La Fiscalía General de la Nación iniciará formalmente un proceso penal en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Según el sistema de la Rama Judicial, el ente investigador imputará al alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro por el delito de prevaricato por omisión, el próximo 11 de febrero. La acción judicial es el primer desarrollo de peso tras la denuncia interpuesta por la defensa de la familia del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien el 7 de junio del año pasado fue víctima de un atentado sicarial. Luego, el 11 de agosto de 2025, el político falleció a causa de la gravedad de las heridas.De acuerdo con el presidente de Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, el delito de prevaricato por omisión es aquel “que comete el funcionario público que rehusa, retarda, u omite un acto propio de sus funciones”. En este caso, la defensa de Uribe Turbay, representada por el abogado Víctor Mosquera Marín, denuncia que durante el año pasado hicieron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad a la UNP, sin obtener respuesta. Miguel Uribe Turbay, quien llevaba las banderas del Centro Democrático para elecciones. Foto:Miguel Uribe”Este es el delito que se comete cuando el funcionario público no hace lo que tiene que hacer. En este evento, pues, el no haber tomado las medidas necesarias para proteger al candidato Miguel Uribe Turbay. Esa puede ser considerada una omisión de sus funciones, lo cual explica este llamado a imputación”, concluyó Bernate.Para el penalista Sócrates Saavedra, lo que se le indilga a Rodríguez es “un delito doloso (que se ejecuta con pleno conocimiento y voluntad) en el que el servidor público se abstiene, rehusa, deniega o incluso retarda el cumplimiento de un deber funcional propio del cargo que desempeña”.Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección Foto:UNPSegún el artículo 414 del Código Penal, quien es hallado culpable por prevaricato por omisión puede ser castigado con penas de hasta siete años y medio de prisión, y multas de hasta 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este delito, de otro lado, comprende sanciones para ejercer cargos públicos por seis años y ocho meses.La defensa de la familia Uribe Turbay ha manifestado que la UNP, en 2023, catalogó a la víctima con riesgo extraordinario, sin embargo, que la entidad no tuvo en cuenta que para la época de los hechos el político del Centro Democrático ya era candidato a la Presidencia. “Se le debían mejorar sus condiciones de seguridad. Esto es muy grave, porque tenemos que investigar si fue por omisión que sucedieron estos hechos”, señaló Mosquera en su momento. En junio de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, por el cargo de omisión de funciones, para garantizar la seguridad a miembros del Centro Democrático. Este diario contactó a la oficina de prensa de la UNP, la cual explicó que, por ahora, Rodríguez no se pronunciará sobre el llamado a imputación. Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com MÁS INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN JUSTICIA