El último combate por el Palacio de Justicia, sobre el mediodía del 7 de noviembre de 1985, concentró todo el horror de la guerra en un baño de no más de 25 metros cuadrados y un mezanine en la escalera entre el segundo y tercer piso que daban al costado noroccidental del edificio, hacia la carrera 8.ª con calle 12, en pleno centro de Bogotá.Lo que pasó allí —en la zona en la que están hoy los despachos del Consejo de Estado, la Judicatura y la Corte Constitucional del nuevo edificio que se levantó de las ruinas del Palacio arrasado e incendiado en el noviembre negro de 1985— fue a la vez desenlace y compendio de esas casi 28 horas de terror en plena plaza de Bolívar, corazón del poder de la Nación, cuando, como lo señaló la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema en su Informe Final del 2010, “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”. 1. LEA TAMBIÉN En ese baño se refugiaron al final de la toma los sobrevivientes del comando terrorista del M-19 que un día atrás, sobre las 11 y 15 de la mañana del 6 de noviembre, asaltó a sangre y fuego la máxima sede de la justicia con la supuesta intención de promover un juicio público contra el presidente Belisario Betancur, su política de paz y la figura de la extradición, y que asesinó de entrada a tres de esas víctimas que hoy nadie recuerda: los vigilantes Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, y el administrador del Palacio, Jorge Tadeo Mayo Castro. Un alto número de rehenes (según algunas fuentes, entre 50 y 70), incluidos varios magistrados, fueron el último escudo humano de los guerrilleros contra el avance inexorable de la mayor operación militar desarrollada en un centro urbano en toda la historia de Colombia. Una operación que marcó la memoria del país porque se usaron ocho tanques blindados que dispararon sus cañones contra la fachada y tumbaron las puertas de bronce y cristal negro del Palacio de Justicia, y en las que las normas mínimas de la guerra, como el uso proporcional de la fuerza y la distinción entre civiles y combatientes, no se respetaron.Andrés Almarales y Alfonso Jacquin —dos de los tres jefes del comando del M-19 que asaltó el Palacio, con Luis Otero— fueron vistos con vida por última vez en ese baño. Allí fue asesinado por los guerrilleros el magistrado Manuel Gaona Cruz, quien se había convertido en el principal objetivo militar de Pablo Escobar porque encarnaba la valiente y solitaria defensa que había asumido la Corte Suprema de la figura de la extradición. Allí pasó también sus últimas horas el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, a quien su familia y la Fiscalía identificaron en el 2007 en una grabación de la televisión internacional entre los rehenes que salieron con vida, y quien sin embargo apareció entre los muertos amontonados en el patio interno del Palacio, con un tiro en el cráneo. Toma del Palacio de Justicia, un asalto perpetrado en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985. Foto:Archivo El Tiempo Casa EditorialEn ese baño del mezanine murieron las abogadas auxiliares Luz Stella Bernal y Aura de Navarrete. Las versiones recogidas en la investigación ‘madre’ del caso del Palacio —que estuvo a cargo del Tribunal Especial creado por el Gobierno apenas días después del holocausto y que concentró las investigaciones de los Juzgados de Instrucción Criminal 9, 23, 27, 30, 35, 41, 77, 82 y 89—, y la extrajudicial realizada por los expresidentes de la Corte Suprema, atan esas y otras muertes a la detonación de una poderosa carga explosiva que los militares utilizaron para abrir un hueco en la pared del baño y tener otra vía de fuego hacia la última posición en manos de los guerrilleros. Aunque los oficiales al mando aseguraron que se trató de una explosión controlada para evitar afectaciones a los civiles, un suboficial del Ejército, Ariel Grajales Bastidas, admitió ante la justicia que disparó un rocket contra esa pared. 2. LEA TAMBIÉN “Algunos testigos atribuyen a esa explosión las muertes de Bernal y Navarrete; otros afirman que ellas y otras personas murieron debido a disparos efectuados a través del mencionado hueco por soldados o policías, y unos más afirman que las muertes dentro del baño fueron ejecutadas por los guerrilleros”, dice el Informe Final elaborado por los expresidentes de la Corte Nilson Pinilla, Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera, considerado por muchos como la aproximación más completa e imparcial a los verdaderos hechos del Palacio de Justicia.Los únicos miembros del comando de 35 asaltantes que salieron con vida del Palacio, las guerrilleras Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso, también estuvieron en ese baño. Las dos se cambiaron con ropa de mujeres que murieron en el sitio para tratar de engañar a los militares, pero fueron identificadas en la Casa del Florero. Enciso logró escapar y terminó en México, donde murió de cáncer años después. Ella era la pareja de Guillermo Elvencio Ruiz, uno de los asaltantes del Palacio más curtidos en la guerra y quien había estado en los duros combates con el Ejército en Yarumales, Cauca, once meses antes. También fue uno de los secuestradores, en 1981, de Martha Nieves Ochoa, hermana de los capos del cartel de Medellín Fabio y Jorge Luis Ochoa Vásquez. Literalmente cazado, como otros miembros del M-19, por el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los narcos como reacción a ese secuestro, Pablo Escobar terminó perdonándole la vida en otro de los capítulos de la compleja relación de esa guerrilla con el narcotráfico.Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo y Norma Constanza Esguerra Forero están desaparecidos desde ese noviembre de 1985. Franco era guerrillera del M-19. Rodríguez, Suspes, Lizarazo y Esguerra hacen parte del grupo de los 12 de la cafetería del Palacio que fueron señalados por la inteligencia militar como supuestos colaboradores de la guerrilla. La toma del Palacio fue perpetrada por un comando del M-19. Foto:Archivo El Tiempo Casa EditorialEn septiembre de 2019 fue hallado el cuerpo de Gloria Anzola de Lanao en la tumba en la que los familiares de la magistrada auxiliar María Janeth Rozo supuestamente la habían enterrado 32 años atrás. En 2017 la Fiscalía y Medicina Legal encontraron los restos de Bernardo Beltrán Hernández y los de Héctor Jaime Beltrán. Una vez más, sus cuerpos estaban en tumbas que estaban marcadas con los nombres de otras de las víctimas del Palacio de Justicia.En octubre del 2015 fueron identificados los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela. Luz Mary era una visitante ocasional del Palacio y las investigaciones de la justicia coinciden en que ese solo hecho terminó poniéndola en la lista de sospechosos de colaborar con la toma. Ana Rosa Castiblanco, encargada de labores de aseo en la cafetería, estaba embarazada. Su cuerpo fue identificado en agosto del 2000 entre los NN del Palacio de Justicia que fueron a parar en una fosa común del Cementerio del Sur en Bogotá con decenas de víctimas de la otra tragedia nacional de ese noviembre de 1985, el desastre de Armero. Como muchos padres, hermanos y esposas de las personas de las que se perdió el rastro, don Enrique Rodríguez, papá de Carlos, el administrador de la cafetería, murió esperando conocer qué había pasado con su hijo. Fue en noviembre del 2010, a los 89 años, de los que pasó 25 buscando una respuesta que aún hoy no llega. LEA TAMBIÉN Cuarenta años después de la tragedia, que dejó entre 94 y 115 víctimas mortales —el primer número es el de las necropsias realizadas por Medicina Legal entre el 7 y el 9 de noviembre de 1985, y el segundo, un aproximado de los reportes militares de la época—, la verdad de lo que pasó en esos dos días de furia con la Plaza de Bolívar de Bogotá como marco, y sus réplicas, se cuenta entre los desaparecidos del Palacio de Justicia.El general Arias Cabrales (‘Arcano 5’), el coronel Edilberto Sánchez, su jefe de Inteligencia (‘Paladín 2’), y el entonces coronel Iván Ramírez, jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici), además de un puñado de oficiales y suboficiales del Ejército, están condenados por las desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos en la retoma, pero las investigaciones contra las máximas cabezas militares del momento —el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y el comandante del Ejército, el general Rafael Samudio, ambos fallecidos— nunca avanzaron ni en la Justicia Penal Militar ni en la ordinaria. La ley de amnistía e indulto general que se aprobó tras la firma de la paz con el M-19 en 1990, y un segundo indulto en 1992, blindó a todos los antiguos jefes de esa guerrilla que sobrevivieron y que a lo largo de todos estos años han asegurado que no tuvieron responsabilidad directa sobre la planeación y ejecución del violento asalto a la sede de una Corte Suprema amenazada por el narcotráfico y virtualmente indefensa. La toma del Palacio de Justicia duró cerca de 28 horas. Foto:Archivo El Tiempo Casa EditorialLos que hoy se conocen como “máximos responsables” eran Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, a la sazón primero y segundo comandantes del M-19. Fayad fue ejecutado fuera de combate un par de años después (en realidad, cinco meses después, en marzo de 1986) en la ciudad de Bogotá. Pizarro murió por acción de la mafia encabezada por los hermanos Castaño Gil, miembros del cartel de Medellín, semanas después de la firma del acuerdo de paz, de marzo de 1990. LEA TAMBIÉN Ni el presidente Belisario Betancur, fallecido el 7 de diciembre del 2018, ni ninguno de sus ministros respondieron realmente más allá del tribunal de la historia por sus actuaciones —u omisiones— en las que muchos consideran las 28 horas más críticas para la democracia colombiana. (…)El 8 de noviembre de 2024, en la conmemoración del trigésimo noveno aniversario del holocausto, el magistrado Gerson Chaverra, entonces presidente de la Corte Suprema, le recordó al país por qué no se pueden olvidar ni la historia ni las responsabilidades pendientes. “Hoy recordamos que hace 39 años la violencia y el terrorismo intentaron silenciar la justicia y apagar la esperanza y el optimismo. Pero no lo lograron. No pudieron apagar la llama de la esperanza y la resiliencia del pueblo colombiano”, dijo el magistrado. Y agregó: “Esa verdad, la del Palacio de Justicia, no puede ser romantizada ni puede estar contaminada de eufemismos y falacias que se derivan de los pretextos para acomodar una realidad que, aunque desgarradora, debe ser contada con plena fidelidad. No puede haber realidad si hay ocultamiento”. LEA TAMBIÉN En los mismos momentos en los que el presidente Gustavo Petro, antiguo miembro de la guerrilla del M-19 y primer mandatario de izquierdas en la historia del país, utilizaba su cuenta de ‘X’ y las comunicaciones oficiales para tratar de exculpar a ese grupo armado —aseguró que el M-19 “torpemente quiso reabrir el proceso de paz firmado en 1984, violado sistemáticamente desde su firma, con un juicio armado al presidente que traicionó el proceso, y cayó en la trampa tendida que llevó a la muerte a guerrilleros y magistrados”—, el presidente de la Corte Suprema exigió para el país y para las víctimas “una verdad que nazca de un profundo y auténtico deseo de perdón de todos los actores involucrados en la toma y retoma de Palacio de Justicia”. “Este evento dejó la advertencia de que las ambiciones desmedidas del poder desembocan en la violencia, en la fuerza desmedida”, dijo el magistrado. Las Fuerzas Militares retomaron el control del edificio. Foto:Archivo El Tiempo Casa Editorial¿Por qué la política de paz del gobierno Betancur estaba condenada al fracaso desde mucho antes del asalto de la guerrilla en la plaza de Bolívar? ¿Fue una toma anunciada y, más aún, propiciada por el intencional retiro de la vigilancia reforzada del Palacio? ¿El M-19 perpetró un ‘mandado’ del narcotráfico? ¿Hasta dónde llegó el ‘vacío de poder’ en el gobierno Betancur? ¿Qué responsabilidad tuvieron los altos mandos militares de la época en las desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos en la recuperación del Palacio de Justicia?Cuarenta años después, esta es la verdad que asoma de investigaciones judiciales y extrajudiciales —incluidas las de la prensa—, de documentos secretos de la inteligencia y la diplomacia de los Estados Unidos, hoy desclasificados, y de las más recientes decisiones de la justicia colombiana sobre las heridas abiertas del Palacio de Justicia.Autores del libro: Jhon Torres Martínez.David Alejandro López Bermúdez.Sara Valentina Quevedo Delgado. María Alejandra González Duarte.