En la audiencia del caso 05, representantes de víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle expusieron hechos que, según los comparecientes, ocurrieron en cumplimiento de un plan estratégico nacional de las extintas Farc. Entre esos relatos de las víctimas estuvo el asesinato de Marco Antonio Pilcue, coordinador de la guardia indígena, de su esposa y de otros familiares nativos de la comunidad de Las Brisas en Santander de Quilichao. Seis menores de edad quedaron huérfanos, entre ellos una niña de dos años que hoy es mayor de edad.En la diligencia que se realizó este miércoles en Cali, un representante de la familia tuvo que abandonar la audiencia al encontrarse frente a uno de los exjefes de la columna Gabriel Galvis que participó en el asesinato, siguiendo —según los comparecientes— órdenes que venían de Pablo Catatumbo, miembro del antiguo secretariado.“Es doloroso estar aquí hablando de nuestras víctimas. El familiar no pudo hablar en esta audiencia y le tocó retirarse por el dolor inmenso al saber que perdió a su hermana y a sus padres. Hubo una descomposición social porque cada uno está en diferentes lugares del país”, afirmó otro representante de la comunidad.Comparecientes del Caso 05. Foto:JEP.Este fue uno de los casos que se puso en evidencia por parte de las víctimas del caso 05, que aborda la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, por asesinatos que se dieron en cumplimiento de un plan estratégico nacional de las Farc.Este macrocaso, liderado por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, estudia más de 4.800 hechos victimizantes cometidos en esta zona del país entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. En esta región, además de las víctimas individuales, se encuentran varios pueblos étnicos y campesinos que han sido victimizados y que participan en la JEP de manera colectiva: los pueblos Nasa, Misak, Coconuco, Llanacona, Quisgo, Ambaló, Inga, Eperara Siapidara y Totoró, así como comunidades negras y campesinas. También participan mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con identidades diversas, personas mayores y personas con discapacidad.Asimismo, se investigan las afectaciones a la naturaleza, el medio ambiente y los territorios. A la fecha hay 156 sujetos colectivos acreditados, que reúnen a 45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios y 14 organizaciones de víctimas, que en conjunto agrupan a más de 180.000 víctimas.“Esas acreditaciones ponen en evidencia el profundo impacto que el conflicto armado ha tenido sobre las comunidades indígenas, siendo los departamentos del Valle y Cauca unos de los más afectados en sus derechos individuales y colectivos. Han sufrido asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y confinamientos, así como el uso de minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales y daños a su autonomía, lo cual se ve reflejado en nueve patrones”, dijo el magistrado Raúl Sánchez.Comparecientes del Caso 05. Foto:JEP.Otro de los casos mencionados fue el asesinato de José María Pinzón Mestizo, alcalde de la comunidad indígena de Villa Pinzón, ocurrido en 2003 en zona rural de Florida. Un representante de víctimas dijo que fue señalado falsamente como informante de las fuerzas militares. “A José María lo asesinaron por ser alcalde de la comunidad, por ser muy preciso y muy claro (…). No hubo respeto a la vida por él”, dijo otro representante de víctimas.A su turno, uno de los comparecientes lo reconoció así: “No debió haber ocurrido, pero nos dejamos creer de algunos milicianos de que había un problema de que era informante. Después, conversando con algunos de ustedes (los indígenas), me di cuenta de que no era lo que habían dicho, sino que se trató de una situación de odios de algunos milicianos con él”.Diego Ardila Merchán, ‘Leonel Páez’, comandante de la Columna Móvil Gabriel Galvis entre 2001 y 2013, y comandante de la Columna Móvil Daniel Aldana en 2015, también intervino:“Reconozco mi responsabilidad como comandante de la Gabriel Galvis. Participé en el cumplimiento de un plan de orden estratégico. Estos hechos se dieron por inconveniencias y causaron daño a las comunidades. Hoy reconozco que estos hechos fueron graves por la pérdida de muchas vidas. Nos cuentan tres casos, pero fueron muchos más. Yo no era una rueda suelta: tenía la orientación directa de Alfonso hasta que vivió, y cuando muere quedo informándole todo a Pablo Catatumbo”.Ardila relató que, cuando le pidió a Alfonso Cano hacer inteligencia frente a dos niños Pilcue, recibió esta respuesta: “Guerra es guerra y el que se compromete a la guerra asume las responsabilidades”.Añadió que cuando le solicitó a Pablo Catatumbo liberar a dos muchachos, este le respondió en un comunicado. “Nada, el que se mete de sapo que se muera”.Pablo Catatumbo. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPODijo también que está dispuesto a acompañar la búsqueda de desaparecidos:“Estaremos en disposición para buscar esos cuerpos, basados en lo que la JEP y los organismos de búsqueda nos den los avales, e ir con ustedes al territorio para dar ese trabajo de una cristiana sepultura de los que siguen desaparecidos”.Alias ‘Marcos’, otro compareciente, aceptó su participación en el caso Pilcue: “Reconozco ante ustedes estos hechos que sucedieron y nunca debieron ocurrir. Entiendo el dolor. Estamos trabajando para buscar dónde están enterradas esas personas y entregarlas a las familias”.También se relató el caso de Ayda Luz Poscue Dagua, niña del Resguardo Nasa del Cabildo San Juan Páez Loma Gorda de Florida. Tenía menos de 14 años cuando fue reclutada, cursaba séptimo grado y, según versiones de exintegrantes de la columna, fue ejecutada tras ser acusada de infiltrarse para atentar contra jefes guerrilleros.“Uno se queda pensando cuántas personas no fueron engañadas. Llevamos nueve años de proceso y no vemos resultados. El proceso de paz es muy bonito, pero cada día las víctimas nos preguntan por sus familiares, y para los comparecientes hay garantías, pero para las víctimas no”, dijo una vocera. Agregó que disidencias siguen operando en el territorio con prácticas de reclutamiento, y que regresarán a su resguardo a velar a un compañero asesinado el lunes.Lo que sigue en la JEP dependerá de si hubo reconocimiento pleno o no, pero en la mayoría de casos la siguiente etapa inmediata es la evaluación de observaciones de las víctimas y luego la preparación de la audiencia de sanción propia, si corresponde.Sobre Pablo Catatumbo, la JEP lo llamará a mediados del próximo año. Tendrá plazo para decidir si reconoce estos hechos y sigue por la vía restaurativa; de lo contrario, enfrentará un juicio adversarial.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com