En desarrollo de un proceso judicial en curso, fueron capturados nueve integrantes del Ejército señalados de estar vinculados con los hechos ocurridos en la base militar Antorcha, en el municipio de Frontino, Antioquia. Las detenciones se realizaron con apoyo de la Policía Judicial y en aplicación del principio de colaboración entre instituciones del Estado. Los militares, que ya habían sido retirados de sus funciones, quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los señalamientos.El Ejército informó que continúa colaborando con la Fiscalía General de la Nación y con la Jurisdicción Penal Militar en el avance de las investigaciones. La institución sostuvo que todas sus capacidades están disponibles para garantizar transparencia y agilidad en los procesos judiciales y disciplinarios derivados del caso. Según el comunicado oficial, el alto mando militar ordenó desde el inicio acompañar las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.El presidente Gustavo Petro dio a conocer el caso a través de un mensaje en la red social X, en el que señaló haber recibido la información directamente de las Fuerzas Militares. “He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, publicó el mandatario.Captura de uno de los uniformados. Foto:CortesíaDe acuerdo con el reporte institucional, el 7 de octubre de 2025, tropas del Batallón de Infantería n.º 32 General Pedro Justo Berrío, con sede en la base militar Antorcha, habrían retenido a un ciudadano que se encontraba en las cercanías de la unidad militar.Esa situación, según el documento, no fue reportada por el comandante de la base. Posteriormente, miembros del personal acantonado habrían excedido el uso de la fuerza, provocando la muerte del hombre, en un acto que la institución calificó como individual y fuera de las funciones constitucionales del Ejército.El 8 de octubre, un día después de los hechos, el Ejército informó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y a la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar sobre lo ocurrido, solicitando el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes. También se abrió un proceso disciplinario interno y se facilitó el ingreso de la Policía Judicial a la base para la recolección del material probatorio y la búsqueda del cuerpo de la víctima.El presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPOComo parte del proceso, el pelotón implicado fue trasladado a Medellín con el propósito de poner a disposición de las autoridades a los uniformados involucrados. El Ejército reportó que, bajo el principio de colaboración armónica, el Fiscal 27 Especializado de Medellín logró individualizar a los presuntos responsables, quienes ahora enfrentarán procesos judiciales por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.La institución castrense enfatizó que las conductas atribuidas a los militares no corresponden a las órdenes ni a las políticas institucionales del Ejército. En el comunicado, reiteró su rechazo a cualquier actuación contraria a la Constitución y la ley, y pidió que la justicia avance con las diligencias necesarias para establecer responsabilidades. Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y manifestó su compromiso con la transparencia en el desarrollo del caso.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: