La inédita sanción del Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente, que castigó a las cabezas y a los partidos de la coalición por violar los topes electorales, fue recibida con negación en el petrismo. “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa”, señaló el jefe de Estado en X, insistiendo en que a su empresa política “no entró un solo peso del narcotráfico”, aun cuando ese no fue el motivo de la penalización.El tribunal electoral encontró que, en primera y segunda vuelta, la campaña que sentó al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño se desfasó en más de 6.000 millones de pesos el tope permitido. Y sancionó al gerente de campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), a la tesorera Lucy Aydée Mogollón, a la auditora María Lucy Soto, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).Miembros del Pacto Histórico durante radicación de la petición de fusión en el CNE. Foto:Prensa María José PizarroEl primer mandatario y sus alfiles políticos —entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti— rechazaron la decisión de la autoridad administrativa, calificándola como una retaliación política contra la izquierda. “Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico, que ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y, lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, trinó el Presidente.Lo cierto es que el fallo administrativo queda en firme mientras una autoridad judicial no decrete una medida cautelar que suspenda su ejecución, como ocurrió en las etapas iniciales del proceso con el pliego de cargos del CNE que incluía al Presidente como responsable.La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió primero suspender sus efectos y, después, excluir al jefe de Estado, al ratificar que la Comisión de Acusaciones es su juez natural y la única competente para investigarlo.Por ahora, ante el CNE solo procede el recurso de reposición, que tendría que ser resuelto por los mismos ponentes: los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Sin embargo, al tratarse de un acto administrativo, los afectados pueden demandarlo ante el Consejo de Estado, que deberá revisar si la decisión se ajusta a la legalidad.Presidente Gustavo Petro reaccionó a decisión del CNE Foto:CNE/ PACTO HISTÓRICO/PRESIDENCIA“Puede tener control judicial en el entendido de que los interesados o afectados pueden demandar esa resolución ante lo contencioso administrativo para que se revise todo lo actuado por el Consejo Nacional Electoral. Así, ante el Consejo de Estado podría tramitarse una acción de nulidad o la que corresponda, según las interpretaciones que se desprenden de la decisión del CNE”, le dijo a este diario el exregistrador Alfonso Portella.Pero el proceso allí parte de que el acto es legal y los accionantes tendrán que demostrar los yerros del tribunal electoral o sus actuaciones contrarias a la Constitución. La última carta, según juristas consultados por este diario, sería una tutela alegando la vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, tendría poco asidero jurídico para prosperar, pues para impugnar un acto administrativo existe la demanda de nulidad ante el contencioso. Y uno de los filtros clave para que un juez estudie una tutela es que no existan otras vías jurídicas para proteger los derechos invocados.Expertos, sin embargo, reprocharon la reacción del Presidente frente a la decisión del CNE. “El Presidente está equivocado porque el Consejo Electoral es una autoridad y debe acatarla. En lugar de decir que no la acata, debe acudir a la justicia, no a X”, señaló el abogado Hollman Ibáñez.Fiscalía imputará y pedirá cárcel para los exministros Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia