El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto de salario mínimo y aseguró que el Gobierno ya analiza el auto de 63 páginas para definir los pasos a seguir.La orden judicial no le exige al Gobierno modificar el monto, sino sustentarlo, por lo que el nuevo incremento podría ratificar los 2 millones de pesos en los que quedó la tarifa (con auxilio de transporte), siempre y cuando esté fundamentada en la tasa de inflación, productividad y aumento del PIB en 2025.Según explicó en diálogo con EL TIEMPO, en las próximas horas sostendrá una reunión con el director de la Agencia Jurídica del Estado, César Palomino, entidad que intervino en la demanda y que liderará la estrategia jurídica junto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia.Jorge Iván Cuervo Restrepo, ministro de Justicia. Foto:Mauricio moreno”Por supuesto, hay que revisar con cuidado el auto, cumplir las órdenes establecidas en la parte resolutiva, expedir el decreto transitorio y, con esos nuevos criterios, evaluar un nuevo decreto que, como el inicial, esté orientado a la defensa del ingreso de los trabajadores y al concepto de salario vital consagrado en la Constitución, que nunca había sido desarrollado en gobiernos anteriores”, dijo Cuervo.El ministro afirmó que el Gobierno mantiene como norte la defensa del ingreso de los trabajadores y el concepto de salario vital consagrado en la Constitución. “Siempre está orientado a la defensa del ingreso de los trabajadores”, dijo, al tiempo que reconoció que ahora existen “nuevas fuentes de información sobre la mesa” que deberán ser evaluadas a la luz de la decisión judicial.Salario mínimo. Foto:ARCHIVO PARTICULAREl ministro explicó que la jurisdicción contencioso-administrativa sí tiene la facultad de decretar la suspensión provisional de actos administrativos, como ocurrió en este caso, y recordó que existe un antecedente en un gobierno anterior en el que se suspendió un decreto de salario mínimo por no ajustarse a los criterios de concertación, productividad e inflación esperada.“Lo que sigue es acatar el fallo, usar los recursos de ley establecidos”, indicó, precisando que esa determinación corresponde principalmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y a la Agencia Jurídica del Estado, con el apoyo del Ministerio de Justicia.Redacción Justicia