Dos días después de que la Corte Suprema emitiera una orden de captura contra las otrora cabezas del Congreso, Iván Name y Andrés Calle —expresidentes del Senado y la Cámara, respectivamente— por presuntamente recibir coimas con dineros públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Corte Constitucional solicitó las pruebas sobre esos hechos de corrupción, que habrían enlodado el trámite de la reforma pensional que actualmente estudia su Sala Plena.En el auto de 183 páginas, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, se detallan algunas de las pesquisas en las que la Corte argumentó su decisión de enviar a la cárcel a los congresistas mientras son condenados, al considerarlos un riesgo para la sociedad.Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso. Foto:Archivo particularEl documento consigna apartados de los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en los que señalan el papel que jugaron Name y Calle en el entramado que desfalcó dineros destinados a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a las rancherías de La Guajira. El objetivo, según los testigos, era asegurar la aprobación en el Legislativo de las reformas sociales, a través de los encargados de agendar los debates en sus respectivas cámaras.También se incluye el testimonio del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y de terceros, como el prestamista Pedro José Castro, quien habría aportado inicialmente los 4.000 millones del soborno, que habrían sido pagados con recursos de la Unidad.Por estas consideraciones, para la Corte Constitucional “existen graves señalamientos y determinaciones judiciales” que tendrían relación directa con el trámite de la reforma pensional, cuyo aval actualmente estudia, en el marco de una demanda que le atribuye vicios por haberse saltado el cuarto debate y por haber sido ‘pupitreada’ en la Cámara, bajo la presidencia de Andrés Calle. La proposición de acoger el texto aprobado en Senado fue presentada por el representante del Pacto Histórico David Racero, por órdenes directas del presidente Gustavo Petro y de su ministro del Interior en 2023, Luis Fernando Velasco.Para el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, autor de la ponencia que pide tumbar la norma y que estudiará la Sala Plena, “parece evidente, dado los protagonistas mencionados en el escándalo de corrupción, que todos estos presuntos actos delincuenciales podrían tener relación directa con las reformas y su trámite en el Congreso”. Para ahondar en las supuestas irregularidades, la Corte les pidió a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá la copia íntegra de los interrogatorios rendidos por López y Pinilla, así como las declaraciones de los congresistas investigados Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.También solicitó las versiones y los expedientes de las exasesoras del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides (imputada) y Andrea Carolina Ramírez, de Jaime Rodríguez Cobo, exasesor del Dapre, de Carlos Ramón González, exdirector de la entidad, y del exministro Luis Fernando Velasco.Corte Constitucional solicita pruebas del caso UNGRD para estudio de la reforma pensional. Foto:Archivo ParticularLa Corte aseguró que mantendrá la reserva de los documentos, pero consideró necesario conocer los hechos en detalle, que serán tenidos en cuenta en la decisión sobre la constitucionalidad de la reforma.Las pruebas claveEste diario conoció que algunos de los puntos que suscitaron el interés de la Corte Constitucional sobre el tema de su competencia fueron los numerales 2 y 3, del 87 al 89 y el 254, consignados en la decisión de la Corte Suprema de capturar a los expresidentes del Senado, los cuales, a su vez, esperan ampliar con los archivos requeridos.Los numerales dos y tres exponen las reformas supuestamente aprobadas con dineros corruptos. “(…) Para que colaboraran (Name y Calle) en el impulso de los proyectos encaminados a modificar el Sistema Pensional y el Sistema de Salud, el primero de los cuales se convirtió oficialmente en la Ley 2381 del 16 de julio de 2024”.En los numerales 87, 88 y 89, se detalla una inspección realizada a los despachos de las presidencias del Senado y la Cámara, con el fin de “determinar el trámite que se ha surtido respecto a los proyectos de reforma del sistema pensional y al sistema de salud, radicados por el Gobierno Nacional”.”En las oficinas del Senado de la República se entregaron documentos que relacionan la trazabilidad de las reformas de ambas leyes, las gacetas en las cuales se publicó la ponencia negativa del primer debate en la Comisión Séptima de la Reforma al Sistema de Salud, y el oficio remisorio del proyecto de ley de reforma pensional a la Presidencia de la República para su respectiva sanción presidencial”, se lee en el auto.Corte Suprema emitió orden de captura contra Iván Name y Andrés Calle. Foto:CortesíaDe esta actuación judicial surgieron “fichas” correspondientes a las reformas pensional y de salud, que se anexaron a los expedientes de los procesados. Estas contienen las gacetas y las actas, así como toda la trazabilidad legislativa escaneada.Y finalmente, el punto 254 ahonda en la forma en que se habrían movido Name y Calle para favorecer la aprobación de las reformas, el fin último para el que habrían sido sobornados.”A esta actuación se allegaron los testimonios de los Senadores de la República María José Pizarro Rodríguez, Paloma Susana Valencia Lacerna, Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, Miguel Ángel Pinto Hernández, Norma Hurtado Sánchez, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, el 13 de agosto de 2024, y Didier Lobo Chinchilla, de cuyo contenido material emerge que el Senador indiciado no mostró durante el trámite de los proyectos de ley radicados por el Gobierno Nacional, es decir, el de la reforma al Sistema de Salud y al Sistema Pensional, ninguna conducta encaminada a favorecer las iniciativas gubernamentales”, explica.Sin embargo, la Corte Suprema ratifica que “una conducta adversa de Name Vásquez frente al trámite y aprobación de los proyectos de ley presentados por el ejecutivo nacional (en su calidad de opositor) no necesariamente es indicativa de que este sea ajeno al presunto atentado contra la Administración Pública en referencia”.Expolicía asesinado sería testigo en caso de corrupción Foto:Además, la Corte advierte que tanto el cohecho impropio como el peculado por apropiación por el que se les investiga pudieron configurarse con la sola aceptación del dinero o incluso con la “promesa remuneratoria”, en tanto estos actos estarían dirigidos a torcer decisiones o actuaciones relacionadas directamente con sus funciones públicas.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia
