Después de los lamentables acontecimientos económicos y financieros del sexenio de López Portillo (1976-1982), el presidente de la Madrid consideró necesario introducir diversos elementos de racionalidad y dirección económica. A comienzos de 1983 se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). En particular, se introdujo la obligación de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) de duración sexenal a fin de ordenar las acciones de la administración pública federal, e intervenir de diversas maneras en las conductas de los órganos estatales y municipales, así como de los integrantes de los sectores social y privado.Para posibilitar la ejecución del señalado artículo constitucional, se emitió la Ley de Planeación. En ella se previeron los tiempos, conductas, contenidos y demás elementos relacionados con el mencionado SNPD y con el PND. Desde 1983 a la fecha, cada uno de los presidentes de la República ha presentado su plan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, de una manera u otra, mediante él han conducido —o tratado de conducir— las actividades de la administración pública federal. Cada uno de los PND que han estado en vigor se han constituido en una poderosa palanca para las políticas públicas que cada presidente ha considerado necesarias; además han servido tanto de base para la creación de normas jurídicas y asignaciones presupuestales, como para la celebración y ejecución de convenios. Adicionalmente, han servido para exigir el cumplimiento de diversas tareas o para imponer sanciones administrativas frente a su incumplimiento.De conformidad con la Ley de Planeación, los planes deberán contener el diagnóstico sobre la situación de los temas prioritarios, así como su agrupación en distintos ejes; los objetivos que refieran el impacto positivo que se pretenda alcanzar; las estrategias para ejecutar las acciones y los indicadores de desempeño, y las metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el PND. Es con base en estos elementos que resulta de la mayor importancia considerar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, elaborado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, aprobado por la actual legislatura de la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 15 de abril.El primer problema que presenta el PND 2025-2030 tiene que ver con el diagnóstico, pues está encaminado a la construcción del “segundo piso de la cuarta transformación”. Por esta razón no se realiza ningún tipo de esfuerzo crítico hacia lo que se hizo y dejó de hacer en el sexenio anterior, sino que se asume la virtud de lo logrado. El diagnóstico, dicho de otra manera, es acríticamente elogioso y el PND se presenta como mera continuidad al PND 2018-2024.Estas limitaciones y sesgos provocan que los objetivos que pretenden alcanzarse con el PND sean correctivos o marginales. De otra forma, tendría que reconocerse que con anterioridad se hizo poco o mal. Los objetivos terminan siendo generalizaciones sobre tópicos comúnmente aceptados. Por ejemplo, el desarrollo de la población, la pacificación del país, la protección de los derechos humanos y tantas otras cuestiones semejantes. La generalidad de los objetivos provoca, a su vez, la de las métricas. Por una parte, no todos los objetivos están consignados de manera expresa y particular para ser medidos en sus alcances y resultados; por otra, en los casos en que sí se puntualizan, parten de la premisa correctiva ya mencionada.Para entender la vaciedad del PND en comentario, consideraré como ejemplo la materia de seguridad pública, uno de los temas capitales de la actual vida social mexicana. Este concepto aparece como parte del diagnóstico hecho en el primer eje general — llamado “gobernanza con justicia y participación ciudadana”— inicialmente como un requerimiento específico de la transformación que vive el país; como estrategia integral para alcanzar la paz en todo el territorio nacional, y como una de las principales responsabilidades del Estado mexicano. Posteriormente, en el mismo apartado se señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 60.7% de la población considera la inseguridad como el principal problema del país. Finalmente, en ese apartado se señala que México enfrenta amenazas a su seguridad nacional por parte del crimen organizado transnacional, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; los ciberataques y amenazas digitales, y los flujos migratorios.Dado que se supone que en el PND 2025-2030 se está haciendo un diagnóstico de la actual situación