El Instituto de Medicina Legal confirmó el sábado que siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc fueron abatidos en la ofensiva que esta semana lanzaron las Fuerzas Militares en contra de la facción de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, situación que abre de nuevo el debate sobre la utilización de menores por parte de los grupos armados ilegales en el conflicto, e incluso como escudos humanos, y cómo debería operar la Fuerza Pública ante esto.El Gobierno Nacional ha optado en los últimos dos años por realizar bombardeos ante la escalada criminal que han tenido redes como la de ‘Iván Mordisco’, azotando a la Fuerza Pública y a la población civil.En esa línea, con los de Guaviare y Arauca esta semana se completaron 13 bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro, quien ha dado un giro en su política de defensa: pues si bien el mandatario llegó al poder con la idea de no bombardear campamentos en los que se sospechara la presencia de menores, la difícil situación del país lo obligó a rectificar y a dar un ‘timonazo’ hacia la vía aérea como opción de ataque.Bombardeo Guaviare Foto:Redes socialesEl debate se abre no solo por cuenta del cambio de postura de Petro, sino porque lo que se tenía como una posibilidad —que hubieran caído menores en estos ataques, según fuentes en el bombardeo— fue confirmado por la Defensoría del Pueblo y por Medicina Legal.Ariel Cortés, director del instituto forense, detalló que de los 20 cuerpos examinados, 13 corresponden a hombres y siete a mujeres. “Producto de los análisis realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos son de menores de edad: de género femenino cuatro, y de género masculino, tres”, recalcó.A primera hora, la defensora Iris Marín Ortiz fue la que dio a conocer que entre los abatidos había menores, haciendo énfasis en el “crimen de guerra” que es el “reclutamiento de toda persona menor de 18 años”, pero también, en la precaución que deben tener las tropas al lanzar ataques cuando hay niños y adolescentes, una población que goza de protección especial. “Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y se hayan convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, resaltó.Ataque militar en Guaviare. Foto:CortesíaNo obstante, la funcionaria subrayó que “la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan”, añadiendo que “utilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan como escudos humanos, conducta prohibida de forma categórica por el DIH. Su obligación es no involucrarlos en las hostilidades ni exponerlos al riesgo de las acciones bélicas”.Al respecto, reaccionó el presidente Gustavo Petro, quien manifestó que ordenó el ataque para salvaguardar la vida de 20 soldados que iban a ser acorralados por disidentes.“Claro que es lamentable toda muerte de personas, y más de menores de edad. Pero si se dejó (sic) avanzar los 150 hombres de ‘Iván Mordisco’ que iban por la selva, entonces emboscan a 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, dijo.Gustavo Petro, presidente de la República, e Iris Marín, defensora del Pueblo. Foto:Presidencia de la República / JEPA lo largo de la semana, las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también habían defendido a sus tropas, que tanto en Guaviare como en Arauca desplegaron una cacería que incluye combates bajo el objetivo de atacar a los aliados de ‘Mordisco’.El almirante Francisco Cubides, jefe de las FF. MM., después del bombardeo en Guaviare y otras operaciones que dejaron 26 neutralizados —20 de ellos muertos— y tres menores recuperados, dejó claro que “en el marco del DIH, si un menor se encuentra caracterizado en el momento de la función continua de combate, es un blanco lícito”.Esa postura también la tiene el ministro de la cartera castrense, quien recalcó que los responsables de que haya menores inmersos en este conflicto son los criminales de las disidencias que han reclutado forzosamente. “Somos respetuosos de los derechos humanos. Había una grave amenaza contra nuestro militares, que eran 20, eran más de un centenar y podían llegar más. Estaban muy cerca. Habían atentado contra el alcalde de Calamar y habían atentado contra los religiosos. El Presidente autorizó un apoyo aéreo, incluyendo el bombardeo. Estaríamos llorando. El único crimen que se cometió es el del reclutamiento forzado”, indicó Sánchez el sábado desde un evento de Asocapitales en Valledupar.De hecho, Petro recalcó que en su Gobierno han recuperado a 2.411 jóvenes que estaban bajo las órdenes de grupos ilegales.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de las FF. MM., almirante Francisco Cubides. Foto:CortesíaAl rechazo de la instrumentalización de menores como escudos de guerra se sumó la defensora Iris Marín Ortiz. El sábado hizo énfasis en que el reclutamiento forzado es un crimen de guerra, situación que en el Guaviare se ha agravado debido a la injerencia ilegal que este grupo tiene entre la población civil, a la que instrumentaliza con ofertas ‘laborales’ difundidas por redes sociales como TikTok.La discusiónDurante años, el presidente Gustavo Petro y políticos como Roy Barreras han condenado los ‘excesos’ que otros gobiernos tuvieron al momento de bombardear campamentos era presumible la presencia de menores de edad.En el 2019, durante una operación militar liderada por el entonces ministro Guillermo Botero, un bombardeo en Caquetá dejó varios menores muertos, ataque cuestionado por Roy Barreras y Gustavo Petro, quien manifestó esa vez que “si el Gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad”.El presidente Gustavo Petro. Foto:PresidenciaLa Defensoría planteó que si en el caso del Guaviare se habría podido dar un resultado similar usando otra modalidad operacional que produjera daños no tan graves como el dar de baja a menores. “Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NNA (menores) que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución y necesidad militar estrictamente limitada. Estos principios obligan a evaluar cuidadosamente medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados”.Distintos expertos en defensa y en derechos humanos opinaron al respecto, coincidiendo en que el giro en la postura de Petro se debe a que quieren asestar golpes contra ‘Mordisco’ por sus ataques y falta de voluntad de paz.Juana Cabezas, experta en análisis del conflicto, manifestó que “los bombardeos son en contra de un grupo que está generando un riesgo a la seguridad de población civil en distintas zonas, por lo cual las Fuerzas Militares lo entienden como legítimo. El cambio de postura de Petro se debe a una presión política por mostrar resultados, y va de la mano con el próximo escenario electoral”.Rueda de prensa sobre bombardeo a las disidencias. Foto:Jesús Blanquicet. EL TIEMPOSobre la polémica, el analista Jorge Andrés Rico indicó que “Petro está dando un giro parcial en su perspectiva sobre las operaciones en el marco del DIH, en donde los menores de edad pueden ser blanco lícito según diferentes parámetros. Es importante tener en cuenta que el Estado falló al permitir que estos menores de edad fueran reclutados”.Mientras que el exministro Guillermo Botero afirmó que “se actuó contra objetivos militares lícitos, bajo los estándares del DIH. Eso mismo explicamos en 2019 ante una operación similar”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com