Durante su participación en ‘Aristegui en Vivo’, el ministro en retiro, José Ramón Cossío, calificó este caso como ‘único’, tanto a nivel social como jurídico.“Hasta donde yo sé, no existe un caso semejante a este”, dijo, distinguiéndolo de filtraciones como las de Snowden o los Pentagon Papers. “En el derecho mexicano, en la vida social mexicana, no existe algo así”, agregó.La diferencia radica en que los datos no provienen de una institución gubernamental, sino de una empresa privada, y su validez legal dependerá de cómo se obtuvieron.¿Prueba lícita o ilícita?El ministro en retiro centró el debate jurídico sobre el contenido de los Televisa Leaks en la relación profesional del alertador, Germán Gómez García, con Televisa.José Ramón Cossío dijo que si Televisa afirma que el cineasta fungía como freelance (contrato de servicios profesionales), la información que compartió también sería propiedad de Germán, por lo que no tendría un problema legal por sus revelaciones. “Si el está en una relación de servicios profesionales, es probable que mucha de esa información le pueda pertenecer a él”, señaló Cossío.Gómez García ha sostenido que trabajó de manera subordinada sin contrato firmado, lo que bajo la Ley Federal del Trabajo lo convertiría en empleado de Televisa, pero no en dueño de los datos.“Si (la información) no se obtuvo de manera lícita porque no le pertenecía a él, no tendría valor probatorio sólido”, explicó Cossío.Si un tribunal laboral determina que Gómez era empleado, Televisa podría argumentar que la filtración violó su confidencialidad (artículo 47 de la LFT). De lo contrario, Germán Gómez tendría más derechos sobre el material, reiteró Cossío.Javier Tejado Dondé, señalado en las investigaciones de Televisa Leaks como operador de “Palomar“, ha negado la veracidad de los datos y ha amenazado con acciones legales.Cossío advirtió: “Podría judicializarse con demandas civiles, penales o administrativas”. Sin embargo, subrayó que figuras públicas están sujetas a mayor escrutinio: “Hay un mayor sometimiento a crítica de quienes están involucrados en estos temas”.Mientras el tribunal laboral resuelve la relación Gómez-Televisa, el caso expone la urgencia de actualizar las leyes sobre pruebas digitales.“Este caso, además de ser inédito, va a determinar parámetros para el uso de comunicaciones privadas en juicios”.