nacional en materia de seguridad pública, llama la atención que en ninguna parte se aluda otros temas vinculados con la seguridad. A las personas desaparecidas se les reduce al caso de Ayotzinapa, y no se habla de las delincuencias organizadas, el fentanilo o los narcolaboratorios, el tráfico de armas, los secuestros, las extorsiones o el pago de derechos de piso.A partir de ese diagnóstico, los objetivos concretos se desarrollan de la misma manera. En el objetivo 1.5 se dispone que para garantizar la seguridad nacional se llevarán a cabo las estrategias encaminadas a consolidar la Guardia Nacional como una de las principales instituciones en la materia, fortalecer la operatividad de las fuerzas de seguridad, reforzar los sistemas de inteligencia e investigación para optimizar la atención de los delitos, abordar las causas de la violencia, promover la celebración de asambleas de paz y gestión de conflictos e implementar estrategias para garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y la paz. En el objetivo 1.6 se menciona que, para proteger a la propia seguridad nacional, así como a la defensa y la soberanía del territorio nacional, se fortalecerán las capacidades de las fuerzas armadas, se anticiparán y neutralizarán los riesgos correspondientes, se consolidará la autoridad marítima nacional, se reforzará el control y vigilancia de las aduanas, se incrementarán las medidas de control sobre el lavado de dinero y se reforzará la cooperación internacional.Finalmente, en lo que corresponde a las métricas únicamente se desarrollan tres cuestiones. Primera, que la tasa de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos se reducirá de los 22.4 por cada 100,000 habitantes durante 2023, y a 15.7 en 2030, y su vigilancia quedará a cargo de la Secretaría de Gobernación. Segunda, que la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes se reducirá de 33,267 casos por cada 100,000 habitantes a 31,169 en el año 2030, y ello quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tercera, que el nivel de percepción de desconfianza en las autoridades militares mejorará durante el sexenio a tasas ligeramente superiores a las existentes, quedando a cargo de las secretarías de Marina y Defensa los correspondientes desarrollos.Visto en su conjunto, el PND 2025-2030 adolece de serios problemas. Desde el punto de vista político, quedó completamente atrapado por los logros y fracasos del periodo de López Obrador —eufemísticamente llamado el primer piso de la cuarta transformación—. Desde el diagnóstico hasta la tibieza de los objetivos, lo que se propone pasa por aceptar como adecuado lo hecho en ese periodo. Igualmente —y tal vez de manera más penosa— se dejan de considerar algunos de los temas más relevantes de la actualidad, seguramente para no perturbar la pasada administración. En el mismo sentido, la presidenta Sheinbaum cerró sus posibilidades políticas y administrativas de actuación desde o con el PND, para subordinarse a las acciones de acompañamiento de la realidad que heredó.Desde el punto de vista técnico, el PND también tiene problemas, pienso que en gran parte provenientes del atrapamiento al que se vio forzada o en el que voluntariamente quiso colocarse. En primer lugar, por la generalidad con la que construyó sus supuestos, de lo que derivará la dificultad para hacerlos realidad. En segundo lugar, por la falta de correspondencia entre el diagnóstico y los propósitos. En tercer lugar, por la ausencia de parámetros concretos para valorar el cumplimento de la mayor parte de los objetivos que pretenden alcanzarse. Finalmente, y para mí de manera especialmente grave, porque en el ánimo de justificar tanto el primer piso de la cuarta transformación como para permitir la construcción del segundo, en el PND se ignoraron muchos de los más acuciantes temas actuales, tal como lo ejemplifiqué con la seguridad pública.El PND 2025-2030 evidencia muchos de los problemas de la política nacional y del actual gobierno. La necesidad de mantener la idea de que el lopezobradorismo ha sido grandioso, benéfico y excepcional y que, por lo mismo, lo mejor que puede sucedernos es llevarlo a su máximo desarrollo posible. Como el Plan lo demuestra, paradójicamente, en realidad se trata de un proyecto y un proceso que ha partido de malos diagnósticos, convenientes omisiones, sesgos notables, así como malas soluciones y posibilidades de solución.
La seguridad pública en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 | Opinión
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