entenderse en un contexto (año 2018) en el que ese tema era la punta de lanza de las discusiones jurídicas, haber dejado entrever una posible animadversión política contra el acusado sí podía haberla obligado a apartarse del debate”.De hecho, la magistrada respondió públicamente a una publicación del expresidente en la que aseguraba que durante su carrera política “había manejado los recursos del Estado con transparencia”. La jueza señaló: “No pensaba reírme tanto (…) por eso siento rabia con la corrupción”.Para Arrieta, es posible que la omisión del impedimento dé paso a investigaciones disciplinarias contra la magistrada Leonor Oviedo. Sin embargo, serán los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial quienes determinen si las expresiones que hizo públicamente pudieron influir de fondo en el caso.Trump versus Petro: ¿qué está en juego? Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia