El Parlamento británico aprueba en una votación ajustada la ley de eutanasia | Sociedad

El debate apasionado que se ha vivido en el Parlamento británico durante las últimas horas solo es comparable en intensidad a las discusiones que provocó el Brexit, pero con el respeto mutuo entre ambas bancadas que se deriva de un asunto tan delicado y trascendental como la eutanasia. La Cámara de los Comunes ha dado este viernes su aprobación definitiva, con una mayoría limitada de apenas 23 votos (en un Parlamento con 650 miembros), a la Ley (de Finalización de la Vida) de Adultos Enfermos Terminales. Ese es el nombre exacto de un texto legal conocido ya como la Ley de Muerte Asistida, que ha dividido en el último año a médicos, expertos, pacientes y familiares de pacientes, asociaciones de discapacitados y políticos. Tal es la importancia del asunto que los principales partidos han tenido claro desde el principio que debían liberar a sus filas de la disciplina de voto y otorgarles libertad de conciencia. En un sistema parlamentario como el británico, en el que cada diputado tiene una conexión directa y habitual con los votantes de su circunscripción, el debate sobre la ley se ha llenado de historias personales, agónicas y crueles en sus detalles, de enfermos y familiares que han luchado hasta el último minuto por morir con dignidad. Pero también de ciudadanos temerosos de ver su vida, su discapacidad o sus vulnerabilidades, según sus propios temores, debilitadas.Las intervenciones han dejado claro que el asunto cruzaba líneas partidistas, con conservadores que defendían apasionadamente la ley y laboristas que expresaban sus dudas o su oposición ante un asunto vital que combina aspectos éticos, religiosos y de seguridad jurídica.“La vida humana seguirá siendo algo completamente sagrado, pero aquí no estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, sino de muerte o muerte”, señalaba Peter Prinsley, un médico convertido en diputado laborista en las elecciones de hace un año.“En este país, puedes poder interrumpir un embarazo con una gestación de 39 semanas y seis días si el feto sufre algo tan ‘horrible’ como síndrome de Down, paladar hendido o diversidad de extremidades, porque otorgamos un valor diferente a diferentes vidas. Respaldo en principio esta ley, pero no puedo respaldarla tal y como está redactada, porque no podemos legislar bajo un sesgo heredado”, defendía su compañera de partido, Jen Craft, después de recordar cómo la enfermera le sugirió poner fin a su embarazo después de detectar que su futura hija padecía síndrome de Down.“Esta ley no plantea la posibilidad de escoger la muerte, sino simplemente la de escoger cómo afrontarla cuando ya está llamando a nuestra puerta”, ha defendido el diputado conservador Kit Malthouse, el ex ministro de Educación que ha respaldado el proyecto de ley desde su tramitación inicial.“Esta ley, entre otras muchas cosas, se refiere a dos en concreto: el poder y la confianza. Poder sobre la vida y la muerte. Pero no nuestro propio poder. Ese ya lo tenemos. Se llama suicidio, y hace décadas que no es delito en este país. Es el poder del Estado, a través de intermediarios, para decidir sobre la vida y la muerte”, defendía Tom Tugendhandt, unos de los conservadores más moderados y razonables en cualquier debate parlamentario o político.Varios cientos de personas se han concentrado ante el Parlamento de Westminster, en la fase final del debate, para hacer oír su voz. “No convirtáis a los médicos en asesinos”; “¿Tiene mi mujer que ir a Suiza para morir?”; “Mi muerte, mi decisión”; “Protejamos nuestro Servicio Nacional de Salud para no convertirlo en un Servicio Nacional de Suicidio”. Una multitud de pancartas y consignas competían para establecer con claridad los dos lados de la discusión.Los detalles de la leyLa ley británica es muy parecida a la que España aprobó ya hace cuatro años, en marzo de 2021. Las personas adultas con plena capacidad mental que sufran una enfermedad terminal y se hallen en los últimos seis meses de vida podrán requerir asistencia médica para morir. Su decisión deberá ser “clara, asentada e informada”, sin “coerción o presión alguna”. Deberán haber vivido en Inglaterra o Gales (la ley no se extiende a Escocia o Irlanda del Norte, con su propia autonomía legislativa) en los últimos doce meses, y estar registrados en una consulta de medicina de familia del servicio público. Se requerirá el consentimiento de dos médicos distintos, con una distancia de al menos siete días entre la evaluación de cada uno. Después de ese proceso, el paciente deberá realizar una segunda declaración de voluntad, de la que deberán dar fe como testigos un médico y una tercera persona.Aunque en un principio la ley dio la última palabra al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, la diputada laborista que ha dirigido e impulsado el trámite legislativo, Kim Leadbeater, consiguió sacar adelante una enmienda para crear a cambio una Comisión de la Muerte Asistida Voluntaria, formada por un juez o exjuez, junto con un grupo de expertos que podrían incluir abogados, psiquiatras o trabajadores sociales.El apoyo ciudadanoSi los diputados británicos han manifestado, con sus dudas y el propio resultado de la votación, las aristas y complicaciones de un debate existencial complejo, la ciudadanía, sin embargo, ha demostrado tener las ideas mucho más establecidas. Un 57% de los británicos, prácticamente seis de cada diez, respalda la muerte asistida tanto como principio general como en su aplicación práctica.Ese respaldo mayoritario apenas se ha visto modificado durante los largos meses de debate parlamentario, en los que muchos diputados han cambiado de opinión tras someter a intenso escrutinio sus respectivas conciencias.