De la avalancha de declaraciones en rechazo al aterrizaje de Armando Benedetti a Palacio, primero como jefe de Despacho y luego como ministro del Interior, el comentario de la defensora del Pueblo, Iris Marín, terminó en una queja disciplinaria en la Procuraduría, que acaba de publicar el auto con el que se abstiene de abrir una investigación en su contra. La Defensora cuestionó ante los medios de comunicación y declaraciones públicas que el funcionario llegara al sanedrín presidencial tras “serios señalamientos” de violencia de género, uno de ellos escalado por la actual embajadora en Londres, Laura Sarabia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creo que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer. Tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. Si efectivamente es nombrado ministro, la Defensoría del Pueblo articulará con el funcionario que esté a cargo, manteniendo su posición sobre su nombramiento”, dijo Marín. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Foto:EL TIEMPO-Captura de pantallaPara el ministro Benedetti, estas afirmaciones eran “calumniosas e injuriosas”, por lo que decidió llevar el caso a la Procuraduría. Sin embargo, el Ministerio Público le dio credibilidad a Marín, principal argumento para abstenerse a abrir la investigación disciplinaria. “En primer lugar, las manifestaciones de la funcionaria respecto de los actos de violencia en contra de la mujer, en los que presuntamente se compromete al señor Armando Benedetti, fueron referidos de conformidad con unos antecedentes, como expresamente lo indicó la funcionaria, al precisar que ‘tiene unos antecedentes serios, creíbles, y con evidencias disponibles de violencia contra la mujer, en concreto mencionó la denuncia presentada por Laura Sarabia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la denuncia publicada en medios de comunicación de una presunta agresión hacia su esposa, por hechos ocurridos en España, cuando se desempeñaba como Embajador ante la FAO’”, se lee en el auto inhibitorio.La Procuraduría además blinda estas declaraciones en el marco del derecho a la libertad de expresión y en las obligaciones de la función pública a “soportar un mayor escrutinio de sus actividades personales y funcionales”. “No se advierte que las manifestaciones realizadas por la doctora Iris Marín Ortíz, se adecuen a las descripciones típicas de los delitos de calumnia e injuria, en tanto obedecieron a la exteriorización de sus cuestionamientos por el nombramiento del doctor Armando Benedetti, como ministro del interior, con fundamento en las acusaciones públicas en su contra, que se entienden expresadas dentro del ámbito protegido por la libertad de expresión, en tanto no conllevan una opinión insultante o absolutamente irrazonable que permita considerar que la tensión que surge entre estos dos derechos privilegie el derecho al buen nombre en desmedro del derecho a la libertad de expresión”, concluyó la entidad que lidera Gregorio Eljach.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia