El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió a la Corte Constitucional que tumbe los artículos cuarto y quinto del Decreto Legislativo 121 de 2025, expedido con ocasión de la conmoción interior en la región del Catatumbo, y con el que el presidente de la República Gustavo Petro adoptó medidas extraordinarias en materia de agua, saneamiento básico y vivienda.Eljach coincide con la defensora del Pueblo Iris Marín en pedir a la Corte que tumbe por “inconstitucional” el cuarto artículo de dicho decreto, que habilita a los alcaldes de 19 municipios a ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial -POT- con el fin de reasentar, temporal o permanentemente, a la población desplazada por la crisis humanitaria que estalló en enero en el Catatumbo. “Esta medida comprende la posibilidad de incorporar predios rurales al perímetro urbano y modificar los usos del suelo o las normas urbanísticas de áreas específicas del suelo”, cita un concepto del procurador. Dicho artículo también permite que se prescinda de la exigencia de licencias urbanísticas para la construcción y/o ampliación de viviendas rurales campesinas, permitiendo el “uso de técnicas constructivas o de materiales no previstos en la Ley 400 de 1997 -sobre construcciones sismorresistentes- y su reglamentación, siempre que garanticen la seguridad de los habitantes y la estabilidad de las edificaciones”.Y a su vez autoriza a la “sustracción rápida y expedita” de predios ubicados en zonas de reservas forestales, con la intervención exprés del Ministerio de Medio Ambiente.Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalLas críticas contra el artículo sobre cambios en el uso del sueloPara el procurador General las medidas de habilitación y uso del suelo que aparecen en dicho decreto “no están directa y específicamente encaminadas a solventar las causas de la perturbación originaria de la conmoción, ni a evitar la extensión de sus efectos, sino que se tornan en medidas con vocación de permanencia”.Aunque el procurador considera que los más de 57 mil desplazados que dejaron los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las Disidencias de las Farc en el Catatumbo demandan la adopción de medidas que permitan su retorno, ello no “justifica efectuar modificaciones a los usos del suelo en los municipios, pues estas disposiciones no tienen una incidencia evidente en las causas originarias de la conmoción y resultan tener un carácter permanente”.Eljach advierte que las citadas órdenes tienen un carácter estructural que escapan de la órbita de la conmoción interior. También cuestiona que se flexibilicen las normas sobre las construcciones sismorresistentes pues “lejos de ofrecer una respuesta inmediata y adecuada a la crisis, incrementa la probabilidad de asentamientos mal planificados, con graves afectaciones en la provisión de servicios públicos, la salubridad, la infraestructura vial y la seguridad de las edificaciones”.El presidente Gustavo Petro estuvo en el Catatumbo junto con algunos miembros del gabinete. Foto:Presidencia de la RepúblicaLa medida también “incrementa el riesgo de generar asentamientos informales e inseguros” y “pone en peligro la integridad física y la dignidad de la población desplazada”.El otro artículo que pide tumbar sobre competencias del Ministerio de ViviendaEl procurador Eljach también pide tumbar el quinto artículo del mencionado decreto que advierte que el Ministerio de Vivienda podrá “estructurar y ejecutar proyectos de agua y saneamiento básico” que tengan por objeto garantizar dichos servicios para la población afectada por los hechos de la conmoción interior. Sobre ese artículo Eljach cuestiona que el gobierno nacional asuma “una competencia asignada por la Constitución a las entidades territoriales sin garantizar su financiación, ya que no establece los recursos con los que se hará”. También advierte que la medida podría “conllevar a un desplazamiento de la ordenación y destinación de recursos SGP a los departamentos y municipios” pues “no se establece que las inversiones se harán con el Presupuesto General de la Nación”.ANA MARÍA CUESTAEditora de justicia [email protected]
