El debate sobre el futuro y la legalidad de la consulta popular cayó en manos del Consejo de Estado. El registrador Hernán Penagos le pasó el martes la pelota a la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal para que emitan un concepto ante el choque de posturas que tienen el Congreso y el Gobierno.Esa Sala de Consulta está compuesta por cuatro magistrados: su presidenta María del Pilar Bahamón Falla, y Ana María Charry Gaitán, John Jairo Morales Alzate y Juan Manuel Laverde Álvarez. Y se dedica a emitir conceptos que le solicitan sobre asuntos de interés institucional que aunque no son vinculantes, sí juegan un papel trascendental a la hora de que distintos órganos del poder emiten decisiones. Sus posturas, además, se diferencian de las otras secciones del Consejo de Estado en que no se vuelven jurisprudencia de obligatorio cumplimiento, pues no emiten sentencias sino que son conceptos.Magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Foto:Consejo de EstadoEl análisis que los cuatro magistrados hagan partirá de que el martes, Penagos explicó que en los últimos días recibió por parte del presidente Gustavo Pero y su ministro Armando Benedetti, un par de oficios en los que justifican que la consulta popular, que contiene 12 preguntas sobre asuntos laborales, es viable pese a que falta el concepto positivo del Congreso, un trámite necesario según el artículo 104 de la Constitución Política de 1991. El Registrador, a su vez, explicó que el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, le envió la documentación que soporta que el debate sobre la consulta popular del 14 de mayo se hizo con total legalidad, y que no hay mantos de duda de que la iniciativa no prosperó por los 49 votos que sacó en contra, y los 47 a favor.Ante ese choque de opiniones, expertos consultados por EL TIEMPO resaltaron que Penagos tenía varias vías: no aplicar el decreto del Gobierno, aplicarlo y organizar la logística, o pasarle la pelota a la Sala de Consulta y Servicio Civil para blindarse con un concepto más técnico que desde allí se emita.Presidente Petro y el registrador Penagos. Foto:EL TIEMPO.A la par, Petro anunció acciones jurídicas contra Penagos por no acatar el decreto firmado, y tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional hay docenas de demandas y tutelas que piden que se tumbe el ‘decretazo’, por la falta del aval del Congreso para firmarlo.¿Quiénes son los cuatro magistrados de la Sala?La presidenta de la Sala que jugará un papel importante en el futuro de la consulta es María del Pilar Falla, quien entró al Consejo de Estado el 24 de noviembre de 2021. La jurista y profesora es abogada de la Universidad del Rosario, y cuenta con varias especializaciones en temas como derecho financiero, operacional e internacional humanitario. El presidente Gustavo Petro firmando el decreto para convocar la consulta popular. Foto:@petrogustavoEn su hoja de vida, tiene varios cargos en importantes instituciones del Estado como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la que fue secretaria ejecutiva en 2018. Además, fue directora de la Uspec en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y directora del IDU en la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá.Una de sus últimas ponencias fue la que le concedió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de investigar presuntas violaciones de los topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022, delimitando que ese órgano electoral no tiene la facultad para sancionar con pérdida de investidura al primer mandatario, pues es un poder que exclusivamente tiene la Cámara de Representantes.Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetAna María Charry también entró en el año 2021. La magistrada es abogada de la Universidad Nacional y tiene una especialización en Justicia Constitucional, así como un doctorado en Derecho. En su trayectoria laboral, registra un paso por el Consejo de Estado como magistrada auxiliar, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesora, y por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Además, ha sido profesora en pregrados y posgrados en las áreas de derecho constitucional y derecho penal de la Universidad Nacional.La consulta popular tiene dos conceptos diferentes por parte del Gobierno y el Senado. Foto:Redes socialesPor su parte, Jhon Jairo Morales entró en marzo del año pasado a la Sala, después de haber sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás -su alma máter-, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y de la Facultad de Derecho y Criminalística de la Universidad Manuela Beltrán.En su hoja de vida tiene acreditada amplia experiencia en entidades como la Lotería de Bogotá, como jefe jurídico; y en la Personería Distrital de la capital. Además, fue conjuez del Consejo de Estado y de la antigua Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.El caso llegó a la Sala de Consulta y Servicio Civil. Foto:IStock.El último magistrado en ingresar a la Sala es Juan Manuel Laverde, quien lo hizo el 2 de septiembre pasado. El jurista es abogado de la Universidad Javeriana, y magíster en derecho público para la gestión administrativa de la Universidad de los Andes. Laverde tiene tres especializaciones, hechas en los Andes, la Javeriana y el Rosario.Uno de ellos recibirá como ponente el pedido hecho por el registrador Hernán Penagos, y lo discutirá con sus compañeros. En caso de que se presente un empate, uno de los 12 conjueces entrará a zanjar la discusión. Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
