El regreso a filas en agosto de este año del general Juan Miguel Huertas, quien precisamente había sido retirado de la línea de mando en el 2021 (durante el gobierno Duque), por información de agencias de Estados Unidos sobre posibles nexos con el Eln en Arauca, encendió hace ya varios meses alertas en Washington y hace parte del dosier del gobierno de Donald Trump sobre el supuesto favorecimiento a grupos criminales colombianos a través de la ‘paz total’.Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, aparece ahora como uno de los principales salpicados por el escándalo de la posible infiltración de las disidencias de alias Calarcá en la Fuerza Pública y la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia, que depende directamente de la Casa de Nariño.Noticias Caracol reveló el domingo en la noche parte del material incautado por las autoridades en la fugaz detención en carreteras de Antioquia de la caravana blindada en la que, en julio del año pasado, el poderoso jefe criminal se movía con su pareja y varios de sus lugartenientes. El lunes en la tarde, después de casi 20 horas de silencio en redes, el presidente Petro salió a descalificar las denuncias y aseguró que se trata de “versiones falsas” encaminadas a afectar a quienes supuestamente le han ayudado a “purgar” el Ejército de “oficiales corruptos”. También reconoció una posible puja entre inteligencias del Ejército y la Policía.En celulares, computadores y varias USB aparecieron correos y chats que indican que la banda de ‘Calarcá’ tenía acceso a información sobre operativos de la Fuerza Pública en su contra y supuesta interlocución con el general Huertas, el funcionario de la DNI Wílmar Mejía y el coronel (r) Juan Carlos Mazo. Este último, gerente de Indumil, es considerado por muchos como el poder en la sombra de la inteligencia en el gobierno Petro. El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, fue de hecho su subalterno, hasta que el presidente Petro decidió reencaucharlo y traerlo del retiro al que su mismo gobierno lo mandó en 2022.El general del Ejército Juan Miguel Huertas. Foto:archivo particularDesde la Fiscalía de Luz Adriana Camargo se aseguró que el nivel central no sabía del material incautado en Antioquia, pero se precisó que el despacho en Medellín adelantó acciones desde el principio. Camargo, quien en su momento ordenó la libertad de ‘Calarcá’ y otros jefes disidentes protegidos por la ‘paz total’, admitió que no estaba enterada de la gravedad de los hechos, por lo que tomará acciones. Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación por la que el procurador Gregorio Eljach calificó como una denuncia “muy preocupante” y a la que le da “credibilidad”.En el Congreso, los senadores Lidio García y Paloma Valencia y la representante Cateherine Juvinao anunciaron sendos debates de control político. Entre tanto, la vicepresidenta Francia Márquez negó haber participado en pactos con las disidencias para favorecer la campaña Petro Presidente en el 2022, como aparece en un chat entre alias Iván Mordisco y uno de sus subalternos, quien terminó luego refugiado con ‘Calarcá’.Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la DNI. Foto:Archivo particularEn julio del 2024, la caravana del jefe disidente, cuya estructura criminal sigue en las negociaciones y ha sido poco golpeada por la Fuerza Pública mientras mantiene sus negocios de extorsión y narcotráfico, había partido desde el Catatumbo y fue detenida por el Ejército en Antioquia. En los carros aparecieron un arma 9 milímetros sin salvoconducto, 60 millones de pesos en efectivo, lingotes de oro y varios dispositivos electrónicos. El contenido de lo que había allí quedó desde entonces en manos de una fiscalía de Medellín.Dudas sobre HuertasEl exministro del Interior Daniel Palacios confirmó que el llamado a retiro del general Huertas tuvo que ver con una alerta de la CIA mientras se desempeñaba como jefe del Grupo Quirón, asignado a la seguridad de Arauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia del Eln.Tras su retiro, Huertas adhirió a la campaña de Petro y terminó volviendo al servicio activo hace casi tres meses. Desde el 2022 se movió en los altos círculos de la inteligencia colombiana. “Con esa alerta de las agencias de Estados Unidos para el gobierno (de Iván Duque) quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”, dijo Palacios, hoy precandidato presidencial.Presidente Gustavo Petro. Foto:Juan Pablo Rueda El TiempoEl segundo eslabón en este escándalo es un hombre cercano al Presidente. Se trata de Wílmar Mejía, director de Inteligencia a quien, según los correos, los disidentes identifican como ‘Chulo’ y del que dicen que fue el contacto con oficiales del Ejército y la Policía que supuestamente les entregaban información.Mejía, profesor de educación física, es además delegado de Petro en la Universidad de Antioquia. A su vez, el material revelado por Noticias Caracol habla de supuestas reuniones entre el director de Indumil con lugartenientes de ‘Calarcá’. Ese capítulo, según fuentes militares, es altamente preocupante por los riesgos sobre el control de venta y permiso de porte de armas.Caravana de ‘Calarcá’. Foto:Suministrada por autoridades.Sobre las implicaciones a nivel jurídico, el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó –antes de que se dieran a conocer las acciones que ha tomado la Fiscalía– que no se conocieran responsabilidades. “Los responsables de esto deben ser investigados por prevaricato por omisión”, manifestó. Por su parte, Alejandro Chala, investigador de Pares, manifestó que “si se prueba que hubo pactos de no agresión por debajo entre el Ejército y las disidencias de ‘Calarcá’, entonces terminaría por derrumbar todo el experimento de la ‘paz total’”.En la caravana de camionetas se transportaban cabecillas del EMC. Foto:Suministrada por autoridades.El exministro Juan Camilo Restrepo manifestó que en este capítulo es clave para entender “el trato preferencial que el gobierno le ha dado a ‘Calarcá’. (…) Proviene de que el gobierno Petro repartió irresponsablemente el título de ‘gestores de paz’ a hampones que ni tenían méritos para recibir esos títulos ni, obviamente, iban a hacer nada por la paz. Solo buscaban que la justicia no pudiera tocarlos. Y el gobierno se prestó a ello”.Mientras que el exnegociador de paz Humberto de la Calle subrayó que “es necesaria toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación”.Redacción Justicia – @JusticiaET – justicia@eltiempo.com