Desde las 8 de la mañana de este lunes, la Procuraduría General empezó su intervención en la audiencia contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía le pidió a un juez que lo envíe a la cárcel. El caso por el que el exdiputado responde en un juzgado tiene que ver con supuesta contratación irregular en el Atlántico, a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso).La fiscal Lucy Laborde le solicitó al juez de garantías de Barranquilla Jorge Alberto Ortiz que envíe a prisión al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, debido a que se habría beneficiado, entre 2021 y 2022, con dos contratos amañados. Según la investigadora, Nicolás Petro sacó provecho de la contratación de la Gobernación del Atlántico con ayuda de su expareja Day Vásquez, quien ha servido de testigo en este caso.Para escuchar a todas las partes que conforman este proceso penal, el juez Ortiz fijó para este 15 de diciembre la intervención del procurador Henry Bustos. La postura del delegado fue organizada por cada uno de los cuatro delitos que le imputaron a Petro: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.Day Vásquez y Nicolás Petro. Foto:EFEAl inicio de la diligencia, el procurador indicó que “el Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022. Esta cifra es importante porque ya se generó una discusión en la audiencia de imputación, y ahora se va a generar otra”.El delegado de la Procuraduría también hizo unos reparos frente al delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, el cual según él se debería revisar por parte de la Fiscalía, ya que en otro caso (el de supuesto lavado y enriquecimiento ilícito) contra Nicolás Petro se habrían leído argumentos similares a este cargo.Lucy Laborde, fiscal del caso Petro Foto:Tomada de videoPor el delito de tráfico de influencias, Bustos también hizo observaciones y resaltó que, más que el exdiputado, quien habría influenciado a otras personas es Day Vásquez, hoy testigo estrella en contra del hijo del Presidente.”¿Cuál es la participación de Nicolás Petro en el tráfico de influencias, es decir en ostentar esa condición que dice la señora fiscal que tenía frente a los servidores públicos encargados de realizar la operación administrativa de contratación?”, recalcó el procurador, preguntándose cómo ejerció el exdiputado esa influencia: si como autor, coautor o determinador.Frente a la medida de aseguramiento —que fue el motivo de la diligencia— la Procuraduría señaló que, al no tratarse de una organización criminal sino de una coparticipación del imputado, no ameritaría su envío a prisión.“No se puede inferir de manera razonable que, como posiblemente intervino en conductas punibles, ello conduzca a concluir que en el futuro el señor Nicolás Petro seguiría cometiendo actos delictivos”, dijo el procurador Bustos.Y agregó que, aunque “los delitos de peculado, tráfico de influencias o interés indebido pueden parecer graves, sobre todo por el destino de estos recursos, que era la protección de las personas de la tercera edad (…)”, de ello no se desprende que Nicolás Petro vaya a seguir desarrollando una actividad delictiva. “Lo que busca la medida de aseguramiento es evitar que siga delinquiendo”, justificó el delegado del Ministerio Público al pedir que el proceso continúe con Petro Burgos en libertad.Procuraduría interviene en audiencia contra Nicolás Petro. Foto:El procurador aseguró que esta nueva imputación —el segundo proceso que enfrenta el hijo del Presidente—, luego de haber sido acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por apropiarse ilegalmente de 1.400 millones de pesos que, según la Fiscalía, habría recibido como aportes a la campaña Petro Presidente, no significa que estuviera continuando una conducta delictiva. Por el contrario, sostuvo que ambos casos estarían correlacionados.Por esta razón, insiste el interviniente, “no sería un peligro para la sociedad”.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com