La seguridad nacional fragmentada | Sociedad

La crisis sanitaria por un brote de peste porcina africana en Cataluña vuelve a plantear la cuestión de cómo se enfrenta en España la gestión de crisis por una emergencia. En poco más de un año, hemos sufrido al menos tres emergencias de relevancia en nuestro país, que han puesto a prueba el sistema de gestión de crisis: la dana de Valencia, el gran apagón de abril y ahora la emergencia por peste porcina africana (PPA) en Cataluña.Ninguna de las tres crisis ha merecido ser declarada por el Gobierno de España como una emergencia nacional por los dos mecanismos de los que dispone, por el Sistema de Seguridad Nacional o por el Sistema Nacional de Protección Civil. Todo ello a pesar de las consecuencias, incluso en vidas humanas como en la dana, y los recursos que ha habido que movilizar de toda España para hacerles frente.Toda esta gestión de crisis descargada en las comunidades autónomas tiene su origen en la negativa de los grupos nacionalistas a que sea el Gobierno de España la máxima autoridad en cuestiones de seguridad, aunque finalmente acaben afectándonos a todos.Respecto a la última crisis, que la peste porcina no sea transmisible a los humanos por ninguna vía es la única buena noticia. A partir de ahí, todo son preocupaciones, porque la peste porcina africana es altamente contagiosa —puede producir la muerte del 100% de los animales afectados—, por lo que está incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria a la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA). Es decir, afecta a la seguridad sanitaria, uno de los ámbitos de especial interés de la seguridad nacional.No es tampoco un tema menor porque España es el tercer productor mundial de carne de cerdo, solo por detrás de China y Estados Unidos, y uno de los tres principales exportadores mundiales de productos porcinos, además de líder mundial en exportación de jamón ibérico y serrano. Aragón, Cataluña y Castilla y León, por este orden, son las tres comunidades autónomas con mayor número de animales, concentrando el 65,6% del censo nacional porcino. La peste porcina tiene un largo historial mundial de provocar pérdidas devastadoras: por los animales afectados o sacrificados en previsión, por el impacto económico en granjas y ganaderos, en el empleo, en restricciones a las exportaciones y por la necesidad de ayudas públicas para el sector. A esta gravedad del alcance, se une la de su causa, ya que se está valorando la hipótesis de que el virus pueda proceder de una fuga, intencionada o no, de un laboratorio de alguno de los centros de investigación en la zona.Hay que ser conscientes de que el foco del brote de la PPA se da en Cataluña, pero, a los efectos europeos e internacionales, la peste porcina africana está en España, con todo lo que ello supone para el conjunto del sector y sus exportaciones. A quienes les parezca exagerado recurrir a la gestión de crisis del Sistema de Seguridad Nacional, hay que recordar también que, además de que la ley está vigente, hay que coordinar además el despliegue en Cataluña de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el envío de un grupo de expertos veterinarios de la Comisión Europea y la reciente entrada en escena del Seprona de la Guardia Civil, para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales. En total, hay un mínimo de cinco Ministerios concernidos en la gestión de esta crisis, incluido el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que depende el CSIC, que está liderando el desarrollo de una vacuna contra la peste porcina. Si no se activa el marco de Seguridad Nacional ante una crisis de esta naturaleza, lo que falla no es la ley, sino la voluntad y la capacidad de quien debe aplicarla.Carecemos en España de una tradición imprescindible: reconocer y utilizar la fortaleza del Sistema de Seguridad Nacional en una gestión de crisis. También de la práctica de simulacros periódicos cooperativos para que haya madurez en el rodaje y experiencia en la gestión. El trabajo entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España está funcionando, sí, pero como se hacía hace diez años, antes de la aprobación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Porque esta ley se aprueba para que en España dispongamos de una regulación normativa integral para hacer frente a los actuales complejos desafíos de seguridad, que exigen una coordinación reforzada entre las diferentes Administraciones estatal, autonómica y local.Una última reflexión, para finalizar. En la gestión de una crisis, lo que debe exigirse no es solo la máxima coordinación, sino la máxima eficiencia. Para eso están las leyes, las estrategias y los protocolos. El Departamento de Seguridad Nacional informa en su web de un modelo avanzado de gestión de crisis que incluye la integración de las comunidades y ciudades autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional. Parece que nadie se lo haya leído. Lo que hemos comprobado en las tres últimas crisis sufridas, la dana, el gran apagón y la peste porcina, es que la seguridad nacional se fragmenta, se compartimenta, se provincializa; en definitiva, se está minimizando en España. Justo el camino inverso que está recorriendo la Unión Europea, que trabaja a favor de integrar a escala mayor la seguridad. Una gestión pequeña, parcial, es una gestión incompleta, porque de lo que se trata en las emergencias es de reunir las mayores capacidades que garanticen la protección de los ciudadanos.Ana Botella Gómez es ex secretaria de Estado de Seguridad.